La próxima semana comienza el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Es el último año de ejercicio para los actuales diputados, los senadores todavía permanecerán otros tres años más —recuérdese que la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad cada tres y la llamada Cámara alta cada seis años—. No han sido menores algunas de las iniciativas que se han aprobado en esta legislatura, como los acuerdos para la aprobación del paquete económico de 2007 y 2008, o la reforma hacendaria en 2007, algunas de cuyas modificaciones apenas comienzan a resentirse, o bien, la nueva ley del ISSSTE, que implica un cambio importante en el tema de la seguridad social. Todavía está pendiente la reforma energética (más bien de Pemex), pero es posible que también en ese terreno se produzcan modificaciones.

Sin embargo, pese a la trascendencia de las reformas que han aprobado y de otras que no son tan visibles pero sí importantes, queda en la opinión pública la imagen de unos legisladores que hacen de todo menos su trabajo, que son dispendiosos, procaces y pendencieros. La evaluación de febrero de este año de Consulta Mitofsky acerca del nivel de confianza de los mexicanos en sus instituciones, muestra que los diputados y senadores, junto con los sindicatos, merecen muy poca confianza, están en la antepenúltima posición, solamente por arriba de los partidos políticos y de la policía. Nada menos. Por el contrario, las universidades aparecieron a la cabeza de la lista como las instituciones más confiables.

El escaso nivel de confianza que generan los legisladores no es de este año, por lo menos desde 2004 que Consulta Mitofsky realiza la medición correspondiente, sistemáticamente han sido calificados negativamente. Tampoco cabe sorprenderse demasiado, los mismos legisladores se han encargado de mostrarnos una y otra vez su improvisación profesional, los actos prepotentes al amparo del fuero, la mezquindad de sus intercambios, sus extravagancias de nuevos ricos y que, en realidad, lo que menos cuenta a la hora de discutir y aprobar es el interés de quienes dicen representar. Desde luego, no todos los legisladores son iguales, pero como conjunto su calificación no es positiva.

Pero se trata del Poder Legislativo y desde hace casi una década —a partir de 1997 que comienza a pluralizarse el Congreso e, incluso, desde la primera interpelación al presidente de la República en 1988—, ha estado en una brega por afianzarse como poder independiente del Ejecutivo federal. En esta LX legislatura ha sido precisamente donde se ha registrado cierto punto de punto de culminación en la nueva relación entre ambos poderes, no solamente por las circunstancias que rodearon el último informe de Vicente Fox en 2006, la toma de posesión del actual presidente en ese mismo año o su primer informe de gobierno el año pasado, sino principalmente por la reforma constitucional que al parecer dará fin a la ceremonia fastuosa que tenía lugar en cada apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Efectivamente, la reciente reforma al artículo 69 constitucional suprimió la obligatoriedad que tenía el presidente de la República de asistir a la apertura del Congreso y ahora solamente señala que en tal ocasión “presentará un informe por escrito”. Además, la modificación del artículo 93 señala que los secretarios del despacho, una vez abierto el periodo de sesiones, deberán dar cuenta al Congreso de sus respectivos ramos y que las cámaras pueden solicitar información o documentación a los titulares y éstos deben responder en un plazo no mayor a 15 días naturales (DOF, 15/08/08). Un intercambio que conviene a ambos poderes y que, al parecer, dará lugar a un nuevo tipo de relación.

La agenda del Congreso para este periodo ordinario que inicia, como siempre, tiene muchos pendientes e iniciativas rezagadas, pero cabría esperar que los legisladores asumieran de una buena vez su responsabilidad y su condición representantes de la nación. Se entiende que existen prioridades y unas iniciativas que son más relevantes que otras, lo que es intolerable es la improvisación a la hora de legislar y, peor aún, los intercambios incomprensibles entre las fuerzas políticas a la hora de negociar. ¿Ejemplos? La obligatoriedad de la educación preescolar o el gasto educativo como proporción del PIB que no se cumple y cuya redacción, además, es discordante en las leyes secundarias. Hoy aprueban una ley y al día siguiente quieren hacerle adecuaciones.

En el terreno de la ciencia y la tecnología está pendiente desde hace un par de años la discusión y aprobación de una nueva ley para el sector que ya está en comisiones, cuya principal novedad es la incorporación del tema de la innovación a la normatividad. Igualmente, desde hace dos años aguarda su aprobación el proyecto de creación de una Agencia Espacial Mexicana. Pero es muy posible que no figuren en las prioridades de los legisladores, preocupados como están en los asuntos trascendentes y en promocionar su imagen en los medios.