Parece que al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le resulta cada vez más difícil encontrar áreas donde podría ajustar su presupuesto. En lo que va de este año ha enfrentado, en distintas oportunidades, reclamos de instituciones dependientes por la dilatada entrega de recursos, también por la falta de disposición de recursos financieros para los fondos de investigación o por la disminución en el número de becas otorgadas para estudios en el extranjero o, más recientemente, por el intento de recortar la duración de las becas. Las dificultades con los recursos ha sido una constante a lo largo de este periodo y probablemente se acentuarán en lo que resta del mismo.

Es ilustrativo de los problemas financieros lo que ocurre en un centro del Sistema Centros Públicos Conacyt y que tal vez podría generalizarse a otros.

Una carta pública de la Asociación del Personal Académico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), manifiesta que el director del centro les ha comunicado que el gasto de operación de la institución será recortado en al menos 33 por ciento a partir de agosto y que el programa de incentivos para el personal académico se suspenderá (La Jornada, 28/08/04:33)

En esta disyuntiva, los integrantes del personal académico demandan que Conacyt y Hacienda dispongan de los recursos necesarios para el centro, pero también que el Ejecutivo federal publique el decreto de ley que mandata destinar al gasto científico y tecnológico cuando menos uno por ciento respecto del PIB –la reforma de los legisladores del artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la cual nos ocupamos la semana anterior.

Las medidas que se intentan llevar a efecto en el CICESE, de ser ciertas, tendrían una repercusión importante no solamente en ese centro. Por un parte, una disminución indiscriminada en el gasto de operación impone limitaciones y también un deterioro notable en el mediano plazo. Si se concentra el recorte en una institución ello será decisivo para el futuro de la misma, pero si se generaliza a un sector del Sistema de Centros Públicos el efecto se multiplicará.

Por otra, hasta ahora, los salarios de la mayoría de los académicos de las instituciones públicas de enseñanza superior dependen en buena medida de un complejo esquema de incentivos al desempeño y a la productividad, suspenderlo representaría un cambio importante en la política de salarios. El monto que aportan los incentivos al salario del personal es muy variables pero, según la institución los rasgos del académico, la proporción puede ir de un tercio a más del doble del salario tabular.

En este sentido es comprensible la inquietud que genera la posible suspensión del esquema de incentivos y la consecuente caída en las percepciones salariales.

La pregunta es por qué se intenta aplicar el recorte al CICESE y a qué se deben los reiterados intentos de Conacyt de ajustar su presupuesto. En cuanto a la primera interrogante, la respuesta o está a la vista.

El CICESE es uno de los nueve centros del área científica del Sistema Centros Públicos de Conacyt especializado en investigación oceanográfica, ecología, acuicultura, sismología y geofísica.

No es un centro reciente, puesto que el año anterior cumplió tres décadas y tampoco es de dimensiones reducidas, al contrario, es de los más grandes del sistema (más de 300 personas, la mitad de ellas investigadores y la parte restante técnicos y estudiantes). Tal vez su tamaño es parte de la respuesta: un centro que figura como el de mayor tamaño, pero también uno de los que menos recursos propios genera en el conjunto de instituciones del mismo sistema.

Así, es posible que el recorte sea un acicate para lograr que el centro obtenga más recursos por sí mismo. Cabe advertir que su presupuesto federal pasó de 227 millones de pesos a 222 millones entre el año 2002 y el año 2003; una disminución de cinco millones de pesos (Vicente Fox Quesada, III Informe de Gobierno, 2003).

Conviene recordar que su presupuesto a ejercer centralmente para este año fue de 7 mil 706 millones de pesos –e incluye el gasto para los 27 Centros Públicos-, cifra que fue inferior en 245 millones de pesos a la otorgada en 2003.

Según las previsiones del propio Conacyt, la disminución de recursos de este año se aplicaría fundamentalmente en los programas de desarrollo tecnológico (33 por ciento), en los fondos Conacyt (21 por ciento) y ligeramente en el rubro de formación científicos y tecnólogos (uno por ciento). Por el contrario, el gasto de operación crecería 6 por ciento y el del Sistema Nacional de Investigadores 9 por ciento (Conacyt, Programa de trabajo institucional, 2004). Es decir, tal parece que el Conacyt no había considerado reducir el presupuesto de los centros de investigación y tampoco su gasto de operación. ¿Entonces?

El gobierno federal entregó hace unos días el paquete económico del 2005 y se dará paso a la negociación con las distintas fuerzas políticas y sectores interesados. Sería pertinente sostener una discusión más abierta sobre las necesidades del sistema educativo, las del científico y tecnológico, las prioridades y la orientación de los recursos.

La ambigüedad de los ajustes financieros, su aplicación con propósitos múltiples, de último momento e indiscriminados, no son la mejor forma de sostener y fortalecer un sistema científico.