Paula Martínez, universitaria mexicana en Estados Unidos, sufrió por cuenta propia una de las muchas muestras de racismo que ha desatado la victoria de Donald Trump.

El martes pasado, ella y sus compañeros de la prestigiada Universidad de Brown, en Rhode Island, se juntaron en su instituto para ver los resultados de las elecciones presidenciales. Cuando quedó claro que Hillary Clinton había perdido, Martínez se sorprendió de ver a un estudiante celebrando en el pasillo.

“Le dije: ‘Veo que estás contento, pero solo quiero que sepas que este resultado va a sacar a la luz mucha de la discriminación en este país… y que eso significa un gran problema para muchas de las familias en Estados Unidos’”, relató Martínez, quien cursa la licenciatura en relaciones internacionales. La respuesta del estudiante fue implacable: “No, significa que América va a volverse grande de nuevo”. Después, al enterarse de que ella era mexicana, él soltó un despectivo “¡Eeeew!” y arremetió, “pues, supongo que algunos ganan y otros pierden”.

Hace poco, tales muestras de desprecio y racismo hubieran sido impensables en la universidad, que es considerada una de las más liberales del país.

Pero aún los espacios más tolerantes son vulnerables al “efecto Trump”. Desde la sorpresiva victoria del magnate republicano en los comicios del 8 de noviembre, el clima de xenofobia, racismo y sexismo que él alentó a la largo su la campaña ha salido a flor de piel. El resultado ha sido un brote de ataques contra estudiantes negros, hispanos, y musulmanes en muchas universidades. Vemos algunos ejemplos reportados en la prensa nacional.

El 8 de noviembre: Estudiantes de la Universidad del Este de Michigan encuentran los símbolos del grupo racista Klu Kluk Klan y una esvástica pintados en un edificio de la universidad.

El 9 de noviembre: Un hombre arranca el hiyab de la cabeza de una mujer musulmana y trata de ahorcarla en la Universidad Estatal de San José, en California. Una muñeca afroamericana aparece en un elevador en el Canisius College, en Búfalo, con una soga en el cuello. Y miembros de la Asociación de Estudiantes Musulmanes en la Universidad de Nueva York encuentran grafiti xenofóbico en sus oficinas.

El 10 de noviembre: La policía de la Universidad Estatal de Texas investiga reportes de panfletos colocados en los baños, llamando a la violencia y la creación de “escuadrones vigilantes” contra migrantes. Un mensaje anti-latino aparece en un pizarrón blanco en la Universidad Elon, en Carolina del Norte.

El 11 de noviembre: En la Universidad de Michigan, un hombre armado amenaza con prender fuego a una estudiante musulmana si no quita su hiyab. Estudiantes negros de la Universidad de Pensilvania reciben mensajes racistas a través de las redes sociales, incluyendo imágenes de personas colgando de árboles y un calendario de “linchamientos diarios”.

A su vez, ha habido protestas multitudinarias contra Trump en universidades en todo el país, en donde estudiantes han llevado pancartas con el lema “No es nuestro presidente”. Algunas de estas también han terminado en violencia. Una protesta en la Universidad de Ohio acabó el lunes en la noche, después de que un partidario de Trump tacleó al ponente, tirándolo al piso. El ponente después le dijo a CNN: “Este ataque demuestra que tenemos que construir más solidaridad para resistir la violencia incitada por la retórica de Trump”.

Sin embargo, para la comunidad latina, hay más en juego que la convivencia racial en el país. El lunes, Trump reiteró su amenaza de deportar a hasta 3 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, entre ellos, a decenas de miles de estudiantes indocumentados. Una mayoría de ellos son mexicanos. En específico, Trump ha amagado con revocar una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama en 2012, conocida como la Acción Diferida por Llegadas Infantiles (DACA, por sus siglas en inglés). El programa otorga permisos renovables de dos años para egresados de preparatorias en Estados Unidos que llegaron al país como menores, lo que les permite estudiar en la universidad y trabajar. Para marzo de este año, había 819 mil 512 beneficiarios de DACA, entre ellos 633 mil 915 mexicanos. Seguían El Salvador, con 30 mil 995 beneficiarios, y Guatemala, con 22,031, según cifras de U.S. News y World Report.

El anuncio de Trump ha causado pánico entre los estudiantes indocumentados. Para aplicar al programa, ellos tuvieron que dar sus datos personales, incluyendo su domicilio. Como resultado, son blancos fáciles para la agencia migratoria federal, conocido como ICE (Immigration and Customs Enforcement Administration).

Para los defensores de Trump, los indocumentados representan una amenaza a la seguridad nacional y una competencia desleal por trabajos escasos. Sin embargo, para los defensores de los inmigrantes, estos son portadores de derechos, sobre todo los que llegaron como niños a Estados Unidos.

