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La condición y el desafío de sistema científico y tecnológico
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 100 [2004-10-07]
 

El sistema científico que hoy tenemos es el sistema del siglo XXI. Es posible que no estemos conformes con lo que es y busquemos su mejora o su transformación, pero en cualquiera de los casos será el referente sobre el cual operarán los eventuales cambios. Hace ya más de tres décadas que fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, hecho que marcó un impulso notable en la política científica y en el sistema mismo. No cabe ignorar o minimizar los esfuerzos anteriores a esa fecha, pero sí reconocer que a partir de los años setenta se ponen en marcho programas de apoyo a la investigación de forma sistemática, se crean instituciones de investigación dependientes del mismo consejo, se impulsan los estudios de posgrado, los programas de formación de investigadores, un fondo especial para becas, en esta materia, etcétera.

Unas cuantas cifras provenientes de las propias fuentes oficiales (Indicadores de Conacyt e informes de gobierno) ilustran de forma notable cuál es la situación de la ciencia y la tecnología (CyT) y cómo era hace apenas un par de décadas. En materia de recursos financieros, en 1980 el gasto federal en CyT alcanzaba una proporción de 0.43 por ciento respecto al PIB, cifra que disminuyó a 0.30 por ciento en 1990 y que este año se estimaba en 0.41 por ciento. Es decir, si solamente consideramos el gasto federal, los recursos todavía no alcanzan el nivel que tenían hace poco más d dos décadas.

En cuanto a las principales fuentes de financiamiento, la estimación que se hacia en 1990 –no existe dato oficial para la década anterior- situaba la contribución del gasto público en aproximadamente 84 por ciento y la del sector privado en 7.2 por ciento. Mientras que para 2001 –estimaciones más recientes que se hicieron a través de encuesta y que para algunos habría que tomar con reserva-, señalan que el gasto del sector público disminuyó a 57.6 por ciento y, por el contrario, la del sector privado se incrementó a 34.7 por ciento. Esto es, en el lapso de poco más de una década el sector privado casi quintuplicó su participación relativa.

De este modo, según los indicadores de Conacyt, si se considera el gasto nacional (público y privado) en 2001 se tenía una proporción de 0.72 por ciento respecto al PIB. No existen cifras más actualizadas a este respecto, pero incluso cabría suponer que el porcentaje actual es todavía un poco mayor, por lo cual la meta de alcanzar uno por ciento del PIB al término de esta administración –misma que ya tiene rango de ley- está al alcance de unas cuantas décimas.

Otras cifras también nos muestran cuáles han sido los principales cambios en materia de recursos humanos. Según el Anuario estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en1985 se tenían registradas 151 instituciones que ofrecían enseñanza de posgrado poco más de 37 mil alumnos. En ese mismo año, habían egresado seis mil 634 alumnos, de los cuales 41 por ciento era de especialización, 52 por ciento de maestría y solamente 4 por ciento de doctorado. Además, ocho de cada diez provenían de instituciones públicas y una tercera parte del total de egresados provenían del DF, proporción que se duplicaba en el caso de los estudios de doctorado.

Al término de la década de los años ochenta las cifras habían aumentado notablemente: la matrícula era de casi 46 mil alumnos, los egresados sumaban poco más de 11mil (casi el doble), pero la proporción de egresados de doctorado en términos relativos era más baja (2 porciento del total) y se había incrementado la concentración de egresados en el DF en general (51 por ciento del total) y en el doctorado la proporción alcanzaba 90 por ciento.

Las cifras de ANUIES para 2003 muestran que la matrícula llegó a 139 mil –la estimación del IV Informe de Gobierno anota que para el ciclo escolar que recientemente comenzó, la matrícula es poco mas de 147mil- y el número de egresados para ese mismo año es de 38mil. Es decir, casi el triple que una década antes.

A pesar del notable crecimiento, las cifras adquieren una dimensión distinta si se considera que la base de la que partió fue muy reducida, se compara con la matrícula del total del sistema de educación superior (poco más de dos millones), con el tamaño de la población total en el país y la persistencia de la concentración geográfica e institucional de ese nivel de estudios.

No obstante, se debe reconocer los esfuerzos de Conacyt al comienzo de los años 90, cuando estableció un mecanismo para diferenciar la gran variedad de programas de maestría y doctorado. La iniciativa se refiere a la creación del Padrón de Posgrados de Excelencia, programa que se fue ajustando en sus formas y en sus tiempos y que hoy día persiste con otra modalidad.

