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Reunión de ministros
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 295 [2008-10-30]
 

Esta semana se realizó en México la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología en el Ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Un encuentro auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y en esta ocasión coordinado por Conacyt.

Sin duda, fue un gran acto protocolario, con toda la parafernalia de bienvenida por parte del Ejecutivo federal en Los Pinos y en cuyo marco se entregó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2007 al chileno Ramón Latorre de la Cruz. Pero, si se observa lo que ocurrió con los acuerdos de la primera reunión de ministros realizada en 2004, se puede advertir que estos encuentros tienen un escaso efecto práctico y su utilidad es más bien mediática.

No deja de ser un incómodo acicate reconocer públicamente que los plazos se vencen y los acuerdos hemisféricos no se cumplen. Tal vez lo sea más en el caso de México, país anfitrión, dado que las iniciativas de incrementar la inversión en el sector y diseñar políticas nacionales eficaces, dos de los principales acuerdos de hace cuatro años, claramente no se han cumplido. Es más, todavía ni siquiera se conoce el programa sectorial.

Desde 2002, la OEA, a través de diferentes comités, intenta resaltar el componente de ciencia y la tecnología en los planes de la región y particularmente vincularlo a la agenda de las reuniones “Cumbre de las Américas” de jefes de Estado y de gobierno. Estas últimas se celebran desde 1994 y el año próximo se realizará la Quinta Cumbre, por esta razón se llevó a cabo la reciente reunión de ministros de ciencia y tecnología. Los acuerdos de esta Segunda Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología son casi idénticos a los que se adoptaron en la primera reunión celebrada en Lima, Perú, en noviembre de 2004.

En aquella ocasión, las naciones participantes declararon que, entre otras iniciativas, buscarían: promover el crecimiento sostenido de la inversión en ciencia, tecnología e innovación; lograr que en 2007 todos los Estados miembros adopten políticas nacionales eficaces en el sector y claramente integradas a las políticas económicas y sociales; apoyar el establecimiento de sistemas nacionales de innovación orientados al sector productivo; ampliar las capacidades humanas, institucionales y de infraestructura; eliminar las brechas de capacidad científica, tecnológica, de ingeniería e innovación, entre los países de las Américas (AG/RES. 287 – XXXV-0/05).

Por lo pronto, en el caso de México, la iniciativa de incrementar la inversión de forma sostenida es, cuando más, una aspiración que no ha logrado cumplirse. El gasto federal en ciencia y tecnología en los últimos cuatro años, como proporción del PIB, más bien ha disminuido: pasó de 0.34 a 0.32 del PIB, según la nueva base oficial de cálculo y no se advierte que la situación vaya a cambiar para el año próximo. Tampoco se ve un avance en la adopción de políticas nacionales eficaces y articuladas que, según los compromisos hemisféricos, debieran ser claras desde el año anterior; menos todavía es evidente la instauración de un sistema nacional de innovación.

A la fecha, a pesar de que desde hace más de un mes se dijo que ya estaba aprobado el programa sectorial de esta administración, es la hora que todavía no se difunde públicamente.

Además, no solamente se desconocen las acciones que el gobierno federal tiene previstas respecto de un sistema nacional de innovación, también es inexistente el marco normativo para ese sistema. Desde hace tres años se discute una nueva reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que le daría sustento al sistema de innovación, pero hasta ahora el proyecto sigue a la espera de acuerdos y la aprobación en el Congreso.

En lo que concierne al proyecto de “Declaración de México” de la segunda reunión, como ya lo advertimos, en lo sustancial es similar al de Lima, Perú, de 2004. Adopta como principio: “Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación como instrumentos para la prosperidad humana”. Propone una veintena de objetivos en los que reitera la intención de incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología, la articulación de los sectores público, privado, académico, científico y tecnológico para promover la construcción de sociedades basadas en el conocimiento y en la innovación, el apoyo a los sistemas nacionales de innovación, así como el fomento a la cooperación regional y la interacción entre las comunidades de investigación científico-tecnológicas, promoviendo el establecimiento y expansión de redes nacionales de investigación y la sinergia entre instituciones educativas, centros de investigación, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Nada mal, el asunto es que los acuerdos de este tipo de reuniones no son vinculantes y tampoco los que se derivan de las Cumbres de jefes de Estado y de gobierno, así que tal vez convendría comenzar por ensayar otro tipo de mecanismos, el establecimiento de metas más realistas y un seguimiento más puntual de los acuerdos.


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