El lunes, el presidente Obama —cuya administración ha deportado a más migrantes que cualquier otra (más de 2 millones)—defendió las protecciones para los jóvenes indocumentados. La nueva administración de Trump debe “pensar largo y duro antes de poner en peligro el estatus de los que, para todos propósitos, son niños americanos” dijo“Estos niños que fueron traídos aquí por sus familias, ellos no hicieron nada malo”.

En los últimos años, un creciente número de estados ha aprobado leyes que otorgan beneficios a los indocumentados, y sobre todo a los estudiantes. Estos incluyen el acceso a licencias de conducir, colegiaturas reducidas en las universidades estatales como residentes del estado (derechos garantizados en por lo menos 20 estados), y —más recientemente—préstamos estudiantiles estatales (aunque no federales) en estados como California, Minnesota y Texas. Algunas universidades, como Brown, inclusive ofrecen colegiaturas gratuitas a todos los estudiantes (incluyendo a los indocumentados) cuyas familias no pueden pagar.

Ahora, ante las amenazas de Trump, las universidades están buscando formas más radicales de defender a los estudiantes indocumentados. En la última semana, han surgido campañas en un creciente número de universidades, que buscan convertirlas en “santuarios”. La estrategia implica prohibir la detención de estudiantes o trabajadores indocumentados dentro de sus campus.

Entre las instituciones (tanto públicas como privadas) en donde hay campañas en ese sentido están las Universidades de Brown, California, Columbia, Harvard, Wisconsin, y Yale. En Harvard, en donde hay un estimado de 40 estudiantes indocumentados, más de 4 mil estudiantes y profesores han firmado una petición pidiendo la medida. La propuesta también incluye la contratación de un decano de equidad, diversidad e inclusión en la universidad, la creación de un fondo legal para estudiantes indocumentados y el acceso a un psicólogo especializado en casos de deportación, entre otras demandas. En Yale, más de 2 mil 500 han firmado una petición similar, según el Yale News.

Para defensores de los santuarios, la estrategia es un imperativo moral. En una carta publicada el lunes, 168 profesores de la Universidad de Brown firmaron la siguiente declaración: “Nuestro apoyo activo a nuestros miembros más vulnerables demostraría el compromiso de Brown de defender nuestros valores de inclusión, justicia y humanidad. Puede servir como consuelo para los que, especialmente dentro de la comunidad de Brown, sienten miedo e incertidumbre acerca de su futuro y de su seguridad”. Otra carta enviada el lunes y dirigida a egresados de la universidad ha recaudado más de 2 mil firmas, según organizadores.

La estrategia se ampara en un documento emitido por la autoridad migratoria en 2011, en donde la ICE hace explícito que las detenciones migratorias no deben ser llevadas a cabo en “lugares sensibles, tales como escuelas e iglesias… al menos de que existan circunstancias imperativas” o los policías estén persiguiendo a criminales.

El estatus de “santuario” ya ha sido adoptado por alrededor de 300 ciudades en todo el país, incluyendo Nueva York, San Francisco y Washington DC. Aunque las tácticas de resistencia varían entre ciudades, generalmente implican que las autoridades locales se rehúsan a cooperar o estorban el trabajo de la autoridad migratoria federal.

No obstante, la táctica conlleva riesgos. Trump la ha denunciado como ilegal, y ha amenazado con quitar fondos federales para algunas ciudades “santuarios”. En principio, podría hacer lo mismo con las universidades que obstaculizan los esfuerzos de la agencia migratoria, al quitarles fondos federales para investigación y el acceso a préstamos estudiantiles federales.

Quizás por ello, la administración de Brown aún no se ha comprometido con la propuesta de ser “santuario”. Según un alto funcionario de la universidad, después de consultar a sus abogados, “entendemos que universidades y colegios privados no tienen protección legal” ante la entrada de miembros de la policía o de la ICE. Sin embargo, “Brown toma muy en serio su compromiso de apoyar a miembros indocumentados de la comunidad”, le dijo el vicepresidente de comunicaciones, Cass Cliatt, a la revista Newsweek.

La postura de las universidades es una muestra más de la gran brecha cultural y política en el país. Esta se divide entre las ciudades y las zonas rurales, y entre los que tienen títulos universitarios y los que apenas terminaron el nivel medio superior. En ambos casos, los primeros grupos votaron en su mayoría por Clinton, y los segundos por Trump. De hecho, la brecha educativa según la afiliación partidaria, de 9 puntos porcentuales, fue más amplia que en cualquier elección desde 1980, según el Centro Pew de Investigación.

Mientras tanto, las tensiones entre las dos Américas seguramente seguirán en aumento. Ante ese escenario, las universidades deben optar por defender a sus miembros más vulnerables, empezando por los estudiantes indocumentados.