La normatividad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt) dice que su mesa directiva se debe reunir para conocer y aprobar el informe y el programa anual de actividades del coordinador general. Así fue. La reunión se realizó la semana pasada y ahí se dio cuenta de algunos logros en el periodo. Sin embargo, tal parece que una de las principales iniciativas del periodo, la creación de una oficina de asesoría con el Legislativo, no termina de hacerse realidad.

El informe fue entregado a los integrantes de la mesa directiva el pasado 19 de agosto, aunque, según se dijo, todavía es preliminar. Para efectos prácticos, no está disponible para el público. El programa seguramente es el mismo que el planteado para el año anterior, porque solamente se mencionaron los tres ejes de trabajo del bienio 2014-2016, por lo menos no quedó registrado en el boletín correspondiente (No. 491).

El Foro, como se sabe, es ese organismo intermedio —con figura de asociación civil— entre las autoridades del sector y la comunidad científica, académica, empresarial y tecnológica que funciona desde el 2002. La misión principal que tiene encomendada es doble: por un lado, promover la participación y expresión de la comunidad; por otro, apoyar y asesorar institucionalmente al Conacyt.

La mesa directiva del Fccyt se integra por 20 representantes de la academia y del sector empresarial: 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones (como las academias de Ciencias, Ingeniería o Medicina, también de la Coparmex o Canacintra e instituciones como la UNAM o el IPN) y tres miembros designados del SNI.

Un ajuste importante del Foro se realizó al comienzo del actual periodo, a partir de septiembre de 2014. En buena medida los ajustes fueron resultado del programa de trabajo y las líneas impulsadas por su actual coordinador, José Franco, pero también por las recomendaciones de una evaluación realizada por la consultora española Cotec.

José Franco se planteó tres grandes ejes de trabajo en su programa para el periodo 2014-2016: fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación; políticas públicas en el sector; y comunicación social. Los mismos que se reiteraron en el reciente informe.

La evaluación externa del Foro se centró en tratar de mejorar el impacto de sus actividades en la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, dado que una evaluación previa se había enfocado en optimizar la operación del Foro en el ciclo de las políticas sectoriales. El diagnóstico de la primera fue que debía ser más selectivo y establecer prioridades en el tipo de actividades a realizar, optando por aquellos campos donde se podría aportar más valor añadido.

En consecuencia, las recomendaciones incluyeron cinco diferentes ámbitos. El primero de ellos, concerniente a la relación con los poderes públicos, se sugirió focalizar la relación con el poder legislativo federal “en el trabajo de asesoramiento y provisión de información a demanda del mismo”, diferenciando la posición de los expertos independientes y las posiciones de la mesa directiva del Foro. También se recomendó mayor y mejor estabilidad presupuestal para el organismo y un mayor involucramiento de los integrantes de la mesa directiva en las actividades del Foro, entre otras recomendaciones.

En el informe del Fccyt de septiembre del año pasado se reportó que la Oficina de Ciencia y Tecnología para el Trabajo Legislativo, derivada de las recomendaciones de la evaluación, era un proyecto en marcha. Ahí se anotó que, “en una primera fase de conceptualización”, la oficina se localizaría en las instalaciones del Foro, tendría su propia mesa directiva (legisladores y presidentes de academias) y como invitados permanentes estarían el director de Conacyt, el coordinador de ciencia y tecnología de la presidencia —por cierto, este personaje no estuvo en la presentación del informe— y tres científicos reconocidos.

Posteriormente, el mismo Foro informó que en sesión con los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, avalaron la propuesta de crear la oficina. (Ahora, en el reciente informe, se le llama Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión). Pero no, a la fecha, y después de un año, no hay evidencia pública de que tal instancia esté en funciones o que en el corto plazo se ponga en marcha.

Desde luego, el vínculo con los legisladores persiste e incluso la actividad ha ido en ascenso, principalmente para consultar las modificaciones a las normas del sector y el complicado asunto del ramo 38 que año con año se aprueba. Sin embargo, lo que todavía no está es la institucionalización de un trabajo de asesoría y de beneficio mutuo. Los legisladores no parecen estar muy interesados. Posdata: ¿El Repositorio Nacional estará listo para el próximo informe de gobierno —aunque sea solamente de los centros públicos de investigación— o mejor ya no lo esperamos?