El diagnóstico gubernamental sobre los académicos parece certero, pero es solamente uno de los vértices del complejo trazo que llevará a una mejora de este importante sector de las instituciones de educación superior. No hay duda de que los planes de impulso y fortalecimiento del sistema de enseñanza superior dependerán de lo que se haga con el personal académico. Los problemas de calidad que hoy se adjudican a las IES sin mayor trámite hunden sus raíces en la escasa atención de las políticas estatales e institucionales a los cuerpos académicos en los años previos a la década de los noventa y en la política de amplio alcance centrada fundamentalmente en la valoración del desempeño individual que las propias instituciones se han encargado de aplicar.

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) acepta que las plantas académicas consolidadas son minoritarias y están distribuidas desigualmente en el conjunto de IES. También registra el grave rezago salarial en este sector y advierte los problemas con los programas de incentivo al desempeño individual, como la deficiencia en los mecanismos de dictaminación, el predominio de criterios cuantitativos de trabajo individual, su monto desproporcionado respecto del salario y la heterogeneidad de su aplicación. En consecuencia, el PNE plantea garantizar una plena formación académica y pedagógica del personal y mejorar el nivel salarial y “normar adecuadamente” el esquema general de los programas de incentivo.

Reconocer los problemas generados en la aplicación de los programas de incentivo es un avance, pero es insuficiente. El programa sectorial de la administración anterior también advirtió que había “fallas conceptuales y de operación” en los programas, por lo cual, anotó, se habían generado prácticas opuestas al diseño de la iniciativa. Sin embargo, llego el término del periodo de gestión en el año 2000 y nada se remedió; continuó el mismo esquema de compensación y las mismas prácticas. La Anuies, en las vísperas de las elecciones presidenciales del año 2000, en su documento de lineamientos para la educación superior en el siglo XXI reconoció que los programas de estímulo habían privilegiado el trabajo individual y los criterios cuantitativos en la evaluación.

Modificar el esquema actual de los programas de incentivo significará alterar el equilibrio alcanzado en más de una década de aplicación de estos programas y que ahora rige en gran medida la vida cotidiana de los académicos.

Según las cifras del segundo informe de gobierno de esta administración, en el ciclo escolar 1990-1991 se registraban 134 mil 424 plazas académicas en el conjunto de enseñanza superior, de las cuales ocho de cada diez pertenecían a la licenciatura universitaria y tecnológica, una para las escuelas normales y otra para el posgrado. Actualmente, el número de plazas se ha incrementado en 58 por ciento, suman ya 231 mil plazas y se conservan más o menos las proporciones para los distintos sectores. El cambio más notable es que la proporción de los profesores por hora disminuye y la de tiempo completo va en aumento: en 1990 los académicos por hora representaban cerca de 66 por ciento y los de tiempo completo 25 por ciento. Actualmente, los contratados por hora representan cerca de 60 por ciento y los de tiempo completo 30 por ciento. La tendencia seguirá en aumento.

El punto es que en 1990, cuando se instauraron los programas de incentivo, se dijo que los estímulos solamente serían para profesores de carrera (poco más de 32 mil en esa época) y únicamente para 30 por ciento de ese total. Actualmente, si tomamos como referencia instituciones como la UNAM, los incentivos cubren de una u otra forma, a aproximadamente tres cuartas partes del total de académicos. Además, a diferencia de lo que ocurrió al inicio de su puesta en marcha, el monto de las percepciones por este concepto representa entre un tercio y casi el doble del salario base tabular.

Los cambios en el programa también serán una oportunidad para el rediseño técnico de las formas de evaluación. La experiencia de más de una década de evaluación individual ha dejado en claro que la evaluación se ha preocupado más por la compensación a cierto tipo de perfiles académicos y determinados criterios de valoración, en lugar de impulsar el desarrollo profesional en su conjunto y ajustarse a la diversidad de figuras académicas.

A la vista del diagnóstico gubernamental y las consecuentes metas en el PNE habrá que ver si es suficiente para impulsar la planta de personal académico. El factor de los recursos es uno de los puntos decisivos y otro es qué hemos aprendido en más de una década de experiencia con la evaluación individual.