Sin embargo, más que el número de egresados de los posgrados de las instituciones de educación superior, el indicador que usualmente se toma como ilustrativo de los recursos humanos dedicados a la actividad científica es el número de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el país.

Un sistema que al iniciar sus funciones en1984, solamente reconoció a mil 396 investigadores, de los cuales 15 por ciento fueron nombrados candidatos a investigador –el nivel más bajo en la escala-, 57 por ciento nivel uno, 19 por ciento nivel dos y 9 por ciento nivel tres. Dos décadas después el número de investigadores en el SNI suma 11 mil, es decir, en 20 años se han incorporado en promedio cerca de 500 investigadores por año. Pero tal vez lo más notable es que las proporciones de investigadores en los distintos niveles que actualmente tiene el SNI son las mismas que tenía al inicio de su funcionamiento (15 por ciento de candidatos, 57 por ciento nivel uno, 19 por ciento nivel dos y 9 por ciento nivel tres). Sorprendente.

Si consideramos el número de investigadores con relación a la fuerza de trabajo, la situación tampoco es mejor. Según las cifras del último informe de gobierno, en 1992 había cuatro investigadores por cada 10 mil integrantes de la fuerza de trabajo y para 2001 se había incrementado a siete el número de investigadores. La comparación internacional para ese mismo indicador y para ese mismo año tampoco es favorable: Alemania tenía 68, España 50 y Japón 102. Ni hablar de la comparación de los porcentajes de gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB o el número de patentes registradas.

El sistema científico y tecnológico es más que lo anotado en las líneas anteriores. Lo componen también el conjunto de centros de investigación, los circuitos de producción y publicación, las organizaciones de científicos, las entidades administrativas federales y estatales, los esquemas normativos, etcétera. Sin embargo, como el mismo Conacyt lo reconoció al inicio de la actual gestión, es un sistema que no funciona como tal y que, como lo indican las cifras y lo hemos dicho en estas mismas páginas en otras oportunidades, su tamaño es reducido, frágil y con una alta concentración regional e institucional.

¿Qué podríamos esperar para los siguientes años o décadas? Seguramente el sistema seguirá creciendo y, como ha venido sucediendo, se desconcentrará paulatinamente. El problema es cuánto tiempo habrá de transcurrir para que los indicadores nos muestren un panorama diferente.

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (Pecyt) se planteó, al igual que en otros sectores de la administración pública, una visión de la ciencia y la tecnología al año 2025. Una proyección en que lo central eran los recursos financieros. Según el planteamiento realizado, en 2018 la inversión en investigación y desarrollo experimental alcanzaría 2 por ciento respecto al PIB y la participación del gobierno federal en esa inversión sería de 30 por ciento (p. 61).

Con este nivel de inversión, se indicó, habría una primera fase que cubriría este sexenio –la inversión pasaría de 0.4 por ciento a 1 por ciento del PIB- y permitiría la estructuración institucional del sistema, impulsar la formación de investigadores, la productividad y separarse de los países de baja competitividad. Le seguiría una segunda fase de despegue del sistema de 2007 a 2012, en la cual la inversión sería 1.5 por ciento del PIB; luego, otra de rápido desarrollo de 2013 a 2018 con una inversión de 2.0 por ciento del PIB. Finalmente, una última etapa de consolidación competitiva que se alcanzaría en 2025 y la inversión de más de 2.0 por ciento del PIB.

Es posible que al término de este sexenio se alcance el nivel de inversión previsto, pero tal vez no será suficiente para expandir, fortalecer y descentralizar el sistema. Tampoco para mejorar la competitividad del país y atender los urgentes problemas nacionales. El ritmo y los tiempos serán otros. La tasa de crecimiento económico del país no ha permitido una política estable y de largo plazo en el financiamiento (recordemos que hoy apenas nos acercamos al nivel de gasto federal en ciencia que teníamos en 1980) y en el corto plazo no se ve que la situación vaya a cambiar. Es posible que al término de dos décadas –cuando varios de los programas actualmente vigentes y centrales del ámbito científico hayan desaparecido o cambiado-, nos estemos preguntando cuánto tiempo más nos hará falta y cuándo podremos sostener políticas de largo plazo.


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