En diferentes ocasiones he señalado el problema de la concentración regional e institucional de las actividades científicas y tecnológicas, pero también los intentos —prácticamente desde hace más de tres décadas— para revertirla. El movimiento descentralizador ha sido muy gradual y al parecer con escasa o nula planeación. Sin embargo, particularmente en esta década, diferentes entidades federativas y regiones han realizado notables esfuerzos para instaurar sus correspondientes sistemas científicos y tecnológicos. Yucatán, por ejemplo.

Yucatán es una entidad relativamente pequeña, con casi 40 mil kilómetros cuadrados y menos de 2 millones de habitantes; en densidad, ocupa el lugar 21 en el conjunto de entidades. Hasta hace cinco años ni siquiera contaba con un organismo para regular las actividades científicas y tecnológicas, pero de entonces a la fecha avanza rápidamente, por lo menos en su marco normativo y en el diseño de sus planes. Otra historia es cómo se ponen en marcha y qué resultados produce.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Yucatán (Concytey) fue constituido en 2003, es de los relativamente recientes. De hecho, antes del comienzo de los años noventa, solamente Puebla, Querétaro y Tamaulipas contaban con un organismo rector de las políticas en la materia.

Después vino la promulgación de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Estado de Yucatán en junio de 2004 (decreto núm. 518. Diario Oficial, 06/2004). Por cierto, no solamente el nombre es similar a la normatividad federal del sector que estuvo vigente entre 1999 y 2002, también varios de sus principios y formas de organización. Por ejemplo, la ley estatal previó la creación del Concytey, la elaboración de un programa, la integración de un sistema, etcétera. El asunto es que, al igual que la normatividad federal, tiende a acercar y concentrar la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo estatal, bajo el supuesto de que solamente así se asegura que las cosas se lleven a cabo. Es la tradición presidencialista, fuerza centrípeta y jerárquica, arraigada en el ADN de las prácticas políticas y administrativas de la nación.

El máximo órgano de gobierno del Concytey es una junta y, prevé la ley, es presidida por el Ejecutivo estatal, y en su ausencia por el secretario general de Gobierno. Además, como consejeros están los titulares de las secretarías de Desarrollo Industrial y Comercial; Hacienda; Planeación y Presupuesto, y Educación. No es el consejo multitudinario y poco operativo que establece la ley para el caso federal, pero el principio es similar.

Posteriormente, ya en la actual administración estatal, vinieron las declaraciones de la gobernadora en múltiples ocasiones sobre su idea de que Yucatán debiera tener un importante desarrollo científico y tecnológico para convertirse, por lo menos su capital, en una ciudad del conocimiento. Nada sorprendente. El término se ha vuelto moneda corriente en el ámbito académico y en los discursos de la mayor parte de funcionarios del gobierno federal y en no pocos gobernadores de diferentes entidades federativas.

En Yucatán, no obstante, a las declaraciones siguió la promulgación de otro decreto el año pasado para crear el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del estado de Yucatán (decreto núm. 85. Diario Oficial, 26/05/2008). Según el decreto, ese sistema es “una estructura organizativa de instituciones de educación superior y centros de investigación que, sin perder su identidad y régimen jurídico propios y en el marco de sus principios rectores, tiene por objeto potenciar y articular las capacidades del estado en materia de formación de recursos humanos de alto nivel, así como en investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico” (artículo 1).

Además, estableció que, para lograr sus objetivos, el sistema contaría con la instalación de un parque científico y tecnológico en el cual se ubicarían —como usualmente ocurre en ese tipo de parques— instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas de base tecnológica. Una agrupación de instituciones que trabajan conjunta y coordinadamente, pero que conservan cada una su régimen jurídico.

Por último, en septiembre del año pasado, funcionarios estatales y federales anunciaron que se ponía en marcha la creación del mencionado parque. De acuerdo con los planes que presentaron, en la iniciativa participarían media docena de instituciones (entre ellas el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Cinvestav) y una inversión de 257 millones de pesos para una primera etapa.

Al parecer el proyecto está en marcha, lo que todavía no se sabe es cuánto tiempo más se llevará para que comience realmente a funcionar, las capacidades de la entidad para sostener la actividad —sobre este punto volveremos pronto— y, sobre todo, a mostrar sus primeros resultados. Por lo pronto, al menos en lo que a planes se refiere, se registra un avance.