El sistema de educación superior se ha vuelto muy complejo como resultado del crecimiento institucional y de la matrícula (que se duplicó en los recientes tres lustros), además del proceso de diversificación. Está compuesto, en principio, de seis segmentos, según la matrícula que atendieron en 2008-2009: universidades públicas (43.7 por ciento); instituciones de educación superior particulares (32.9 por ciento); institutos tecnológicos públicos (12.4 por ciento); universidades tecnológicas y politécnicas públicas (3.5 por ciento); escuelas normales (4.5 por ciento), y otras instituciones (3.0 por ciento).
Hace cuatro años publiqué un texto sobre las políticas para desarrollar la educación superior. Entre otras cosas, insistía en mirar la heterogeneidad del sistema de educación superior para orientar su coordinación. También insistía en la necesidad de contar con políticas generales para el conjunto del sistema y políticas particulares para cada uno de sus segmentos.
Una política general sería, por ejemplo, aumentar la cobertura. La cifra de cobertura más reciente es de 27.6 por ciento y se desea llegar a 30 por ciento en 2012, lo cual se podrá alcanzar, dadas las tendencias de crecimiento de la matrícula y la disminución del grupo de edad de 19 a 23 años en la estructura demográfica. Dicho grupo comenzará a reducir su volumen este año para ubicarse en menos de 10 millones en 2020. Se ha planteado que la cobertura de licenciatura y técnico superior universitario alcance 50 por ciento en el año 2019.
De aceptarse esta meta, una de las primeras preguntas a la que debe responder la política es en qué proporción deberá crecer la matrícula en cada uno de los seis segmentos del sistema, y en cuáles de éstos según cada entidad federativa, dado el volumen de la demanda por educación superior y las necesidades sociales en cada estado.
Cabe señalar que en materia de cobertura hay grandes diferencias entre los estados de la república. Por ejemplo, en el DF la cobertura es de 50.2 por ciento, mientras que en Chiapas es de 16.2 y en Quintana Roo de 14.6 por ciento. Así, a la política general, digamos, seguiría un esfuerzo por elevar la cobertura en los 14 estados donde se ubica por debajo de 25 por ciento y se tendría que precisar la contribución de cada segmento en cada entidad. Pero ahí no para el reto de la equidad. Tal reto, además, debe favorecer a grupos sociales de bajos y medianos ingresos, que hayan cursado el bachillerato, pues, como se sabe, son los menos representados en la educación superior. O dicho en otras palabras, la política debe favorecer que la educación superior, en todo el territorio, sea un canal de ascenso social.
Este ejemplo sugiere que sobre la base de un planteamiento político general, y sobre criterios globales, hay que aplicar medidas distintas para cada segmento en distintos lugares. Y es por medio de tales medidas como se procede a coordinar el conjunto. La coordinación supone flexibilidad.
Una nueva perspectiva para conducir la educación superior se basa en la articulación de las políticas. El aumento de la cobertura va estrechamente ligado al aumento del financiamiento, a criterios de distribución según prioridades territoriales, disciplinarias y de infraestructura. Es evidente, como lo ha señalado la subsecretaría del ramo, que aumentar la cobertura supone crear nuevas instituciones universitarias, ampliar las existentes (donde sea conveniente), propiciar un uso más eficiente de la capacidad instalada y ampliar la educación no presencial (a pesar de que es cara y compleja de instrumentar para que sea buena). En otras palabras, en el manejo del sistema hay que ligar expansión, inversión e infraestructura.
Pero, también, para la adecuada expansión de la cobertura se debe relacionar el financiamiento con las necesidades de personal académico, para mantener una cuota deseable profesor-alumno. Y abrir nuevas plazas de profesores de tiempo completo con posgrado, apoyar procesos de formación y renovación de académicos, así como resolver lo relativo a pensiones y jubilaciones, problema este último que se presenta con distintas intensidades entre las instituciones.
Para nadie es un secreto que cambiar el sistema de educación superior, y la visión política por la cual se le conduce, es algo muy difícil. Pero es factible de lograr si hay concertación entre los actores, en el plano de las instituciones, de sus asociaciones, del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Para coordinar el sistema y articular políticas, es indispensable construir sistemas estatales de educación superior y descentralizar. En el entendido de que son las instituciones de cada segmento las que marcan sus prioridades para conformar las de cada estado de la república, en respuesta a las nacionales y locales contenidas en un programa federal y en programas estatales pactados a largo plazo.
Una educación superior para el siglo XXI reclama un cambio en la visión del Estado que consiste en adoptar un concepto del sistema distinto al que existe, con un enfoque de políticas articuladas y un uso de la planeación y la evaluación para atacar lo esencial que deje atrás la simulación y muchas cosas superficiales, con el llenado de indicadores, que operan sólo para aparentar que hay avances.
Como lo señalé, y como se ha mencionado en muchos otros escritos, no vamos a avanzar en serio si nos seguimos aferrando a la continuidad de las políticas vigentes. Y en esta época de crisis, llena de incertidumbres, cada vez parece más claro que necesitamos hacer una introspección para inventarnos de nuevo. La educación superior es la que puede darnos otro destino colectivo. Y eso va más allá de la planeación y la evaluación. Va al fondo de nuestra cultura y apunta a crear valores que le den credibilidad a la política y al futuro nacional.
