Hay en el medio de la educación superior una voz que viene de muy distintos actores y que reclama un alto en el camino y hacer cambios. De los partidos políticos, de los rectores, de los académicos se escucha que es necesario formular y ejecutar una política de Estado en este campo.
Se habla de una política de Estado, entendida como aquella fórmula que va más allá de un sexenio. En realidad, habría que decir que se trata de una política de largo aliento, acordada entre todos los actores que tienen intereses en la educación superior, puesta en una ley que, al tiempo que garantice su continuidad, abra condiciones para ir corrigiendo lo necesario sin salir del cauce. Una política educativa sólo puede ser de Estado. Por ello, lo que habría que pensar, tal vez, es en una política de nueva generación, la cual permita lograr todo aquello que deseamos alcanzar y que las políticas actuales no permiten.
Han pasado ya varios lustros en los que la política educativa ha estado centrada en una serie de programas orientados por la planeación estratégica, la evaluación de todo en la vida académica y la asignación de recursos con base en la inercia. Es correcto decir que las políticas que se han aplicado nos han permitido avanzar, crear instituciones, aumentar la cobertura, los profesores con posgrado, los programas certificados, las publicaciones científicas, etcétera. Pero también es cierto que hasta ahora no se han resuelto problemas de fondo en la educación superior que ya no pueden esperar más porque la continuidad no los va a resolver.
Me parece de la mayor importancia que en la actualidad haya unidad de miras, coincidencias en lo que debemos hacer, en la necesidad de planear a largo plazo, en entender que la calidad no deviene de evaluar, sino de lo que ocurre después de la evaluación, visto como proceso formativo, que la simulación por el pago por méritos distorsiona el trabajo académico, que la competencia en un mercado metafórico no tiene sentido, que la nación no podrá avanzar si no construimos un sistema universitario fuerte, que es una ecuación ya despejada en otros lugares del orbe.
Tengo la impresión de que está emergiendo una fuerza, la cual estará de acuerdo con poner en marcha una política de nueva generación. En los próximos años habremos de esforzarnos por elevar la cobertura, particularmente en aquellas entidades de la República que se encuentran por debajo del promedio nacional. Aumentar la oferta educativa y abrir más universidades para formar científicos. Sin estos últimos difícilmente podrá elevarse el nivel de competitividad del país y modificar la balanza de pagos tecnológica, que crece negativamente. Sin científicos educados en las universidades no llegaremos a la sociedad del conocimiento.
La calidad docente va de la mano del fortalecimiento del posgrado y la investigación. La nueva visión para el cambio educativo enfoca en una sola política la vinculación de la ciencia y la tecnología con la educación superior. Sostiene que la investigación científica debe fortalecerse en las universidades públicas, pues es donde más se ha desarrollado. Estas instituciones tendrían entre sus propósitos principales satisfacer necesidades de conocimiento de los actores y servir como agentes promotores del crecimiento económico y el desarrollo local.
Un objetivo más es disminuir sustancialmente las desigualdades institucionales entre las universidades públicas. Tenemos un conjunto de universidades públicas estatales que se encuentran en entidades donde es muy baja la cobertura, que atienden una proporción de la matrícula que es superior a la proporción del financiamiento que reciben y tienen menores condiciones de impartir una buena educación respaldada en la investigación. Es una realidad que se vuelve insostenible.
Se requiere de más recursos y es posible destinarlos. Nuevas políticas tendrán que basarse en un aumento gradual y sostenido del subsidio. En una distribución del mismo con base en una serie de factores que rompan las inercias y las desigualdades, con instrumentos distintos a los aplicados hasta hoy, con indicadores consistentes en el tiempo orientados a realidades educativas específicas, como son las que vive cada universidad en su entorno social concreto.
Tres objetivos más estarían considerados. Ponderar a las humanidades y a las ciencias sociales como campos estratégicos de conocimiento, sin los cuales es impensable el impacto de las otras ciencias en el desarrollo local del entorno de cada universidad. Asimismo, es fundamental que se abran plazas para incorporar a nuevos académicos, a una velocidad mayor, y darle una salida digna a quienes cumplen con los requisitos legales para el retiro. Finalmente, hay que incorporar la dimensión internacional, con programas y estrategias, en las visiones institucionales.
Entre lo posible y lo probable, hoy tenemos condiciones para pensar en nuevos pactos y sólidos compromisos colectivos para hacer diferente la política de educación superior. Enfrentemos los desafíos.
