La siguiente fase del Programa de Formación de Recursos Humanos basado en Competencias para la educación técnica está relativamente asegurada. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que había otorgado al gobierno mexicano un préstamo de 100 millones de dólares para financiar la segunda fase de ese programa.

El monto del préstamo pudiera parecer sumamente modesto, sobre todo si se considera el volumen total de recursos públicos que se manejan en el sector educativo (482 mil millones de pesos). Sin embargo, la peculiaridad de este y otros préstamos similares es que se dirigen a áreas estratégicas de conducción del sistema educativo. El tema curricular de la educación técnica de nivel medio superior y superior lo es.

Además, y esto también es de suma relevancia, se trata de préstamos y convenios multianuales que no se rigen por los calendarios sexenales y a menudo se planean con un horizonte de mediano y largo plazos. Esta característica, a diferencia de las iniciativas plasmadas en los programas sectoriales de la administración gubernamental en turno, constituye el verdadero blindaje para sostener tal o cual programa. Obviamente, con lo deseable o los inconvenientes que pudiera implicar.

El Programa de Formación de Recursos Humanos basado en Competencias inició en el penúltimo año de la administración anterior. Recuérdese que por esas fechas también se produjo la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública que incluyó la creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y el amplio ajuste al subsector de educación tecnológica.

El programa de formación basado en competencias se planteó como objetivo “mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de la formación profesional y técnica, y de la capacitación en México” (BID. ME0250). Tal propósito, indicaba el proyecto, se alcanzaría mediante tres acciones: con la mejora de la pertinencia, efectividad y calidad de los programas educativos; posibilitando la movilidad de estudiantes entre las diferentes modalidades educativas, y a través de la utilización del sistema de Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL).

También desde entonces se dijo que el programa tendría múltiples fases. La primera sería de tres años y se enfocaría, entre otros aspectos, a consolidar la transformación de los programas de estudios de educación técnica basados en competencias, así como a mejorar la pertinencia de la oferta educativa y a generar NTCL con un enfoque de mercado en áreas estratégicas. Incluía a las diferentes modalidades de la educación media superior y a las universidades tecnológicas y politécnicas.

En realidad el programa, como se apuntó en el proyecto, intentaba superar las dificultades del amplio proceso de reforma de la educación técnica de los años noventa (la modernización de la educación técnica). Particularmente en lo concerniente a la implementación de un efectivo sistema de NTCL y a su adecuada evaluación y certificación. Por cierto, el proceso de reforma de los años noventa fue financiado con un préstamo del Banco Mundial.

La primera fase del programa todavía no concluye, pero, como lo indicamos al comienzo de este texto, ya está aprobada la siguiente. Aunque el proyecto inicial preveía que la segunda fase, una vez transformados los programas de estudio, estaría dedicada básicamente a incrementar la eficiencia y calidad de las modalidades educativas, a ampliar la utilización de las NTCL y a propiciar una mayor articulación y transferencia entre las modalidades de la educación media superior, ahora cambió ligeramente.

El ajuste se debe a los pendientes que dejó la primera fase, principalmente sobre la alineación entre los cambios a los programas de estudio y las demandas de los sectores productivos, una tarea que al parecer no se ha cumplido en una buena proporción de modalidades educativas. Pero el ajuste también es debido a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que está en marcha desde hace un par de años.

Ahora, aunque el programa conserva el objetivo inicial de mejorar las posibilidades de “empleabilidad” de los egresados de la educación técnica, uno de sus propósitos es apoyar a la RIEMS. Especialmente en los aspectos clave que ha planteado el proceso de reforma: a) el establecimiento de un marco curricular común basado en competencias, con lo cual intenta propiciar la portabilidad de competencias; b) el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales; c) la formación docente basada en competencias, y d) la participación de los sectores productivos en la definición de las competencias.

En esta segunda fase del programa, los 100 millones de dólares del préstamo del BID serán complementados con otros 25 millones del gobierno federal. Lo más relevante es que está planeada con una duración de cinco años, lo cual nos lleva a la siguiente administración y, como hemos notado, a blindar efectivamente la iniciativa. Otro asunto será si es adecuada o no.