Hace cuatro años la principal universidad del país se mantenía enfrascada en un conflicto cuya duración sobrepasaba límites históricos. La huelga estudiantil, motivada por la modificación del reglamento de pagos, había perdido ya sus principales bases sociales, sumadas al proceso tras la suspensión de actividades el 20 de abril de 1999. Para entonces el Consejo Universitario había determinado cancelar la reforma y se habían intentado, sin éxito alguno, distintas vías de negociación para resolver las demandas del Consejo General de Huelga.
A mediados de octubre parecían agotadas las posibilidades de una solución política. La representación estudiantil había sido copada por su fracción más intransigente y sectaria, los estudiantes y académicos permanecían dispersos, sin una fuerza capaz de aglutinarlos para contrapesar la actitud del grupo en poder de las instalaciones, y el Ejecutivo Federal hacía evidente su falta de voluntad y capacidad para contribuir al encuentro de una solución. El rector Francisco Barnés se encontraba, a la vez, rebasado y aislado. Era inminente su renuncia, la cual presentó el 13 de noviembre, precedida de un ultimátum del CGH para reabrir la discusión del pliego petitorio en su totalidad.
El 18 de noviembre el doctor Juan Ramón de la Fuente, de amplia trayectoria en el gobierno universitario, y en ese momento secretario de Estado, fue electo rector por la Junta de Gobierno con la obvia encomienda de resolver el conflicto sin dilación. El equipo directivo entrante abrió entonces un doble canal de diálogo: con el CGH en torno a los puntos del pliego petitorio, y con los universitarios para sondear posturas, recoger propuestas y, lo más importante, rearticular a las comunidades. La instancia de interlocución con los paristas no tuvo mayores resultados, excepto convencer a la rectoría de la inoperancia del formato para solucionar la huelga a corto plazo. En cambio, el encuentro con grupos académicos y estudiantiles sentó las bases que modificarían la correlación de fuerzas presente en el conflicto.
El esquema experimentado tuvo varios correlatos. El primero se plasmó en un plebiscito convocado por el rector para ratificar la aprobación lograda ante el Consejo Universitario (7 de enero de 2000) de un plan consistente en: a) regresar al Reglamento General de Pagos de 1966, b) trasladar el análisis de los reglamentos generales de inscripciones y exámenes, aprobados en 1997, al congreso universitario; c) interrumpir las relaciones entre UNAM y CENEVAL hasta la definición de éstas en el congreso; d) revisar los sistemas de protección en la UNAM; e) establecer procedimientos de regularización en cada escuela; y d) realizar un congreso universitario, cuyas resoluciones deberían ser consideradas por las autoridades universitarias. El plebiscito, realizado el 20 de enero de 2000, preguntaba a los universitarios sobre la validez del plan como medio de resolver el conflicto, y acerca de la conveniencia de terminar la huelga. Según los datos publicados en prensa, el plebiscito recogió la opinión de “180 mil 88 universitarios, de los cuales, 160 mil 383 (89.2 por ciento) se pronunciaron porque debe concluir la huelga, mientras que 157 mil 191 (87.3 por ciento) apoyaron la iniciativa del rector” (La Jornada, 21 de enero 2000).
Un segundo correlato fue el aislamiento político del CGH. Aunque se buscó negociar el fin del paro dando por resueltos los puntos del pliego petitorio, especialmente con la oferta de un congreso resolutivo, no se encontró la vía ni la propuesta que diera ese resultado. El CGH veía la entrega de instalaciones como una claudicación, y era evidente que la rectoría, respaldada en el plebiscito, no cedería más de lo autorizado por el Consejo Universitario. Además, dada la coyuntura pre-electoral del momento, el costo político para el Estado aumentaba día con día.
El impasse fue finalmente roto con la intervención de la Policía Federal Preventiva en Ciudad Universitaria el domingo 6 de febrero de 2000, la consiguiente detención de los paristas y la devolución de instalaciones a la autoridad universitaria. El gobierno del presidente Zedillo calculó que, en el balance de riesgos y ventajas, la opción de fuerza era en cierto modo manejable, y se responsabilizó del acto represivo. Una generalizada opinión de rechazo a la intervención no impidió el gradual retorno a la cotidianidad académica de la institución, aunque seguramente pesó en la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del año, y sobre todo en su desmoronamiento político en la Ciudad de México.
Dadas las circunstancias, ninguno de los actores del conflicto se proclamaría victorioso. Un clima de malestar por el desenlace de la huelga abatía el campus, y el grueso de los universitarios, por supuesto no todos, mostraba más preocupación por recuperar tiempo perdido que ánimo de colaborar en la realización del anunciado congreso. Así las cosas, no es de extrañar que las iniciativas de la autoridad universitaria para abrir cauce al evento tuvieran escasa repercusión en las comunidades. Aliviada la presión de la huelga, automarginada la fracción radical del movimiento, y asegurados los márgenes de gobernabilidad institucional, el proyecto del rector se desplegaría sin cancelar la opción de un congreso para la reforma de la institución, pero sin acelerarla, ni concretarla hasta el momento.
Un balance de los principales resultados de la rectoría De la Fuente, en el contexto del proceso sucesorio que está por iniciarse en la UNAM, nos ocupará la próxima semana.
