Durante el pasado 19 de febrero, al conmemorarse el Día del Ejército, el presidente de la república—como es la costumbre en ese tipo de actos oficiales—reconoció ampliamente la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y el mantenimiento del orden interno del país. En este último punto destacó el apoyo del instituto armado en la denominada “guerra contra el crimen organizado”, que ha significado la pérdida de un número considerable de vidas en las filas de las fuerzas del orden.
Luego de recordar los orígenes del Ejército y reconocer sus acciones a lo largo de casi un siglo de existencia, otorgó los acostumbrados reconocimientos a los participantes en diversas acciones en la lucha contra el narcotráfico y enumeró una serie de compensaciones y otras prestaciones para el personal militar. Entre ellas hubo una, a la cual calificó como “sin precedente en las Fuerzas Armadas y quizá en el país”. Se trata de la creación de un Programa Integral de Becas para los hijos de todos los militares en activo, el cual entrará en operación a partir del próximo ciclo escolar, es decir, dentro de unos seis meses.
Por lo que se desprende de la versión estenográfica del discurso presidencial, el gobierno federal, junto con las universidades de toda la república, “cubrirá 100 por ciento de las colegiaturas de bachillerato o de la universidad de los hijos de militares en activo”. Con este programa se pretende que cursen el bachillerato o cualquier carrera profesional “en la institución educativa o universitaria de su preferencia en el país”. En el discurso en cuestión también se menciona la conjunción de esfuerzos del gobierno federal y las instituciones educativas para que los hijos de militares puedan “estudiar en la escuela que elijan de entre las mejores preparatorias o universidades de México, sean públicas o privadas”.
Es obvio que ante la difícil situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, no es el momento para escatimar o regatear el apoyo al Ejército, pero sí es pertinente señalar algunas de las implicaciones que este nuevo (e inédito) Programa Integral de Becas habrá de tener para el conjunto de las instituciones de educación superior.
En primer lugar, está el asunto del tamaño de la demanda de lugares, tanto en bachillerato como en licenciatura. Algunas instituciones podrán absorberla sin mayor problema, pero para otras significará una presión adicional, pues podría rebasar su capacidad instalada. Esto podría ocurrir en aquellas ubicadas en las grandes ciudades y que cuentan, además, con mayor preferencia entre los potenciales estudiantes.
En segundo término, está el asunto de la calidad académica de los programas e instituciones que habrán de ser seleccionados para participar en el mencionado programa, dado que en el discurso del presidente de la república se menciona que los solicitantes “podrán estudiar en la escuela que elijan de entre las mejores (subrayado nuestro) preparatorias o universidades de México, sean públicas o privadas”. ¿Cuáles van a ser los criterios para decidir qué instituciones son las mejores? ¿Que sus programas estén acreditados por los CIEES, el Copaes o la FIMPES? ¿Se creará un ranking de instituciones públicas y privadas elegibles? ¿Qué pasará con aquellas que, por su tamaño o ubicación, carezcan de acreditación y, por tanto, no estén “entre las mejores”?
En tercer lugar, lo que resulta más preocupante, es ver si los apoyos que se otorgarán a los beneficiarios del programa no serán una rendija para introducir una especie de programa de vouchers o bonos educativos. Dado que el Programa Integral de Becas, a diferencia de los existentes hasta ahora, pretende cubrir la totalidad de las colegiaturas, ya sean en instituciones públicas o privadas, ¿no implicaría esto un subsidio directo del dinero público a las IES privadas? Asimismo, ¿se verían beneficiadas por igual las distintas instituciones públicas y privadas? ¿Se desataría una competencia desleal entre instituciones por atraer a los beneficiarios del programa? ¿Será un juego de “todos ganan” o uno en el que habrá ganadores y perdedores?
En fin, éstas son sólo algunas de las implicaciones y preguntas iniciales, las cuales sólo podrán ser respondidas cuando comience a operar el programa, pero conviene tenerlas muy presentes para que las buenas intenciones con que ha sido anunciado el programa de marras no vayan a significar un factor más desequilibrante aun para las actuales políticas de ingreso, aseguramiento de la calidad y, sobre todo, de financiamiento de las IES públicas y privadas.
