Al inicio de este sexenio, el gobierno de la República aseguró que fincaría el desarrollo de la ciencia y la tecnología en una política de Estados. Pues bien, esta política no se ha llevado a cabo con todo el éxito que se había previsto, a pesar de que el discurso cotidiano que escuchamos quiera convencernos de lo contrario. Voy a mencionar algunos resultados basándome siempre en fuentes oficiales.
Empiezo por recordar aquello que aprendí desde que era estudiante de sociología en Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hace muchos años: lo que no se refleja en el presupuesto es demagogia. Hago primero una digresión breve sobre el pasado.
En 1976 el gobierno se fijó como meta alcanzar un gasto en ciencia y tecnología relativo a 0.6 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En el último gobierno del PRI, la meta era de 0.7 por ciento. Así, en el año 2000 lo más que se había logrado era una tasa de 0.40 por ciento.
El actual gobierno ofreció elevar el gasto en este rubro a 1 por ciento del Producto Interno Bruto. Se realizó un cambio estructural en el sistema nacional de ciencia y tecnología a través de un nuevo marco jurídico que se suponía iba a requerir más recursos para operar y solucionar varios de los grandes problemas que se presentan en la materia.
Sin embargo, hacia la mitad de este periodo gubernamental ya se reconocía que era imposible alcanzar la meta programada.
En el año 2003, el gasto se elevó a 0.42 por ciento del PIB y en el año actual los recursos aprobados a la ciencia regresaron al nivel histórico que gira en torno a 0.40 por ciento. Esto es, recientemente el cambio fue hacia atrás.
Lo anterior ha obligado a replantear la meta para el año 2006, que ahora podría ser del orden de 0.70 por ciento del PIB, lo cual supone un esfuerzo sustancial muy grande para los próximos dos años, que consiste en agregar recursos financieros por 80 por ciento más (en pesos de 2003) a lo que se tiene aprobado gastar este año. Dada la experiencia, parece inverosímil que se vaya a cumplir.
Está por verse cuánto podrá aumentar el presupuesto para el año 2005 y a cuánto se elevará la participación del sector privado en el gasto 8hasta el año 2000 era de 24 por ciento), a raíz de los incentivos fiscales. La participación de este último sector ha crecido pero no como se proyectaba, manteniéndose por debajo del porcentaje que existe en otros países con un nivel de desarrollo semejante al nuestro.
Esto es, la ciencia y la tecnología no han tenido la prioridad que requieren ni para el sector público ni para el sector privado.
Para quienes observamos esta esfera de la vida nacional nos preocupa igualmente lo que ocurre con la formación de recursos humanos de alto nivel.
El número de becas otorgadas anualmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre el año 2001 y el año 2003 es menor que cualquier cifra anual correspondiente a los años que van de 1995 a 2000.
En este último año, para ilustrar el punto, se manejaron 13 mil 971 becas nacionales y 4 mil 237 becas al extranjero. En el 2003 las cantidades respectivas fueron 11 mil 978 y 2 mil 810.
Tenemos una gran inquietud por lo que está ocurriendo, toda vez que la disminución de los recursos económicos tiene un impacto negativo este año en el número de becas, como lo menciona Alejandro Canales en el número pasado de Campus. A ello se agregan dos preocupaciones. Una es la fuga de cerebros. Este proceso de huida se vincula muy estrechamente a la falta del programa de repatriación y a la inexistencia de suficientes plazas para integrar en las instituciones educativas del país o los jóvenes que regresan con sus doctorados.
En el extranjero se quedan los mejores y, con ello, se ocasiona una sangría a México. La otra preocupación es que la falta de trabajo comienza a desestimular a quienes tienen condiciones de hacer un posgrado en México. Como en otras esferas de la vida nacional la situación es grave.
En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología se ofreció descentralizar las actividades científicas y tecnológicas e impulsar la formación y consolidación de grupos de investigación de alto nivel en el territorio nacional. Sin embargo, la distribución de los investigadores nacionales por entidad federativa todavía nos indica que cerca de la mitad de ellos están en la capital del país.
Pero la concentración no sólo debe enfocarse teniendo en cuenta al Distrito Federal. Si agregamos al Estado de México, Jalisco, Morelos y Puebla la cifra con la cual contamos supera las dos terceras partes. En suma, hay Estados de la República desde el número de investigadores reconocidos es francamente mínimo. ¿Estarán condenados a no llegar a la “sociedad del conocimiento”?
Los ejemplos mencionados nos ponen en la tesitura de cuestionarnos qué hacen los órganos encargados de operar la actual política de la ciencia.
No hay información sobre lo que ha deliberado el Consejo General de Investigación Científica y Tecnológica que preside el titular del Ejecutivo federal, en qué se han traducido sus recomendaciones, si es que ha habido, y cuáles han sido los resultaos para corregir los obstáculos que vienen presentándose en el camino.
Si no se avanza para incrementar la capacidad científica y tecnológica del país en los próximos años se habrá contribuido a aumentar las distancias económicas, políticas y sociales que nos separan de las naciones desarrolladas. También se habrá contribuido al desprestigio de la política.
