Tal vez en este año, o el próximo, podría retornar el tema de los incentivos fiscales como mecanismo para alentar la inversión en ciencia y tecnología. Es uno de los puntos de la agenda formal de los legisladores en el actual periodo de sesiones. Los legisladores, frente a una conducción opaca, inestable y errática en la dirección del Conacyt, parecen adquirir mayor responsabilidad y presencia en la orientación del sector.

Es el penúltimo año de ejercicio de la actual legislatura (LXI) y si bien los asuntos del sector científico y tecnológico no han sido ni por asomo prioritarios en la actividad parlamentaria, como en repetidas ocasiones lo hemos mencionado aquí, lo cierto es que tienen tiempo para la formulación de iniciativas.

El programa de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de los diputados, al inicio de la actual Legislatura, no preveía el impulso a grandes reformas, aunque sí algunas acciones específicas. Según su programa 2009-2012, se proponía como eje central de sus actividades: “promover que los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología, adquieran el rango de una política de Estado”.

Algunos de los objetivos generales planteados, incluían dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Ciencia y Tecnología, consolidar la federalización, promover la vinculación con el sector productivo, o bien, proponer mecanismos de financiamiento para alcanzar el 1 por ciento del PIB que dice la ley en materia de inversión en el sector.

La iniciativa más reciente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero, se relacionó con la idea de políticas de Estado para la ciencia y la tecnología. Se trató de la modificación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología para precisar que el programa sectorial deberá incluir una proyección a 25 años del área, con actualizaciones cada tres años, así como la definición de áreas prioritarias de conocimiento.

Otras modificaciones se impulsaron en los años anteriores, particularmente sobre el tema de la innovación y la búsqueda del vínculo con el sector productivo. Sin embargo, poco o nada se había intentado respecto a los mecanismos de financiamiento para lograr el 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología que dice la ley desde 2004.

Lo sobresaliente es que, al parecer, la vía que se tomará para cumplir con el nivel de inversión será el de los incentivos fiscales. El pasado 1 de marzo, los presidentes de las comisiones de Ciencia y Tecnología de las dos Cámaras, en reunión de trabajo con el todavía director de Conacyt, presentaron la agenda legislativa para este año del sector.

El primer punto de la agenda incluye reformas a los artículos 3 y 25 de la Constitución, y a otras cuatro leyes (Boletín Conacyt). Aunque, en realidad, no se indica el sentido de la modificación constitucional que pretenden impulsar.

La intención de la agenda que sí parece estar clara es el restablecimiento del artículo 219 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este artículo fue añadido en 2002 para permitir el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes que realizaran gastos en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, como seguramente lo debe recordar, estimado lector, los principales beneficiarios de los incentivos fiscales, de forma sistemática, fueron grandes corporativos y empresas transnacionales, no las pequeñas o medianas empresas, lo cual generó variadas protestas.

En diciembre de 2009 el artículo 219 de la ley del ISR fue derogado. Las autoridades del Conacyt aceptaron las distorsiones del programa de incentivos y lo sustituyeron por tres programas de apoyo directo. No obstante, como se anuncia en la actual agenda legislativa del sector, tal parece que se intentará restablecer el artículo y poner en marcha nuevamente el programa de estímulos fiscales.

El diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, indicó que si el programa se pone en marcha, se facilitará al gobierno federal la meta de alcanzar el 1 por ciento del PIB en inversión para el sector. Lo sorprendente es que cuando estaba en operación el incentivo fiscal y se contabilizaba en las estadísticas, al parecer tendía a sobrestimar el gasto privado y el nivel de inversión general.

La agenda incluye otras iniciativas importantes, como la creación de una ley orgánica para el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación o modificaciones a los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para permitir al personal de los centros públicos de investigación participar de las regalías que generan sus desarrollos.

Nada garantiza que la agenda se lleve a efecto, pero a la vista de los constantes rumores e inestabilidad en la dirección de Conacyt, tal parece que los legisladores serán quienes asuman la mayor responsabilidad en los trazos del sector.