A pocos días de que se decida, en segunda vuelta, quien será el presidente de este enorme país -más de ocho millones de kilómetros cuadrados y casi 180 millones de habitantes- durante los próximos cuatro años, un tema que continúa debatiéndose es el de la reforma al sistema de enseñanza superior. Este sistema tiene características interesantes: el nivel de cobertura del grupo de edad entre los 18 y 24 años es considerablemente bajo (aproximadamente el 10 por ciento); el número de instituciones de educación superior y la matricula respectiva son más grandes en el sector privado que en el público (no obstante, las de mayor prestigio pertenecen a este último sector); el número de doctores graduados al año es el más numeroso de América Latina.

Hasta la fecha se han elaborado dos proyectos de reforma, el más reciente de los cuales (propuestos ambos por el Ministerio de Educación), data de abril de este año. En los considerandos de dicho proyecto se enfatiza que para poder cumplir las metas del Plan Nacional de Educación (PNE), se requerirá duplicar el número de estudiantes en las IES durante los próximos seis años. De modo que un objetivo primordial de la Ley habrá de ser el crear las condiciones para expandir el sistema con calidad y equidad (recuérdese que la sociedad brasileña es una de las más desiguales del planeta). El proyecto en cuestión contiene tres ejes normativos: a) constituir un sólido marco regulatorio para la educación superior en Brasil; b) asegurar la autonomía universitaria prevista en la Constitución, tanto para el sector privado como para el sector público, estableciendo también "un sistema de financiamiento consistente y responsable para el conjunto de instituciones federales"; y c) consolidar la responsabilidad social de las IES, mediante principios normativos y de apoyo a los estudiantes, sobre todo a los de sectores más desfavorecidos.

Se menciona que la expansión del sector privado en la educación superior precisa de un marco regulatorio robusto y transparente, tanto para orientar las inversiones del sector como para orientar la autorización y evaluación de la calidad por parte del poder público, y más aún, la selección de los estudiantes. A este respecto, el Proyecto de Ley condiciona la regulación de las IES a los resultados de la evaluación realizada por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES). En cuanto a la autonomía universitaria -tomadas en cuenta sus dimensiones didáctico-científica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial- se destaca que puede quedar en letra muerta si no se constituye legalmente un sistema de financiamiento adecuado a la misión constitucional de las universidades. Por ello, uno de los artículos determina el otorgamiento de una parte suficiente del presupuesto federal durante los próximos 10 años, a fin de cumplir otra de las metas del PNE: Cabe señalar que los recursos anteriores se distribuirán conforme a indicadores de desempeño y calidad.

En el proyecto en cuestión se argumenta que la autonomía institucional debe tomar en cuenta esta situación, aunque consideramos que esto más bien determinaría el establecimiento de una autonomía limitada. Asimismo, se apunta que la autonomía universitaria se garantiza aún más mediante la participación de la comunidad académica y de representantes de la sociedad civil en la gestión de las instituciones. Según el documento, en las instituciones públicas la autonomía depende de un modelo de financiamiento constante y bien estructurado, en tanto que en el sector privado, depende de la preservación de la vida académica de la institución. Otro aspecto que llama la atención respecto de la autonomía "acotada" es que tanto el rector como el vicerrector de las universidades federales serán nombrados por el Presidente de la República, de una terna electa directamente por la comunidad respectiva.

Finalmente, en lo que concierne a la misión pública y la función social de las IES, se subraya que las instituciones federales deberán formular e implantar en sus planes de desarrollo institucional, medidas de democratización para el acceso a grupos desfavorecidos de la población, incluyendo programas de asistencia a los estudiantes, y medidas de acción afirmativa e inclusión social. Un elemento novedoso y que parece preventivo a la entrada de instituciones transnacionales, es el de hacer obligatorio que "por lo menos el 70 por ciento de los socios con derecho a voto de las entidades financiadoras de enseñanza superior, cuando se trate de sociedades con fines de lucro, deberá pertenecer, directa o indirectamente, a brasileños por nacimiento o por naturalización".

Ha de tenerse en cuenta que, como se mencionó algunos párrafos arriba, el proyecto fue elaborado por el Ministerio de Educación del Presidente Lula da Silva. De modo que si éste gana la reelección, las probabilidades de que el documento se presente a la consideración de los legisladores brasileños es mucha. Caso contrario, lo más seguro es que sea desechado. Al momento de escribir estas líneas, las encuestas daban como amplio favorito al actual Presidente sobre el candidato del PSDB, Geraldo Alkmin. Habrá que esperar entonces el resultado final de las elecciones del 29 de octubre, así como la composición del nuevo Congreso brasileño.