Las universidades públicas son instituciones creadas por la sociedad para el manejo, producción, transmisión y divulgación del conocimiento. Son ámbitos académicos, pero también se nutre de contenidos, acciones y significados políticos que influyen en sus quehaceres y en su presencia externa; están inmersas en un conjunto de redes y circuitos con los poderes públicos. En éstas conviven diversos actores que compiten por los espacios de poder, con posturas propias con respecto a lo que consideran debe ser la universidad, que conciben de manera distinta su papel en la sociedad y, por tanto, las prioridades de enseñanza e investigación que deben ejercer. Lo político es algo presente y permanente en su vida.
Además, las universidades públicas hacen uso de su autonomía y acopio del principio de libertad para conocer y enseñar en un medio intelectual plural, abierto a todas las corrientes de pensamiento. Por su apertura, en ellas florecen las humanidades, la ciencia y el debate organizado de la problemática social.
En nuestro país, en el pasado reciente, se han expresado importantes cambios en la naturaleza política de las universidades y también en su relación con los poderes públicos. En la actual coyuntura conviene destacar tres elementos que tienen relevancia para la viabilidad de las instituciones de enseñanza superior y para sus definiciones presentes y futuras.
En primer lugar hay que mencionar los siguientes: en los últimos lustros se procesaron una serie de cambios en las relaciones de la universidad pública con el gobierno. Se fue agotando y concluyó un modus operandi que permitía la convivencia de un pensamiento crítico y resistencias al poder del Estado con la seguridad de un financiamiento para que las universidades cumplieran adecuadamente sus cometidos. Al mismo tiempo, este último transformaba su fisonomía e instrumentaba políticas que le llevaron a tener mayor injerencia en la vida de las instituciones para orientar sus cambios. Se acabó una relación en la cual el gobierno estaba más interesado en satisfacer que en modelar las demandas de las universidades públicas. Esta situación es una parte del contexto político donde se han desenvuelto.
La otra parte se refiere al escenario que han construido la transición a la democracia: nuevas reglas para el funcionamiento del sistema político nacional, división de poderes con un mayor activismo de los partidos en el Congreso de la Unión , un Poder Ejecutivo (incluidas las oficinas de las secretarías) con el cual hay muchas tensiones a causa de su manejo financiero, presencia de organizaciones no gubernamentales y de actores interesados en que la educación superior pública siga un rumbo distinto al que ha tenido (grupos del clero y de los empresarios), más volcado a la lógica del mercado. En esta situación las universidades públicas han establecido arreglos políticos con los poderes públicos, los partidos políticos y actores vinculados con la educación superior y obligadas, por así decir, a realizar pactos, alianzas y cabildeos para salir mejor libradas y abrirse posibilidades de mejoría en un medio donde la escasez de recursos materiales sigue en pie.
En segundo lugar, anualmente se presente un clima político complejo cuando el gobierno federal envía al Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación donde se fija el monto del subsidio público para la educación superior del país. El ambiente se enrarece todavía más cuando se anuncia su distribución en el interior del subsistema de enseñanza superior.
Respecto del monto total asignado, siempre queda la sensación de que el discurso sobre el carácter prioritario de la educación pública para el desarrollo nacional es un enunciado vacío, porque lo asignado, generalmente, no alcanzar para resolver rezagos, carencias y necesidades institucionales emergentes. Para el año próximo, se dice, las universidades públicas tendrán un recorte sustancial, esto es, recibirán cantidades, incluso, menores en términos absolutos que en el ejercicio actual. Si fuera el caso sería de esperar un malestar político de consecuencias incalculables en este momento.
En cuanto a la distribución, también es un hecho delicado políticamente. Se pueden reconocer tres diferentes estratos de instituciones que absorben el subsidio: las universidades con rango superior a los mil millones de pesos, las que reciben alrededor de los 500 a los 999 millones y las que tienen un subsidio menor. Evidentemente, el tamaño de la planta académica y administrativa, de la matrícula y las necesidades de mantenimiento e infraestructura son diferentes entre éstas. Pero lo que se considera injusto es que un grupo de diez instituciones concentren dos terceras partes del subsidio total frente a veintisiete universidades públicas y una docena más de instituciones de educación superior que reciben el complemento. Esto refleja desigualdades regionales, de oportunidades para consolidar áreas del conocimiento y de capacidades y competencias institucionales para hacer frente a las necesidades y demandas sociales. A esto se debe agregar que la parte de los recursos que aplican directamente las universidades al desarrollo académico es mínimo. Un presupuesto austero para 2003 sin incrementos reales al gasto en educación superior es un retroceso y una dificultad mayor para elevar la calidad y el desempeño de las universidades públicas.
Por último, el margen financiero con el cual se mueven las universidades públicas del país puede estar relacionado con las capacidades de maniobra de los rectorados para articular el juego político interno, resolver demandas de su comunidad, traducir y aplicar las políticas de gobierno en el campus, impulsar cambios, negociar, darle eficacia al ejercicio de conducción institucional y reducir su vulnerabilidad frente a presiones cruzadas del exterior y del interior. Pero, instituciones debilitadas con rectorados que pierden legitimidad por la estrechez de los recursos que reciben no son una garantía para la buena marcha de la academia. ¿De eso se trata? ¿O de darle fuerza a los instrumentos con los cuales se asigna el subsidio extraordinario para que las universidades aprecien que se evitó estrangularlas?
