Hace 30 años que el gobierno mexicano disolvió la entonces denominada Comisión Nacional del Espacio Exterior. Un organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de la investigación, exploración y utilización del espacio exterior. La seducción que había despertado la carrera espacial de los años sesenta del siglo XX, cuyos principales competidores eran la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos, ya se había disipado relativamente y aunque no solamente se trataba de lanzamiento de cohetes y la “conquista del espacio”, el trabajo de la comisión no tuvo continuidad como política pública.

Hoy, medio siglo después de que comenzaron los esfuerzos internacionales de investigación más sistemáticos en este terreno, México apenas se prepara para crear un nuevo organismo encargado de la tarea de investigación del espacio exterior. Todavía no es un hecho y, es más, puede ser que el proyecto, como tantos otros, no rebase el marco de las buenas intenciones.

El origen de la iniciativa puede situarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2003, en la administración anterior, cuando a través de una de sus direcciones generales impulsó el proyecto de Ley de Creación de la Agencia Espacial Mexicana, a través de los documentos “Política Espacial de México” y “Programa Nacional de Actividades Espaciales” (Informe de rendición de cuentas 2000-2006: 111).

No obstante, el proyecto de ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA) fue presentado hasta octubre de 2005 por el diputado Moisés Jiménez Sánchez, del PRI. En la exposición de motivos, al igual que ya se anticipaba en el documento de Relaciones Exteriores, el diputado justificó el proyecto indicando que se trataba de un plan estratégico, mediante el cual México podría participar en la red de medio centenar de países que realizan investigación espacial y que incluye la detección anticipada de sismos, la experimentación física y biológica en el espacio y el impulso a la industria aeroespacial (Gaceta parlamentaria 1866-II, 20/10/2005).

En el proyecto del diputado Moisés Jiménez se anotó que la AEXA debía ser un organismo público descentralizado, no sectorizado y con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Su principal objetivo: “Establecer en el país competencias técnico científicas en el área espacial que haga posible su actuación en un marco de autonomía en la materia y su integración activa a la Comunidad Espacial Internacional”. Algunas de las áreas de interés que se destacaron fueron la meteorología, las telecomunicaciones, la percepción remota —por cierto, esta área fue cultivada por la desaparecida Comisión Nacional del Espacio Exterior—, la robótica, los satélites artificiales, la industria espacial, entre otros.

A nivel organizacional, sin embargo, preveía una integración gigantesca de cuatro órganos de gobierno: 1) un consejo general como máxima autoridad, compuesto por casi un centenar de personas, entre representantes del gobierno federal, los gobiernos estatales, las comisiones del Congreso de la Unión, de las instituciones públicas de educación superior más importantes, académicos, empresarios y organizaciones sociales; 2) una junta directiva, compuesta por una docena de personas, también provenientes de los mismos sectores, con excepción de los empresarios; 3) un consejo consultivo en el cual participarían representantes de todas las disciplinas y áreas de interés que se cultivarían en la AEXA, y 4) un consejo técnico, compuesto por tantas personas como el consejo general juzgara conveniente. En definitiva, una gran administración burocrática y una dirección auténticamente monumental para una agencia que se pretendía pequeña.

Sin embargo, el dictamen que elaboró la Cámara de Diputados modificó la propuesta. Conservó la naturaleza jurídica del organismo, pero acotó sus funciones, precisó sus instrumentos y lo más importante, redujo el conjunto de órganos previstos en la propuesta original a uno solo: una junta directiva de 15 personas. Una junta presidida por el Ejecutivo federal e integrada por algunos secretarios de Estado, por representantes de ANUIES, del foro, entre otros. Esto es, una integración muy similar al consejo general de Conacyt.

El dictamen pasó como un mero trámite en el pleno de la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006: no se registró ningún orador, ni en favor ni en contra; no hubo artículos reservados y se aprobó por 225 en pro, 83 en contra y seis abstenciones. Después, fue turnado al Senado y ahí quedó en comisiones hasta que el pasado 9 de octubre, cuando las comisiones unidas presentaron el dictamen correspondiente, prácticamente sin modificaciones. Ahora, vendrá, primero, su aprobación en el pleno del Senado, luego su regreso a la cámara de origen para ratificación y luego su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Claro, aparte de los accidentes propios de la ruta legislativa, habrá que considerar el actual panorama económico. Sí, es todo.