Entre los artículos que contiene uno de los números más recientes de la Comparative Education Review (vol. 48, no. 1, febrero 2004) se encuentra el relacionado con el debate acerca del documento Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (La educación superior en los países en desarrollo: peligros y promesas). Como es sabido, dicho documento fue elaborado por una comisión especial de expertos (task forcé) y su patrocinio corrió a cargo del Banco Mundial y la UNESCO.

El trabajo del grupo de expertos, publicado en marzo de 2000, ponía de relieve la importancia de la inversión por parte de los países periféricos, en el desarrollo de la educación superior. Los argumentos que sustentaban esa recomendación eran, entre otras, que sólo una sociedad con mayores niveles de escolaridad (y más específicamente, la de tipo superior) podría estar en condiciones de arribar a la sociedad del conocimiento y contribuir a mejorar de manera significativa los niveles de bienestar de su población. En consecuencia, las naciones en vías de desarrollo deberían dedicar mayores recursos para el fortalecimiento del nivel educativo en cuestión.

Peril and Promise propició grandes discusiones y despertó enromes expectativas entre la comunidad educativa internacional, pues sus recomendaciones en torno a las políticas de financiamiento iban a contracorriente del “consenso” que hasta entonces había venido creando el Banco Mundial, en el sentido de que a las naciones en desarrollo les sería más redituable dirigir sus recursos financieros a los niveles de escolaridad básica, en lugar de los de superior.

Esta posición del organismo financiero internacional fue plasmada en un documento publicado a mediados de los noventa, titulado Higher Education. The Lessons of Experience (Educación superior: Aprendiendo de la Experiencia).

Los cambios en las tendencias mundiales sobre cómo invertir en educación han tenido la influencia de las reuniones internacionales, tipo “cumbres” en las cuales se reúnen ministros de educación o altos funcionarios de los países.

Así, en el caso de Lessons of Experience, su publicación apareció años después de la reunión de 1990 celebrada en Jomtien, cuyo objetivo era determinar los mecanismos para ofrecer “educación para todos en el año 2000”, en la cual participaron representantes demás de 150 países y se comprometieron a brindar educación básica a todos los niños en edad escolar de sus respectivas nacionales.

Por su parte, Peril and Promise apareció dos años después de celebrada la “Conferencia mundial sobre la educación superior”, en París. Cabe preguntarse si para algunos países las dos recomendaciones anotadas han significado un dilema difícil de resolver, pues resulta claro que no es conveniente para el desarrollo de ninguna nación canalizar los recursos financieros mayoritariamente hacia un sector educativo en detrimento del otro. Tan importante es que la población cuente con la escolaridad básica universal, como propiciar que una parte importante de los habitantes pueda acceder a los niveles superiores de la enseñanza.

Todo lo anterior viene a colación debido a que en el reciente Informe de Gobierno presentado por el presidente Vicente Fox a la nación, el tema de la educación superior no apareció ni por asomo.

No es posible creer que nada de lo ocurrido en la educación superior haya merecido ser mencionado en el mensaje del presidente. Se dirá, por supuesto, que los interesados en el tema pueden consultar los gruesos volúmenes del informe completo, pero la omisión ahí queda.

Sólo se comentaron los resultados (“las buenas noticias”) de los programas de becas, de las escuelas de calidad y los millones de libros y materiales educativos entregados a los alumnos, maestros y establecimientos escolares.

El énfasis se pudo en el llamado “salón de clases del siglo XXI”, que habrá de instalarse en 22 mil escuelas de quinto y sexto grados y que a fines del sexenio abarcará la totalidad de las escuelas primarias. Sin embargo, no se mencionó de cuánto será la inversión para este proyecto, aunque las cifras de la SEP indican que será de alrededor de cien millones de dólares.

Ojalá que por lo menos este ostentoso programa pueda lograr, como dicen sus promotores, “reducir la brecha digital y fortalecer la equidad”, en un sistema en el cual un considerable número de aulas carecen de luz eléctrica, pizarrones en buen estado y el mobiliario más elemental.

Cabría esperar, entonces, que el apoyo tan importante e incuestionable para la educación básica no signifique el descuido de la educación superior o de la ciencia y la tecnología, rubros en los que parece haberse estancado la inversión pública. De continuar esta última tendencia será cada vez más difícil que México cuente con los elementos necesarios para competir en mejores condiciones con los países que hoy se encaminan firmemente hacia la sociedad del conocimiento.