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La mirada externa sobre la investigación educativa
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 89 [2004-07-15]
 

El pasado 22 de junio el gobierno mexicano recibió un informe sobre el estado que guarda la investigación y el desarrollo educativos en el país. En un reporte realizado por examinadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a solicitud de México, con el propósito de valorar en qué medida el sistema de investigación y desarrollo educativos crea, aplica y distribuye “conocimiento utilizable con el fin de mejorar la calidad de las prácticas y políticas educativas”.

Es el primer examen externo sobre la investigación educativa en México, aunque es el tercero de este tipo que realizan los expertos de la OCDE en otros países y es también el tercer examen en este campo que solicita México a esta organización.

La OCDE agrupa a una treintena de los países más desarrollados y con un interés en la economía de mercado. México, aunque no comparte varios de los atributos de ese tipo de economías, fue aceptado como país miembro en mayo de 1994.

La OCDE, si bien es una organización centrada fundamentalmente en el impulso a la economía y la expansión del comercio desde hace casi medio siglo, es cada vez más notorio su interés e influencia en otros ámbitos de la vida pública, como ecología, salud, comunicaciones y educación.

A menudo, el tratamiento de estos temas genera escepticismo porque frecuentemente corresponden a una agenda propia de la misma organización. De cualquier forma, los reportes de la OCDE son sumamente influyentes y apreciados, aunque no exentos de polémica.

El actual reporte –en las próximas semanas la Revista Mexicana de Investigación Educativa, en su número correspondiente al segundo trimestre del año, publicará la parte sustantiva del reporte-, está integrado en cinco apartados.

Una parte introductoria al trabajo del equipo de expertos, otra de caracterización del sistema educativo mexicano, una tercera que es propiamente el diagnóstico del sistema de investigación, en seguida lo que el grupo de expertos consideran los principales retos del sistema y finaliza con un breve pero importante apartado de recomendaciones.

En la parte diagnóstica señalan el reducido tamaño de nuestro sistema de investigación, su concentración geográfica, las pocas opciones formativas de calidad, las escasas oportunidades para los jóvenes investigadores y cierta heterogeneidad de las instituciones académicas dedicadas a esta actividad.

Las aseveraciones concuerdan con los trazos ya identificados ene l reporte básico que elaboró el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) a solicitud de la SEP (el reporte fue publicado en el número 19 de la Revista Mexicana de Investigación Educativa del año anterior y que constituyó el documento base para el trabajo de los expertos de la OCDE.

Por ejemplo, se indica que tenemos una comunidad de investigadores educativos sumamente pequeña para el tamaño de nuestras necesidades.

Los datos a este respecto, aunque variables según el indicador que se utilice, son ilustrativos de las dimensiones que alcanza. Las cifras van de 170 investigadores educativos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, hasta más de mil 500 si se utilizan criterios más laxos que incluyen a la mayor parte de personas involucradas en investigación educativa.

Sin embargo, como se anota tanto en el reporte de los examinadores de la OCDE como en el informe base, la proporción entre investigadores y docentes es realmente desequilibrada: va de 0.03 a 0.10 por ciento, según el indicador de investigadores que se utilice. En EU, como señala el informe base del Comie, la proporción es de 0.58 por ciento.

A pesar de la amplia oferta de programas de formación en investigación educativa, 271 de maestría y 34 de doctorado, señala el reporte, solamente cuatro programas de doctorado y 11 de maestría están reconocidos por el Padrón Nacional de Conacyt.

Es decir, solamente 5 por ciento del total de programas tienen reconocimiento. También resulta preocupante, destaca el reporte, la edad promedio de los investigadores educativos (50 años) y la ausencia de investigadores jóvenes.

Quizá uno de los aspectos que más llama la atención en la apreciación de los examinadores es que consideran que la investigación se enfoca en mayor medida a la educación superior en detrimento de la básica, a pesar de que los retos son mayores en esta última.

Sin embargo, como lo expresaron el presidente del Comie y el responsable del informe básico el día de la presentación pública, la investigación en el nivel superior también es de primera importancia y conviene no soslayar los retos y la formación de investigadores en este nivel educativo.

Otros retos que se identificaron, en consonancia con el diagnóstico, fueron la renovación de investigadores, la articulación de la comunidad de investigadores, la necesidad de una mayor inversión en este campo, la limitada capacidad de investigar o la escasa penetración de la investigación en los profesores.

Finalmente, las recomendaciones que hacen los examinadores d la OCDE son:

a) Impulsar una “agenda de investigación nacional”, misma que se establecería a través de un foro en el que podrían converger investigadores, intermediarios y usuarios de la investigación; b) un “plan para impulsar la capacidad y la infraestructura de la investigación”; y c) el fortalecimiento del uso de la investigación y el desarrollo educativos. Ya nos ocuparemos próximamente de examinar estas sugerencias en detalles.

En realidad la discusión está por comenzar. Los diferentes asuntos que se plantean en el reporte ofrecen una oportunidad para discutir el ahora y el horizonte de la investigación educativa y sus implicaciones. Bienvenido el debate.


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