La actual administración ha tomado el tema de la innovación como uno de los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo económico del país, en buena medida siguiendo las pautas de la OCDE en este terreno. Aunque el avance ha sido gradual, hoy ya se propone extender lazos de cooperación en esta materia en el ámbito regional.

El tema de la innovación fue reconocido desde el final de la administración anterior, lo mismo que la idea de solicitar a la OCDE un examen nacional al respecto. Sin embargo, cuando inició funciones la actual administración, a pesar de que ya se daba por sentado que su programa sectorial debía incorporar a la innovación como uno de los ejes principales y como referente en el título del mismo, por ley estaba impedida de cambiar el nombre del programa, así que oficialmente éste se tituló de la misma forma que el anterior: Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Lo anterior no fue obstáculo para que incorporara metas precisas sobre innovación.

El primer objetivo del programa sectorial, el que se refiere al establecimiento de políticas de Estado en el sector, planteó algunas de las principales metas que se propone lograr. Por ejemplo, en materia de competitividad busca pasar de la posición número 58 que tenía México en 2006, según el índice global del Foro Económico Mundial, a la posición número 30 para 2012 en el mismo índice. El logro tal vez estará más complicado de lo previsto, porque en 2009 México más bien había descendido al lugar número 60.

Otras metas incluyen incrementar el porcentaje de cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación, al igual que con las universidades. O bien, incrementar el número de solicitudes de patentes en México por mexicanos entre 2006 y 2012 (pasar de 574 a 796 solicitudes).

Una de las iniciativas que se pusieron en marcha fue la instauración de un fondo para la innovación. Además, de forma paralela, se propuso reformar la ley para incorporar el término innovación en los diferentes artículos de la misma, toda vez que en la normatividad anterior sólo se refería a ciencia y tecnología. También se acordó que el programa sectorial se llamaría Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lo más importante es que en la reforma se incluyó la creación un comité intersectorial, dependiente del Consejo General, encargado de aprobar el programa de innovación, lo mismo que de decidir sobre los recursos aprobados al programa de innovación en el Presupuesto de Egresos de la Federación y establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación. El comité, según quedó establecido en la ley, lo debe presidir el secretario de Economía, el director del Conacyt como vicepresidente y como otro integrante el secretario de Educación.

No obstante, tanto los fondos como los cambios a la ley son relativamente recientes. La reforma a la norma fue publicada en junio de 2009, pero las reglas de operación del comité intersectorial apenas estuvieron listas en marzo pasado. Los tres nuevos fondos de apoyo para la innovación se pusieron en marcha apenas en febrero de 2009, principalmente a raíz de las críticas y problemas que hubo con el programa de incentivos fiscales; los recursos de los nuevos fondos sumaron el año pasado 2 mil 500 millones de pesos.

Los resultados del examen realizado por la OCDE a la política de innovación se conocieron oficialmente apenas el año pasado e incluyeron una serie de recomendaciones, como la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en la materia, fomentar la movilidad de los recursos humanos altamente calificados, así como encontrar una mejor combinación de instrumentos de política en apoyo a la investigación, desarrollo e innovación empresarial, entre otras sugerencias.

Además, la misma OCDE es quien impulsa el reciente proyecto: "Pilar de innovación de la iniciativa para América Latina". Ésta, según reporta la propia organización económica, fue desarrollada de forma conjunta con México y España y con el apoyo de Chile.

La iniciativa comprende, fundamentalmente, trabajo conjunto en torno de los cuatro componentes básicos de la actividad: innovación, política fiscal, accesos a los servicios públicos e inversión. El gobierno mexicano, reporta la OCDE, ha decidido promover el fortalecimiento de vínculos entre los países de la región sobre los programas sectoriales, profundizar la capacidad regional de evaluación por pares y promover un mayor intercambio de conocimiento. Además, el proyecto incluye la realización de una conferencia de alto nivel en México hacia el final del año, donde se podría presentar la "Red de Innovación de América Latina y el Caribe", cuya labor será complementaria a la actividad que ya realizan redes como la Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT).

En el nivel de diseño, parece que la iniciativa avanza rápidamente, veremos si también en el de las acciones.