Uno de los puntos que destaca en la agenda educativa del momento es el que se refiere a la formulación de una nueva ley de educación superior. Las deliberaciones que se llevan a cabo en distintos ámbitos para colaborar con ideas e iniciativas deben estar informadas para que los trabajadores resulten fructíferos. Legislar en esta materia es extraordinariamente delicado porque, sin exagerar, lo que ocurra con la educación que imparten las instituciones públicas de este nivel, particularmente las universidades, es crucial para sustentar el desarrollo futuro de la nación.

Igualmente, el propósito de establecer otra ley debe considerar la enorme cantidad de actores e intereses que intervienen. Es indispensable lograr los consensos necesarios para que no vaya a ocurrir lo que en estos días ha pasado con la reforma integral a la secundaria que, de entrada, ha sido ampliamente rechazada.

De las observaciones que se han hecho recojo las siguientes: una nueva ley en la materia debe proveer un marco jurídico general y flexible que permita coordinar y actuar en una estructura institucional que es profundamente heterogénea en sus características y, en cierta forma, en las tradiciones y rasgos culturales de las comunidades académicas.

Además, como señaló el rector Raúl Godoy de la Universidad de Yucatán (UADY), se debe tener cuidado para que no invada las competencias de los estados.

La segunda observación se centra en las posibilidades de aumentar el gasto en educación superior. Sin duda, el problema del financiamiento es el centro de las preocupaciones. Por esta vía pasan las relaciones políticas de las universidades con el gobierno y la obligación de este último en el otorgamiento del subsidio.

Asimismo, se señala como muy importante la distribución de los recursos económicos. En algunas declaraciones se hacen reclamos de equidad, tal que las instituciones menos favorecidas tengan la posibilidad de lograr avances académicos y brindar más oportunidades de estudio.

Para una mejor distribución es necesario que se apliquen y se examinen periódicamente criterios que midan el desarrollo académico de cada una de las instituciones a partir de un nivel inicial y que se elimine la discrecionalidad en la asignación.

El tercer punto está ligado a lo que se establezca en la ley para que las entidades federativas tengan facultades plenas para organizar sus propios sistemas locales de educación superior. Las discusiones para la elaboración de la ley deberán tener correspondencia hasta dónde y cómo llevar a cabo la federalización de la manera más conveniente.

Por último, en lo personal considero que una nueva ley no puede eludir el tema de las relaciones entre universidad, ciencia y sociedad. La educación superior no puede entenderse sin tener en cuenta a la investigación y a la formación de personas que se integran a las actividades científicas y tecnológicas.

En ese tema, uno de los aspectos complejos a tratar es el elevado grado de concentración del subsidio, de la investigación, de los docentes con posgrado y de la matrícula en este nivel de estudios. He repetido en varias ocasiones que la concentración no puede ser vista y analizada sólo desde el ángulo del Distrito Federal versus las entidades federativas.

Porque además del Distrito Federal hay otras cuatro entidades, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla, que reciben una buena parte del subsidio. Para el año 2003 estos cuatro estados de la República contaron con más de una quinta parte del total. Los cinco juntos acumularon seis de cada diez pesos.

Si advertimos que la investigación la hacen los investigadores, nos percatamos (con datos del año 2000), que las cinco entidades cuentan con seis de cada diez.

La población escolar en el posgrado representa la misma proporción y el personal docente que tiene grado se ubica en torno a 55 por ciento. Las veintisiete entidades federativas restantes forman el complemento.

A mi modo de ver es de vital importancia que la ley contemple las relaciones de la investigación con el posgrado porque es la fuente de creación futura de conocimiento y porque de ahí se desprende el aumento de la calidad docente en la licenciatura.

Asimismo, la ley debería contener principios y estrategias para que se produzca una relación más estrecha del aparato científico con la docencia universitaria y una distribución territorial más equilibrada de las oportunidades de hacer ciencia y formar recursos humanos de alto nivel.

Quien ha vivido la universidad por muchos años, desearía, además, que los legisladores la situaran como un espacio de encuentro, con las próximas generaciones de jóvenes, donde se desarrolla el intelecto y las más altas cualidades del ser.