Durante la huelga estudiantil de la UNAM de 1999-2000 se realizaron algunas actividades académicas. En su fase inicial se permitió que los investigadores asistieran al campus y varias escuelas organizaron cursos fuera de las instalaciones. No obstante, la vida cotidiana de la institución, dimensión fundamental del quehacer universitario, se vio drásticamente interrumpida. Alcanzar un ritmo de trabajo normal, restablecer el programa, emprender nuevos proyectos, entre otras actividades, empeñaron a estudiantes, académicos y empleados de la universidad en los primeros meses de la vuelta. Retomar la normalidad académica no fue tarea fácil. En su proceso, la huelga llevó a posturas encontradas; en una misma entidad las opiniones estaban divididas y había grupos a favor o en contra de las acciones del cuerpo directivo. Además, el desenlace del conflicto implicó una cierta paradoja: los académicos y funcionarios que se habían mostrado más apegados a la institucionalidad no serían los mejor recibidos.

Así las cosas, apoyar la restauración del tejido universitario, mediante la normalización institucional, fue un reto fundamental para la nueva administración. A diferencia de sus antecesores, el rector De la Fuente no integró su equipo central a base de los cuadros académicos más notables del mapa político de la institución. En parte, porque su arribo a la jefatura máxima de la universidad no fue precedido, como en otras ocasiones, de una compleja negociación entre los grupos político-académicos existentes. Tal circunstancia brindó oportunidad de desarrollar un modo de gobierno interior con menos compromisos ante los poderes universitarios tradicionales, evitando el desgaste natural de los equilibrios de fuerzas. Similar propósito subyace en la incorporación al gobierno universitario de algunos académicos identificados con la izquierda institucional, expresión igualmente clara del intento de renovación del esquema tradicional de alianzas. Pero aún más significativos, y con mayor impacto político, serían los cambios de forma y contenido en el terreno de las relaciones entre la UNAM y el Estado.

La recomposición derivada de las elecciones nacionales de 2000 modificó el encuadre político de la universidad. El triunfo del PAN en la elección presidencial y del PRD en el Distrito Federal significó, para la UNAM, la presencia de nuevos interlocutores en la gestión de sus relaciones políticas fundamentales. Ante la alternativa de situar la institución en el nuevo marco de poder o bien reencauzar el pacto con el Estado mediante una postura de mayor autonomía, la rectoría De la Fuente arriesgó la segunda vía. El equipo dirigente probablemente calculó que la composición de fuerzas en el Congreso abría un espacio de negociación alternativo, con mejores posibilidades para proyectar la causa de la universidad y gestionar los recursos de su operación. Los resultados del cambio de enfoque serían muy productivos.

En la dimensión financiera, la rectoría De la Fuente sólo puede calificarse de exitosa. Cada año en que el rector participó en la negociación final concurriendo a la Cámara de Diputados, se obtuvieron mayores recursos. En 2001 el subsidio autorizado (11,764.1 millones de pesos) superó más de 20 por ciento al asignado en 2000 (9,625 millones de pesos). En 2002 la cantidad asignada fue 12,830.2 millones de pesos, 9.1 por ciento más que el año anterior, y en 2003 se otorgaron a la Universidad 13,929.5 millones de pesos, es decir un incremento de 9.3 por ciento.

El significado de las cifras se aprecia mejor al compararlas con el subsidio federal al resto de las universidades públicas. El incremento 2001-2002 para éstas, sin contar la UNAM, fue 8.5 por ciento y el de 2002-2003 sólo 6.4 por ciento. Cierto que las universidades públicas tuvieron acceso a fondos complementarios, sin embargo es indiscutible que el trato conseguido por la UNAM superó con creces el logrado por otras instituciones. Baste decir que la participación de la UNAM en el subsidio gubernamental a las universidades públicas pasó de 30.9 por ciento en 2001 a 31.5 por ciento en 2003.

No menos exitosas resultaron las estrategias de publicitar los méritos y capacidades de la UNAM en distintos medios; así como de convocar al debate sobre temas de relieve nacional, con la participación de representantes sociales y políticos, los partidos políticos incluidos. Hoy, la imagen de la UNAM como casa de estudios, ámbito de generación de conocimientos y espacio para la libre deliberación de los asuntos públicos, se presenta renovada y vigorosa. Sin embargo, una visión objetiva de los cuatro años de gestión no debiera soslayar la persistencia de rezagos en aspectos tan importantes como el modelo curricular, las formas de gobierno y representación, el esquema de planeación académica, el régimen académico-laboral, y la descentralización universitaria, aspectos que sólo en forma parcial fueron considerados estos años.

En suma, para la UNAM el reto de una reforma académica y organizativa persiste. De ello nos ocuparemos la próxima semana.