El país, para salir de la crisis, requiere un concurso más activo de sus universidades públicas. Instituciones comprometidas con el desarrollo social de su entorno, con una academia cuyos resultados tengan impacto sobre la vida cultural, política y económica en la sociedad. Universidades volcadas a la producción y transmisión de conocimientos que puedan ser apropiados por los actores involucrados en la transformación social, con principios y valores ligados al humanismo y la democracia.
Las presiones del engranaje institucional en el cual se ubican las universidades públicas y las internas, derivadas de la dinámica académica, llevan a pensar en el cambio de las instituciones y en el papel, de extraordinaria importancia, que pueden jugar políticas rectorales que impulsen la adecuación de las instituciones a los nuevos tiempos.
En la era y en la coyuntura en que vivimos, es imprescindible que en las universidades públicas se cultive una enorme cantidad de campos de conocimiento. Así, es fundamental apoyar la investigación, que exista un programa especial para tal propósito y que las instituciones dirijan los recursos según prioridades de producción del conocimiento explícitas y consensuadas. Las prioridades requieren ser acordes a aquello que es relevante resolver en el entorno social.
Por la lógica de proliferación del conocimiento y por las necesidades de expandir la investigación, particularmente en instituciones donde es incipiente, las políticas en las universidades necesitan centrarse en la formación de recursos de alto nivel que amplíen la generación y uso del conocimiento. Y lograr que se creen condiciones para ocupar a nuevos doctores.
Por otra parte, el gobierno universitario requiere tener en cuenta que la actividad académica se basa cada vez más en el uso intensivo de nuevas tecnologías y en el manejo de los avances científicos. Para avanzar hacia una organización universitaria capaz de enfrentar los retos actuales y futuros, se debe aprovechar mejor al cuerpo académico, ordenándolo para dar respuesta a las demandas académicas y sociales. Sacarlo de la lógica de los puntos para que trabaje en equipos o colectivos que cumplan las tres funciones sustantivas de las instituciones, unidades de carácter interdisciplinario, que trabajen en un clima de flexibilidad y con una administración que comprenda mejor a la academia, a sus tiempos y movimientos.
En las universidades mexicanas urge que se promueva los servicios de apoyo a los estudiantes y que se les brinden con eficiencia. Los alumnos, además de acceder a los talleres y laboratorios de las unidades académicas, a las bibliotecas, a los equipos de cómputo y a las actividades deportivas, necesitan adquirir los bienes culturales que ofrecen las instituciones. De aquí en adelante, es fundamental garantizar que los alumnos, en su paso por las universidades públicas, adquieran realmente capital científico, cultural, simbólico y social. El gobierno universitario velará por la buena convivencia y la seguridad en las instalaciones escolares.
La política en la universidad puede estar orientada, también, a elevar las capacidades de la administración para resolver problemas del gobierno universitario en sus tareas de apoyo a la academia. Una administración que funcione con eficacia y eficiencia, que comprenda que el trabajo académico es especial, resulta vital para transformar a la universidad. La reforma a la administración podría tener en cuenta reducir costos y tiempos, simplificar trámites, descentralizar procesos y hacer una gestión participativa que imprima velocidad a la toma de decisiones.
Para ir hacia el futuro, el gobierno de la universidad requiere formular políticas que favorezcan tender puentes entre las instituciones académicas y las empresas, públicas y privadas, en todas las ramas de la economía, y entre las universidades y la administración pública. Tales puentes se construyen en ejercicio pleno de su autonomía.
La política rectoral en la universidad, además, busca extender la educación y la cultura científica, y trasmitir a la sociedad los valores que privan en el campus. En un entorno de nuevas pautas de demanda social, es crucial que el gobierno universitario se encargue de promover una buena imagen de la universidad pública y de respeto a su quehacer. Asimismo, de hacer participar intensamente a la universidad y a los universitarios en la esfera pública.
Además, si las universidades públicas consiguen que el subsidio se base en presupuestos plurianuales, como se ha estado pidiendo, habrán de reorganizar su lógica administrativa para distribuir los recursos de una forma distinta a la actual. Para el cambio de la universidad, es menester que su gobierno tenga las capacidades políticas para ir reformando los aspectos jurídicos referidos a la administración y la academia.
En suma, lo que se espera del gobierno universitario es que impulse el cambio institucional para hacer de la universidad una institución más activa frente a la sociedad, al tiempo que él mismo asuma sus propias modificaciones para tal fin. Y con ello, restaurar el concepto de autoridad universitaria por la vía del prestigio académico y la legitimidad ganada en la acción. Un gobierno universitario desburocratizado es esencial para el progreso de la academia y está asociado a la gobernabilidad, a la estabilidad política de las casas de estudios y a un clima institucional propicio para hacer ciencia.
