El pasado 15 de marzo el rector Francisco Barnés hizo que el Consejo Universitario aprobara la reforma al Reglamento General de Pagos de la UNAM. Para lograr esto, el Consejo tuvo que sesionar fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional y ser protegido por cuerpos de seguridad. Esto mostró la notable oposición de numerosos universitarios respecto de las medidas aprobadas. Más importante aún, la último reunión del Consejo hizo patente, otra vez, el distanciamiento de quienes gobiernan la institución con respecto a su propia comunidad. Este tema es central para la vida universitaria, por lo que nos parecen necesarias mayores reflexiones sobre la estructura y los procesos de gobierno en la UNAM.

Nos interesa aquí aludir a dos factores críticos que se expresan con fuerza en la UNAM desde hace muchos años. Por un lado, la preeminencia de las figuras unipersonales frente a los órganos colegiados y la concentración de la autoridad en el nivel central. Por otro, el agotamiento de las formas de construcción e implantación de las decisiones y, con ello, la pérdida del consenso en amplios sectores universitarios.

En diversos conjuntos universitarios internacionales las instituciones tienen como sustento de racionalidad académica el equilibrio entre órganos colegiados y unipersonales, así como el liderazgo temporal de "uno entre pares". La autoridad académica tiende a estar distribuida entre los niveles que conforman las instituciones, permitiendo la articulación de las múltiples expresiones de los campos del conocimiento y de las diferentes visiones sobre la universidad, dándoles a éstas presencia en las decisiones globales.

En México, y particularmente en la UNAM, tanto la estructura formal como el ejercicio de la autoridad universitaria han concentrado las atribuciones de decisión en las figuras unipersonales ­rector y directores, principalmente­, en detrimento de los órganos colegiados Consejo Universitario y Consejos Técnicos­. Estos carecen de independencia real y aunque en su seno pueden existir voces alternativas, las decisiones tomadas ratifican, en la gran mayoría de los casos, los planteamientos de la alta jerarquía.

En la historia reciente de la UNAM son múltiples los cuestionamientos de diversos sectores con respecto a las atribuciones de los órganos de gobierno universitarios. Las resistencias ante las decisiones institucionales ilustran el desgaste de las formas de construcción y ejecución de éstas, y los límites de un esquema de gobierno implantado desde mediados de los años cuarenta. Se vive, en tal sentido, una notable fragmentación en las respuestas de la comunidad ante las decisiones institucionales y, en consecuencia, una pérdida en los niveles de consenso de los universitarios.

Como es sabido, la legitimación de los procesos de decisión en la UNAM supuso un largo proceso de institucionalización que implicó la confrontación de diversas posiciones políticas y académicas. Las formas de gestión sancionadas por la Ley Orgánica de 1945 reflejan, desde entonces, la estructura autoritaria del sistema político mexicano. A las ya descritas características de centralización, personalización de la autoridad y subordinación de los cuerpos colegiados, se añaden la ausencia de una de competencia legítima entre quienes detentan distintas visiones sobre la universidad, y la limitación extrema a la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. Todo esto se ha fundado en una cultura política dominante que interpreta laxa y pragmáticamente algunos "principios universitarios" como la autonomía, la libertad de cátedra y el carácter técnico (neutral y apolítico) de la institución y de sus autoridades.

Es evidente que la construcción de las decisiones universitarias y su legitimación no se reducen a un asunto meramente técnico, como sostienen quienes administran la UNAM. Este proceso implica una compleja dimensión de política universitaria en la cual debiera expresarse la diversidad de intereses y visones académicas de los miembros de facultades, escuelas, institutos y centros. Bajo la estructura normativa actual se ha restringido la posibilidad de que la comunidad universitaria participe de manera efectiva en la construcción de las decisiones de su competencia. De manera particular, desde mediados de los años ochenta la ausencia del consenso académico como mecanismo de legitimación del gobierno universitario ­en un conflictivo contexto político nacional­ ha originado el incremento de movimientos de resistencia y de oposición por parte de importantes sectores universitarios.

El conflicto que continúa hoy en torno a las cuotas de la UNAM abre una oportunidad para reflexionar acerca de los procesos que tienen lugar en el gobierno universitario actual. No es aceptable que las autoridades de la Universidad restrinjan los términos del debate (a temas como las cuotas y el pase automático) con la intención de preservar, para sí mismas, los espacios de decisión. Ante los cambios políticos que ha sufrido la nación entera es necesario un replanteamiento global del gobierno de la Universidad. La redefinición de atribuciones, el real equilibrio entre órganos colegiados y unipersonales, el establecimiento de formas adecuadas de participación para estudiantes y profesores, así como la distribución de la autoridad son sólo algunos de los aspectos que deberá abarcar la necesaria reforma de la UNAM. La construcción de la legitimidad y el consenso académicos no es una tarea fácil, pero su ausencia ­ya se ha visto­ impide el adecuado cumplimiento de las funciones de las instituciones de educación superior y del ejercicio de su gobierno.