Cada día hay más conciencia de la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo. En el terreno educativo, postular un cambio en el sistema, y de las políticas del gobierno, supone establecer un "Pacto Social para el Desarrollo de la Educación Superior" entre las fuerzas políticas y la sociedad civil. El cambio en el sistema significa preguntarse qué universidad va a ser requerida para los próximos tiempos. Cuál será la universidad necesaria para sortear las exigencias de una sociedad cada vez más compleja, y llena de problemas, como la mexicana. En el pacto, las universidades públicas, federales y estatales, son las protagonistas.

Haciendo eco de lo que se dice en el medio educativo, hay una serie de acuerdos básicos respecto de la educación superior y la universidad pública que pueden orientar los cambios. Hago un resumen breve de algunos puntos que deseo enfatizar.

El discurso oficial sobre la realidad educativa luce abrumado. Además, en las instituciones se siente que hay un peso externo, que cae sobre las mismas, frente al que muy poco o nada se puede hacer. Las acciones políticas impulsan una tendencia hacia la homogeneidad, al mantenimiento de las brechas institucionales, a solucionar sólo lo emergente. Por ello, una primera tarea es sentarnos a hacer un proyecto de universidad pública que pueda darle viabilidad a largo plazo. Tal proyecto es crucial para todo el sistema educativo.

El año 2010 es un momento apropiado para hacer un balance y aquilatar lo que no queremos perder y lo que queremos ganar. Por ejemplo, la Revolución Mexicana nos dejó una serie de principios que es indispensable mantener para orientar el nivel superior: la educación dota a la persona de facultades para realizarse como ser humano, es laica, pregona la democracia como régimen de vida, se basa en criterios científicos, atiende los problemas de la sociedad para ofrecer soluciones, contribuye al crecimiento económico, a elevar la cultura y promueve una mejor convivencia, la dignidad y el interés general de la sociedad. En el marco de estas ideas, en la honra a nuestra historia que nos da identidad, hay que pensar lo nuevo.

En el caso de las universidades públicas, las políticas de los recientes 20 o 25 años han estado dirigidas a elevar la eficiencia, la eficacia y la pertinencia de las instituciones. Todos queremos universidades que se ajusten a estos puntos, que no contradicen los principios. Lo nuevo sería que las universidades hagan sus propias políticas, que fijen sus objetivos y contribuyan a armar las políticas generales contenidas en los planes de desarrollo de todo el sistema de instituciones de educación superior. El sistema, quienes lo coordinan, debe estimular la participación de las instituciones en la formulación y ejecución de las políticas educativas.

Un pacto por la educación superior necesita dotar de instrumentos que resuelvan tensiones entre las universidades y la diversidad de públicos que demandan educación y conocimiento. Las tensiones naturales entre la universidad y la sociedad, entre las casas de estudio y los gobiernos federal y local. El pacto es inclusivo y debe abrir canales para conducir las relaciones con el mercado, las tensiones entre lo público, lo privado y lo social. Asimismo, debe dar cauce a preocupaciones que están ubicadas en el campo de la ética, de los valores humanos que deben inspirar las tareas universitarias. Contar con instrumentos para establecer un diálogo fructífero entre las partes tendente a resolver los problemas que se presenten en las relaciones internas y externas de las instituciones.

Quienes analizamos la educación superior coincidimos acerca de la descentralización educativa. En lo local habría que identificar aquello en lo que se tiene competencia y los problemas del entorno que necesitan resolverse, para que el esfuerzo de la descentralización educativa tenga mayores rendimientos. El pacto debe estar enfocado a disminuir las brechas territoriales, lo cual requiere que en las instituciones existan condiciones para hacer ciencia, científicos reconocidos y potenciales. Es necesario darle a las universidades una mayor capacidad para incorporar los avances científicos, para generar, transmitir y transferir conocimientos. Incluso, para que auxilien en la aplicación del conocimiento. La educación superior, la ciencia y la tecnología van de la mano y deben ser tratadas dentro de un mismo conjunto de políticas.

Acordes con un modelo que estimule el crecimiento, hay que ampliar la cobertura. La investigación científica, la cultura y las personas formadas con altos niveles académicos son los motores de la competitividad social. En este contexto, las universidades públicas requieren garantizar su flexibilidad para abrir la oferta educativa y formar profesionales capaces de innovar y transformar la realidad en la cual se desempeñan. Crear condiciones para recalificar a los profesionales en activo. También, es de la mayor importancia que las políticas universitarias atiendan a colectivos, que fortalezcan la comunicación académica directa, la circulación de académicos y un sistema editorial que garantice la distribución eficiente de material académico y científico a lo largo y ancho del territorio.

Estas son apenas algunas ideas generales. Faltan muchas otras. Un pacto social debe contener un marco de referencia conceptual en el cual estemos de acuerdo, para después llegar a políticas concretas que tengan consenso. Por ahora, hay que expresar puntos de vista para comenzar el diálogo.