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La ida y retorno de jóvenes estudiantes
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 692, pp. 5 [2017-02-09]
 

Sin duda es algo paradójico. Todavía a mediados del año pasado las autoridades nacionales hacían malabares y se quebraban la cabeza para diseñar acciones que permitieran acercarse a la prometida meta, al término de este sexenio, de 100 mil mexicanos enviados a estudiar en Estados Unidos. Hoy más bien hacen cálculos sobre quiénes y cuántos de lo que ya estaban allá retornarán al país como alumnos. La población objetivo es diferente, pero es ilustrativa de la actuación gubernamental.

El nuevo mandatario estadunidense, Donald Trump, está dispuesto a cumplir sus inverosímiles propuestas de campaña a punta de órdenes ejecutivas y las cosas han dado un vuelco de 180 grados. Estados Unidos, el país que imantaba a jóvenes talentos de todo el mundo, endurece los requisitos de entrada a su territorio, intenta prohibir definitivamente el ingreso de algunas naciones y tal parece que se quiere aislar del resto del mundo.

Sin embargo, en un eventual cambio de contexto internacional y del tipo de relaciones con el país vecino, convendría diferenciar las acciones irrealizadas que caen en el ámbito de la responsabilidad nacional, sea por omisión, indolencia, incapacidad institucional o simple negligencia, de aquellas otras que se derivan de las nuevas condiciones o son consecuencia de la entrada en vigor de una orden ejecutiva de Donald Trump.

Tal vez ahora se culpabilizará a Trump de todos los problemas nacionales e incumplimiento de metas. Al final, seguramente su contribución no será nada irrelevante. No obstante, nuestras dificultades no comenzaron con Trump; antes de que resultara electo ya estaban las fisuras de la credibilidad gubernamental, los problemas del crecimiento económico, los obstáculos de las reformas estructurales y ya se habían operado los recortes presupuestales. En todo caso nuestras preocupaciones simplemente se agravaron.

El programa que buscaba enviar 100 mil estudiantes mexicanos a los Estados Unidos y recibir 50 mil estadounidenses en México (“Proyecta 100,000) es emblemático. No es el más importante en el terreno educativo y científico. Sin embargo, es un programa que, en el marco del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), muestra la forma de solventar los problemas.

En estas páginas lo comentamos anteriormente: simplemente resulta increíble que el programa, a septiembre de 2016, ya hubiera enviado 77 mil estudiantes (¡pasó de 14 mil a 77 mil en cuatro años!) con recortes presupuestales y todo. Claro, ahora, posiblemente ya no llegarán a los 100 mil, pero será cosa del nuevo contexto internacional, dirán.

Otro caso son los estudiantes mexicanos en Estados Unidos que probablemente regresarán a México, dreamers o no, a raíz de las órdenes ejecutivas de Trump. El gobierno federal, cuando fue impelido para que tomara acciones específicas e inmediatas ante la indubitable hostilidad del nuevo mandatario estadounidense, anunció diferentes medidas. Unas de protección consular y otras para la recepción de los deportados.

Una de las medidas se refiere a la modificación de la ley general de educación (LGE) para facilitar la incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo nacional, así como para la revalidación de estudios. La propuesta fue presentada al Senado al comienzo de este mes, en carácter de iniciativa preferente, lo que quiere decir que pasarán máximo 30 días para que sea dictaminada y enviada a la cámara revisora por otro periodo similar. La aprobación seguramente será en breve.

Entre las modificaciones que propone está la autorización a las instituciones particulares para las revalidaciones: “...autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida” (fracción III del artículo 14).

O bien, añade una fracción al artículo 33 para impedir “que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional”. Lo mismo que se modifica el artículo 62 para que los estudios realizados nacionalmente puedan declararse equivalentes, “según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar la movilidad académica”, así como para que las IES que tienen RVOE puedan otorgar revalidaciones y equivalencias (artículo 63).

Desde hace tiempo la reforma a la ley era necesaria, al menos desde que la internacionalización y la movilidad académica formaron parte de las políticas educativas. Sin embargo, la autoridad no se había dado por enterada. Hasta ahora, ante lo que parece inevitable.

La autorización de revalidaciones y equivalencias no es nada insignificante. No lo es para los jóvenes que cursaron estudios en el extranjero, tampoco para el sistema educativo nacional y menos para un mercado académico voraz en franca expansión. Y todavía faltan los lineamientos de SEP. ¿Otra veleidad?


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