A diferencia de lo ocurrido en los últimos años, ahora los diputados lograron no solamente aprobar en tiempo y forma el gasto para el año próximo, sino también hacerlo anticipadamente y casi por unanimidad. Salvo una que otra precisión y desacuerdo, como el error sobre el monto del fideicomiso para los trabajadores migrantes, la omnipresencia de la Secretaría de Hacienda o los beneficios para los expresidentes, los legisladores estuvieron de acuerdo con los renglones de presupuesto de, en cifras redondas, 2.6 billones de pesos. Nada menos.

En el caso del gasto para ciencia y tecnología los diputados añadieron a la propuesta enviada por el Ejecutivo un mil millones de pesos. Pero, además del aumento, vale la pena notar otros aspectos que resultan relevantes para la aplicación de recursos en el sector y la relación entre poderes.

Las modificaciones al presupuesto no parecieron resultar de una solicitud expresa en la comparecencia de la semana anterior del titular de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Al menos lo que reportaron los medios y el propio Conacyt, fue que solamente se cuestionó la insuficiencia de recursos para fortalecer el federalismo y en general para impulsar las actividades del sector. El funcionario, por su parte, explicó algunas iniciativas en marcha y reconoció avances en el financiamiento pero también que los recursos propuestos por el gobierno federal no son los que se requieren. Nada se dijo de buscar un incremento.

Sin embargo, el dictamen presentado al pleno por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública modificó al alza el proyecto del gobierno federal. En cifras redondas, el proyecto consideraba un gasto total para ciencia y tecnología de 38 mil 83 millones de pesos, mientras que los diputados propusieron añadirle un mil millones más, para sumar un total de 39 mil 83 millones de pesos. Esta última fue la cifra que aprobaron los legisladores.

Además, los legisladores decidieron donde se debiera aplicar el incremento: 600 millones para fondos mixtos; 150 millones para becas; 140 millones 500 mil pesos para los Centros Públicos de Investigación, 59 millones 500 mil pesos para programas de investigación; 20 millones para el Sistema Nacional de Investigadores; y 30 millones para el Laboratorio de Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio).

Sobre la ampliación de recursos llama la atención que el mayor volumen sea destinado a fondos mixtos (fideicomisos para investigación científica y desarrollo tecnológico que se integran con aportaciones del gobierno federal y los gobiernos estatal o municipal), sobre todo por el cuestionamiento que hicieron los legisladores a la política de federalismo en la comparecencia del director de Conacyt. Además, el decreto de presupuesto incluye un artículo que indica que las cinco entidades federativas con menor índice de desarrollo humano no aportarán en contrapartida a los fondos mixtos (artículo 60). Es decir, los diputados están asumiendo un papel activo en la definición de las políticas —ahora de federalismo— y tienen a su disposición el instrumento de los recursos. También llama la atención el etiquetamiento de recursos para el Langebio. Un laboratorio del Cinvestav en Irapuato que comenzó a funcionar en 2005 y que en 2006 enfrentó algunos contratiempos en el ejercicio de su presupuesto. Sin duda el laboratorio, como otros, realiza una actividad científica relevante, pero es difícil saber si es por el área de estudio, una mayor sensibilización a problemas específicos o en qué se funda el apoyo de los legisladores.

Otra modificación más que hicieron los legisladores fue precisar el destino de los recursos que son derivados a Conacyt por las sanciones que aplica el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos. Estos recursos, según lo decidieron los diputados en diciembre de 2004, son canalizados al organismo rector de ciencia desde 2005, pero al parecer había cierta irregularidad en su distribución y asignación. En esta ocasión, los legisladores indicaron expresamente que “deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los Informes Trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos” (artículo 53).

En resumidas cuentas, como se podrá advertir, al creciente papel de los legisladores como poder independiente y activo en el diseño del gasto público, un papel que vienen desempeñando de forma muy irregular desde hace una década, ahora se suma una mayor responsabilidad en la conducción de las políticas y el presupuesto. No podemos calificar la actividad de los legisladores por lo que ocurre en un sector o unos cuantos hechos, pero recordemos lo que ocurrió con la Ley Federal de Radio y Televisión o las recientes reformas constitucionales en materia electoral. Llegó la hora de los legisladores.