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Los rectores en el peor de los mundos
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 145 [2005-09-15]
 

Durante el Seminario Nacional sobre Financiamiento de la Educación Superior, Armando Labra, encargado de la planeación en la UNAM, presentó en su ponencia una serie de datos elaborados con información oficial que ponen muchas cosas en su lugar para valorar políticamente lo que este gobierno ha llevado a cabo hasta ahora. La tesis central de Labra es que habiendo recursos económicos, las universidades públicas siguen agobiadas por la falta de presupuesto.

Las restricciones financieras que el gobierno federal impuso a la educación superior no han permitido cumplir las metas previstas en su plan ni avanzar lo necesario en cuestión de calidad. Según la ponencia citada, el gasto público como proporción del PlB tuvo una tendencia hacia la baja a partir de 2002 ubicándose en un promedio de 0.63 desde el año 2000 hasta 2005.

Los dineros dedicados a la enseñanza universitaria pública crecieron proporcionalmente, en términos reales, bastante menos que la matrícula. Disminuyó en consecuencia el gasto anual por estudiante.

Los apoyos económicos extraordinarios no tuvieron un crecimiento sostenido. Y respecto a la inversión pública en ciencia, ha sido el propio Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) el que ha anunciado varias veces el recorte o la cancelación de recursos económicos a varios programas.

Cualquiera que sea la aproximación que se siga a la realidad educativa del tercer nivel es difícil no llegar a la conclusión de Labra: para el gobierno de Fox la educación superior en las universidades públicas del país no ha sido un asunto prioritario. Por razones estrictamente políticas el subsidio ordinario que reciben las universidades públicas es limitado y sólo les alcanza para sobrevivir.

En números redondos 90 por ciento del subsidio está dedicado al pago de sueldos, estímulos y otras prestaciones. Una porción de lo restante se usa para mantenimiento y pago de servicios y la otra, que es mínima, para algunas funciones sustantivas.

Así, los recursos extraordinarios se han vuelto vitales para apoyar proyectos de investigación, formación de profesores, equipo e infraestructura, por ejemplo. Se obtienen mediante la justificación de metas anuales acordes a las políticas oficiales. También mediante gestiones ante una vasta red de agencias y despachos oficiales a los cuales hay que ir a tocar la puerta.

Esta forma de manejar los recursos federales y estatales destinados a las universidades públicas ha tenido implicaciones sobre la operación de las instituciones.

Los rectores casi se han convertido en gerentes. Dedican la mayor parte de su tiempo a gestionar recursos si quieren ver cumplidos los objetivos que se han propuesto en sus Planes de Desarrollo Institucional. Cabildean en el gobierno federal, en el estatal, en el Conacyt, en las cámaras de diputados, con las fracciones parlamentarias de distintos partidos, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), en la iniciativa privada y en muchas otras agencias externas.

Son los representantes institucionales, la imagen viva frente al poder, y quienes crean las relaciones en las cuales la universidad deben desenvolverse: un conglomerado extenso de políticas que se entrecruzan (véase el artículo de Álvarez y de Vries (2005) en el número 134 de la Revista de la Educación Superior).

Para allegarse recursos, las autoridades universitarias han adoptado un discurso que gira en torno a la calidad académica, definida en términos de indicadores (entre otros, número de investigadores nacionales, profesores con perfil Promep, académicos con doctorado), y la eficiencia administrativa. Incluye la vinculación con el sistema productivo y la formación de profesionistas que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.

El discurso se asocia a una práctica alimentada por la planeación estratégica y, en consecuencia, a que la actividad universitaria produzca resultados que aumenten las cifras de los indicadores. En la división del trabajo de la administración central de las universidades los logros corresponden a los funcionarios que forman el equipo del rector.

En este contexto, el gobierno universitario requiere operar mediante una organización con líneas de mando verticales para que la administración pueda controlar el cotidiano y los proyectos de la academia.

Es así como se consigue que las instituciones sean gobernables y produzcan lo que se indica en los planes. Se trata de una gobernabilidad que provoca tensiones políticas en la comunidad, la cual se encuentra presionada para cumplir objetivos y metas con escasez de recursos, distribuidos de tal forma que deja brechas abiertas en la academia.

Debido a la importancia que han asumido los rectorados en este esquema de conducción de las instituciones es imperativo que asuman grados de libertad más elevados, que obtengan mayor capacidad de negociar sus recursos con los gobiernos federal y estatal. Guiarse por una óptica que busque elevar el subsidio, una distribución equitativa y un mayor equilibrio de los niveles de jerarquía académica entre las universidades públicas.

Asimismo, cerrar las brechas académicas que existen dentro da cada institución, dedicar mayor atención y destinar más esfuerzos y recursos a las áreas, subsistemas, departamentos, etcétera, que tienen un menor grado de consolidación, que por lo regular coinciden con aquellas carreras en las cuales se concentra la mayor parte de la matrícula.

Instituciones, rezagadas, con carencias, tienen más obstáculos para educar, investigar y contar con buenos posgrados. Hay universidades, y dentro de éstas segmentos, que van a quedarse en el atraso si no hay un cambio de políticas: si los rectorados no pueden gestionar de manera más flexible recursos de acuerdo con los intereses y necesidades de sus comunidades; si no se abren canales de comunicación y se da pie a una mayor participación comunitaria para procesar institucionalmente las demandas y si no se crean mejores condiciones para realizar las actividades académicas. Es deseable que las universidades públicas vivan con menos tensiones y que éstas disminuyan entre ellas y el gobierno.

Con motivo del fin de sexenio, los actores universitarios debemos aprovechar la coyuntura para manifestarnos en favor de que todas las universidades públicas arriben a una escala académica superior. Para este fin juega un papel importante la apertura de espacios comunes, los apoyos interinstitucionales. La universidad pública merece una prioridad máxima para el gobierno porque la sociedad necesita educarse y por que hoy, más que en otros momentos de la historia, el conocimiento que elabora y enseña es fundamental para mejorar la vida social.


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