Los litigios no son nada del otro mundo en el terreno de la ciencia y la tecnología. No lo han sido en el pasado y tampoco lo son en el presente. Sin embargo, actualmente aparecen un día, al siguiente se multiplican y cada vez alcanzan mayor resonancia nacional. El caso reciente del fiscal Alejandro Gertz Manero y su nombramiento como investigador nacional nivel III del SNI es emblemático, pero no es el único. Los diferentes ejemplos exhiben un dudoso respeto normativo y un reiterado patrón de enredo jurídico.

Si los pleitos en los tribunales son la cara más visible del aparato científico y tecnológico, nada bueno asoma en la superficie y mucho menos en el interior. El ánimo rijoso comenzó desde antes de iniciar el periodo de gobierno. ¿Usted lo recuerda? Fue en el periodo de transición, a propósito de una filtración de una solicitud de la ahora directora del Conacyt, en donde pedía la suspensión de las convocatorias en marcha. Después vieron las aclaraciones de las autoridades de entonces, la invocación de normas y los intercambios en los medios.

Las diferencias de aquellos meses de la transición quedaron zanjadas para la entrega-recepción de la administración y comenzó el periodo de gobierno. La solución, sin embargo, fue aparente porque retornó meses después, con los mismos protagonistas, sobre el tema de los fideicomisos y las acusaciones de asignaciones indebidas. Nada se aclaró posteriormente.

El primer año de gobierno registró el siguiente episodio jurídico que todavía está en vilo: la disputa sobre la legalidad y legitimidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A la fecha, coexisten dos Foros, uno que es una asociación civil que viene de la ley sectorial todavía vigente y otro más reciente que fue creado al modificar el estatuto orgánico del Conacyt. También sigue en marcha el pleito en los tribunales, con amparos y demandas de uno y otro lado.

Algo similar ocurrió en 2019 con la integración de las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la destitución de Antonio Lazcano de una de ellas. Otra vez las diferencias fueron a parar a los tribunales. Por cierto, queda por resolverse la integración de esas comisiones en el actual proceso de evaluación y qué ocurrirá con los amparos.

Otra serie de amparos fueron promovidos en contra del nuevo reglamento del SNI que excluye del otorgamiento de incentivos a los investigadores de las instituciones particulares. Los amparos han sido admitidos a trámite y algunos han conseguido una suspensión provisional de la medida de exclusión. Todavía no hay nada definitivo y seguramente el altercado continuará.

En el cúmulo de litigios, sin embargo, los pleitos por causas laborales son los más numerosos. Al menos existe un centenar y medio de juicios abiertos por despidos injustificados, especialmente se trata de integrantes del programa Cátedras Conacyt. Un reporte de los casos indica que al menos 68 de ese total de demandas laborales se originaron en la actual administración y que ahora son atendidos por personal del propio organismo, a diferencia de administraciones anteriores en los que participaba un despacho privado (Reporte Índigo 24.02.2021).

Por último, el muy polémico ingreso del fiscal Gertz Manero al SNI y su cuestionada obtención del nivel III en ese programa, después de más de una década de rechazo y cuando, ni en tiempo ni en forma, parece cumplir los requisitos para recibir la distinción. Los antecedentes del caso han sido ampliamente comentados en los medios y también las reacciones que ha provocado.

La autoridad del sector en su comunicado oficial dice que existen alrededor de 40 juicios relacionados con el SNI y cinco de ellos son por actos presuntamente discriminatorios de las comisiones evaluadoras del programa (Comunicado. 12.06.2021). O sea, ¿la idea es indicar que el fiscal no es caso único y habría que esperar las resoluciones del resto o cómo? También añade que el caso de Gertz Manero es en acatamiento a una orden de la Conapred. Sin embargo, esta última, precisó que “en ningún sentido ordenó” el ingreso del funcionario al SNI y que la valoración “correspondió estrictamente al Conacyt”.

Lo evidente es un patrón reiterado de cuestionamiento a las decisiones de la autoridad del sector y una necesaria intervención del sistema jurídico. Lo grave es que el origen parece estar, por un lado, en una observación muy laxa de las normas, cuado no en ignorar su existencia o en interpretaciones muy cuestionables. Por otro lado, en diversas modificaciones a las normas secundarias, como el estatuto orgánico del organismo rector o reglas de operación o de programas, sin que a la fecha exista un Programa Especial ni una nueva ley para el sector. Por cierto, la ley general debió estar lista en diciembre del año pasado, pero hoy ni proyecto acordado existe.

Así, no es de extrañar la cantidad de juicios y querellas en el sistema científico y tecnológico. Tampoco el escurridizo, inestable y enredado marco normativo que se ha configurado. ¿Las cosas podrían cambiar con una nueva ley general? No, no hay nada a la vista que lo indique. Ni siquiera acuerdos mínimos para elaborar esa norma.

Pie de página: Sobre la reunión con la directora Álvarez Buylla, el sindicato del programa dice que: “Si bien el posicionamiento de Conacyt expresa sensibilidad frente a las condiciones laborales del personal de Cátedras y una preocupación por transformarlas, sus propuestas no se dirigen a mejorar las condiciones estructurales negativas de la relación laboral”.