En los debates que actualmente se llevan a cabo en torno a la reforma energética que habrá de ser discutida en el Congreso, han predominado claramente las perspectivas económicas y políticas. Sin embargo, son de gran interés los puntos de vista que han presentado algunos analistas, quienes han llamado la atención hacia las dimensiones científicas y tecnológicas. En este sentido, el analista Javier Flores ha escrito un par de textos (La Jornada, 25/03/08 y 15/04/08), donde señala que en el discurso oficial se subraya la falta de capacidad tecnológica de nuestro país para aprovechar sus recursos petroleros. Lo peor de todo, advierte Flores, es que dicha incapacidad “se observa como algo natural, como una verdad incuestionable que no debe sorprender a nadie: no podemos solos y tenemos que recurrir a otros para obtener a un costo muy elevado lo que nos pertenece”. De este modo, la propuesta desnacionalizadora del petróleo promovida por el gobierno actual se justifica por la falta de capacidad científico-técnica.

No obstante, Javier Flores recuerda dos momentos cruciales en la historia del país: el primero de ellos ocurrió al nacionalizarse la industria petrolera, cuando los ingenieros, técnicos y obreros mexicanos consiguieron sacarla adelante, a pesar de los presagios en contrario lanzados por los detractores de la expropiación. El segundo acontecimiento fue la creación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por iniciativa del entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles padre y cuyo primer director fue el ingeniero Javier Barros Sierra. Los objetivos originales del IMP, señala Flores, fueron la investigación y el desarrollo de disciplinas científicas básicas y aplicadas; la difusión del desarrollo científico y su aplicación en la técnica petrolera, y la capacitación de personal obrero.

Flores explica que la decadencia del IMP se debe entender en el marco del proceso de desmantelamiento de la investigación científica y tecnológica en el sector energético, mediante recortes presupuestales y el abandono, junto con el IMP, de los institutos de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares. A ello se agregan los bajos montos que se otorgan a las instituciones públicas de educación superior que realizan investigación científica y tecnológica. Hay que recordar, en ese sentido, que el gasto nacional en investigación y desarrollo no ha pasado del medio punto porcentual desde hace 25 años.

En el segundo de los artículos mencionados, Javier Flores hace un recuento de los logros y capacidades del IMP, señalando que desde sus primeros años ha obtenido diversas patentes usadas por Pemex y otras empresas petroleras, así como la creación de plantas para producción de diversos derivados del petróleo y la realización de proyectos de perforación, producción y manejo de fluidos e instalaciones para zonas de producción petrolera en el Golfo de México. El IMP emplea a más de 200 doctores, tiene 109 laboratorios y una vasta experiencia tecnológica en los diversos procesos de la cadena petrolera.

Más aún, “desde 1986 cuenta con la capacidad para la explotación de yacimientos en aguas someras—lo que le permitiría, de contar con los recursos apropiados, avanzar en el mediano plazo hacia aguas profundas”. Las capacidades del IMP podrían, incluso, aumentarse si se le diera un lugar importante en la estrategia de modernización de la empresa. Llama la atención, a decir de Flores, que la propia dirección actual del instituto no parece tener voluntad de promover sus capacidades y potencialidades.

Por su parte, Víctor Manuel Toledo, en su columna del 19 de abril en el mismo periódico, señala que el debate sobre la reforma energética, el Poder Legislativo tiene la obligación de “convocar a los científicos y técnicos ligados a la industria del petróleo, pero también a los que han realizado investigaciones en el campo de las nuevas energías alternativas”. Para él, un plan “sensato e inteligente” de reforma energética debe contemplar la gradual transformación de una sociedad basada en el petróleo a otra cuyos cimientos sean las energías alternativas: solar, vientos, mareas, movimientos de agua y biomasa. Toledo señala que la industria petrolera ha creado un tremendo avance tecnológico en íntima relación al poder económico y ha sido el principal agente de la contaminación que ha llevado al calentamiento del planeta, lo cual ha significado el mayor desequilibrio ecológico que se recuerde. En el centro del debate, subraya Toledo, pareciera estar, por un lado, “una ciencia pública orientada por las necesidades sociales y generada en centros académicos generalmente de carácter estatal, y una ciencia privada, de saberes patentados, cada vez más dominada por las grandes corporaciones y dirigida a incrementar las ganancias”. Como puede advertirse, ambos autores coinciden en que las discusiones sobre la reforma energética deberán incluir, sin cortapisas, la situación que guarda el país en materia de capacidad científica y técnica.