En medio del encono político, un crecimiento estructural prácticamente estancado, volatilidad en el tipo de cambio y errores en la política económica, el día de mañana se iniciará la reunión del consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). Aunque hasta el momento de escribir este texto no se si la agenda haya sufrido modificaciones, creo no equivocarme al decir que el tema relevante de la reunión será el financiero.

Seguramente, los rectores y directivos analizarán el procedimiento seguido el año pasado con la creación del fondo de Equidad para las Universidades con Costo por Alumno debajo de la Media Nacional acordado en la Cámara de Diputados.

Este mecanismo de asignación favoreció a varias universidades estatales pero tuvo consecuencias para dejar de lado el modelo de financiamiento aprobado por el mencionado consejo, cuya elaboración y consenso tomó varios años.

Independientemente de las razones que se manejen a favor o en contra de las formas de asignación del subsidio, la cuestión radica en la necesidad de contar con una política financiera que permita a nuestras instituciones públicas y recibir fondos suficientes y oportunos que brinden certeza a su quehacer.

En las universidades públicas se carece de recursos económicos casi para todo frente a exigencias cada vez mayores. El dinero del subsidio con el cual cuentan se ha mantenido prácticamente constante como porcentaje del PIB a pesar del aumento de la matrícula en la licenciatura y el posgrado.

Así, las instituciones adolecen de infraestructura, equipos y condiciones para contratar personal académico de alto nivel. También tienen dificultades para iniciar nuevos proyectos docentes y de investigación que pongan al día el conocimiento que se genera y transmite. Ni se soluciona el rezago ni hay posibilidades para avanzar.

Otros problemas del sistema de educación superior que se relacionan con los recursos financieros son: pensiones, saneamiento, distribución inercial del presupuesto, que condena a las instituciones más débiles a seguir siéndolo, y una enorme desigualdad de oportunidades educativas en el territorio nacional.

Todo esto causa de tensiones en la conducción institucional que tienden a agravarse cada año porque la Secretaría de Hacienda presenta el presupuesto para la educación superior con cifras iguales o inferiores a las destinadas el año precedente. Lo cual obliga a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y a los propios rectores a negociaciones enfadosas con los legisladores.

Tal parece que los cálculos de egresos que hace dicha secretaría de Estado obedecen más al “modelo” que a la realidad. Y es que no hay proyecto que permita plantear los cambios e ir hacia adelante gradual y sistemáticamente.

La vida educativa en las universidades está urgida de que se establezca una política financiera que asegure un subsidio mínimo adecuado, un monto que crezca paulatinamente basta 1 por ciento del PIB, otorgue recursos adicionales, unos adicionales a las instituciones con más necesidades y otros repartidos entre las que hacen más. Que los recursos complementarios los utilicen las universidades libremente, esto es, que se preserve la autonomía sin injerencias del gobierno.

El subsidio debe tener como garantía la transparencia y la presentación de resultados sobre los avances de los planes de desarrollo institucional.

Por otro lado, se sabe que el gobierno tiene, en esta etapa, limitaciones fiscales. No obstante, es insostenible que el dinero dedicado a la educación superior se maneje con criterios discrecionales o políticos para unos, mientras se mantiene una estrechez rígida para otros.

Si el Estado, porque le conviene, quiere que la sociedad tenga más y mejor educación debería ser activo en promover el crecimiento económico, esto es la inversión, el aumento de la demanda interna, una distribución del ingreso menos regresiva, la apertura del mercado laboral y una mayor oferta de trabajo.

Sin crecimiento y con los niveles de pobreza existentes no se ve cómo el gobierno pueda recaudar más. Pese a lo anterior, la prioridad que tiene la educación superior es tan alta que bien vale la pena reconocerla e invertirle fondos públicos de mayor cuantía.

La experiencia de los últimos tres años muestra que los diputados han encontrado fórmulas para agrandar el presupuesto dedicado a este rubro.

Queremos vivir en una sociedad justa. Y si la educación superior es un medio para tal propósito, entonces necesitamos un pacto y leyes que le permitan desenvolverse adecuadamente.

Un acuerdo entre las fuerzas sociales y políticas que incluya a la iniciativa privada y a quienes gozan de privilegios sobrados para que contribuyan con recursos monetarios dirigidos a las universidades públicas. Será en beneficio de la estabilidad política, de las empresas y del país. Las instituciones, por su parte, requieren aumentar sus ingresos propios.

Los productos de una buena educación superior pública tienen efectos positivos en la economía, pero no son los únicos. En las páginas de campus hemos insistido que la inversión en las universidades públicas es altamente redituable por varios motivos.

La educación universitaria es fundamental para preservar una sociedad libre, creativa y democrática. Quienes toman decisiones no han querido entender que una ciudadanía educada es un requisito indispensable para que las plataformas de los partidos políticos sean comprendidas y razonadas; para asistir a las urnas, votar con responsabilidad y plena conciencia.

Nunca como ahora ha sido tan importante que los ciudadanos estén informados en el momento de ejercer sus derechos políticos. La falta de una percepción política correcta le puede causar al país un retroceso indeseable.

Sin egresados de las universidades públicas bien preparados será más difícil aprovechar las ventanas de oportunidad que se abran a la nación. Más complicado sortear los desafíos que imponen las grandes potencias, lograr combatir la desigualdad social y competir material e intelectual en este mundo globalizado.

Nuestro país no tiene otra opción si quiere progresar, que darle educación a sus jóvenes para que se realicen como seres humanos y sean útiles a la sociedad. Y en esta tarea hay que persuadir a todos para que se comprometan. Un compromiso fuerte como el que tenemos los académicos universitarios.