Uno de los problemas inveterados del campo de la ciencia y la tecnología (y del país entero) ha sido la centralización. Tenemos más de tres décadas tratando de corregir esa fuerza centrípeta reacia a invertir su cauce. Por lo menos desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al comienzo de los años 70s, se reconoció que había que crecer y expandir el número de instituciones y la cantidad de personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Después de casi 40 años, con un notable crecimiento de instituciones educativas y con un volumen importante de recursos humanos calificados, no se puede decir que estamos en la misma situación, pero el problema persiste.
Hace más de 20 años el programa sectorial de ciencia y tecnología reconocía que había una enrome centralización geográfica e institucional. Apuntaba que, a pesar de la creación de numerosos centros de investigación en el territorio nacional, la ciudad de México concentraban entre el 80 y el 90 por ciento del total de investigadores y en su mayoría pertenecían a cuatro instituciones (Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 84-88: 26). En consecuencia, proponía descentralizar y distribuir geográficamente las actividades.
Un inventario de Conacyt de 1984 mostraba que las cifras no eran tan exactas, aunque se aproximaban bastante: el Distrito Federal concentraba 226 instituciones de investigación, mismas que representaban el 36 por ciento del total de instituciones de ese tipo; reunía a más de 10 mil personas que se desempeñaban en investigación y desarrollo experimental (61 por ciento del total en el país); y alrededor de 7 mil proyectos de investigación (poco más de la mitad de los que se desarrollaban en el territorio nacional).
En todos los casos, la distancia que separaba al Distrito Federal del resto de entidades era muy importante. Sextuplicaba el número de instituciones que tenía Jalisco y la proporción era mayor si se consideraba el tamaño del personal de investigación y desarrollo experimental. Por ejemplo, multiplicaba por un factor de 17 al personal de Morelos, entidad que le seguía, después del Estado de México, en volumen de recursos humanos.
También era cierto que las instituciones de sostenimiento federal, como la UNAM, la UAM y el IPN, concentraban una cuarta parte del total de personal y otro tanto se concentraba en los centros e institutos por ese entonces dependientes de las secretarías de la administración pública federal.
Un movimiento lento pero sistemático hacia la descentralización se registró en las últimas décadas. Poco a poco creció el número de instituciones fuera del Distrito Federal --p.e. los centros públicos de investigación--, también la matrícula de posgrado en las entidades federativas y el número de investigadores en las universidades estatales. La misma UNAM --al igual que el Cinvestav--, contribuyó a la creación de núcleos de investigadores en otras instituciones y ella misma ha descentralizado sus actividades en diferentes estados (e incluso fuera del país).
Algunos de los movimientos tienen su origen en la iniciativa descentralizadora que impulsa el gobierno federal desde hace tiempo y otros en los cambios normativos del sector. En este último caso, recientemente, lo más relevante ha sido la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, instancia de coordinación entre la federación y las entidades, también la creación de los consejos estatales de ciencia y tecnología o, más recientemente, los famosos fondos mixtos.
Hasta ahora, la descentralización sigue formando parte de los principales objetivos de la política sectorial y está por verse el cambio en la estructura de incentivos, el funcionamiento de las instancias creadas y el verdadero aliento a las actividades fuera del Distrito Federal. Por lo pronto, media docena de entidades federativas no cuentan con consejos estatales, la matrícula de posgrado sigue concentrada en el Distrito Federal y otras cuantas entidades, lo mismo que el acervo de recursos humanos del sector (más de una tercera parte está en el Distrito Federal y el Estado de México) y la proporción es mayor si solamente consideramos a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (el volumen llega a 50 por ciento), muy por arriba de cualquier otra entidad.
