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La Secretaría de educación de la Ciudad de México
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 666, pp. 4 [2016-07-21]
 

Hace casi exactamente un año, un mes después de los resultados electorales en la Ciudad de México y con un alto nivel de desaprobación a la gestión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el mandatario realizó un ajuste mayor en su gabinete. Uno de los cambios fue en la Secretaria de Educación (Sedu) capitalina. En julio de 2015 ingresó a la Sedu Alejandra Barrales —sustituyó a Mara Robles que había iniciado con el periodo de la administración— y hoy, un año después, deja el cargo para tomar la dirección del Partido de la Revolución Democrática.

Aunque los discursos digan lo contrario o sean inexistentes, demos por sentado que el cambio de aquel entonces, el cambio de hoy o cualquier otro, están más pendientes del futuro de las próximas elecciones, más que a las preocupaciones sobre la educación del presente. También dejemos de lado las especulaciones sobre las corrientes partidistas que se benefician o languidecen con los movimientos del gabinete.

El hecho incontrovertible es que la Ciudad de México, como ya lo hemos indicado anteriormente (Campus Milenio No. 645), es la única entidad de la República en la que no se descentralizaron los servicios educativos. A diferencia del resto de entidades federativas, desde hace más de 20 años, el gobierno local no controla ni presta el servicio educativo de educación básica y normal. Aunque cuenta con una ley y sí ha emprendido diferentes programas.

La educación en la Ciudad de México sigue dependiendo del gobierno federal. El gobierno local se hará cargo cuando se acuerde lo correspondiente con el sindicato magisterial, según lo establece el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación. En las negociaciones de la reciente reforma política que cambió el nombre de la entidad no se incluyó el componente educativo, aunque quizás el tema sí forme parte de las discusiones de la próxima Asamblea Constituyente.

¿Cuáles fueron las acciones más sobresalientes de la ahora ex titular de la Sedu en su relativamente breve gestión? Tal vez, aparte de la serie de fotos y acciones distributivas que proliferaron en el periodo, lo relevante fueron algunas modificaciones normativas que resultaron de acuerdos y convenios con diferentes sectores.

Uno de los primeros acuerdos fue el que firmó el jefe de gobierno para ampliar la cobertura en media superior y superior a jóvenes excluidos, participaron diferentes instituciones de educación superior. La idea era integrar una oferta de lugares extra en lo que se denominó “Educación Por Ti”.

El programa sumaba lugares del propio bachillerato de la Ciudad de México (Bachillerato Digital, B@DI; el Bachillerato a Distancia, B@D; y la preparatoria José Guadalupe Posada), instituciones públicas (UNAM con 2 mil cursos de nivelación y otros tantos de formación propedéutica, y el Poli con 2 mil 500 lugares en modalidad no escolarizada) e instituciones particulares (Tecmilenio con 300 becas, Ibero 500 becas y UVM 300 becas) (Gaceta CDMX. 11.09.2015).

Sin embargo, como en estas mismas páginas lo documentó Roberto Rodríguez, el programa con las instituciones particulares resultaba controvertido porque las becas otorgadas a jóvenes excluidos eran a cambio de beneficios fiscales. Una especie de voucher educativo sin nombrarlo como tal.

Otra modificación normativa que impulsó la ex secretaria de Educación fue poner en marcha el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Una facultad que estaba prevista en la ley pero que no había ejercido el gobierno de la Ciudad de México. Seguramente a partir del próximo ciclo escolar se advertirán los primeros resultados de esta modificación.

Una tercera y más reciente modificación, también en el terreno de la cobertura educativa, fue la creación de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior de la Ciudad de México (Gaceta CDMX 08.06.2016). Una comisión como las que proliferaron desde los años 70 en las entidades federativas, la de la Ciudad de México integrada por una treintena de representantes (funcionarios capitalinos y del gobierno federal; instituciones de educación superior públicas y privadas) y presidida por la Sedu.

También recordemos que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de la zona centro se comprometieron a poner en marcha la “estrategia de cero rechazados en la educación superior”. Una iniciativa que requerirá acuerdos entre los titulares de las entidades. Por cierto, al final del mes pasado, cambió de titular la secretaría de Educación del estado de México (Boletín 30.06.2016).

En fin, la principal responsabilidad educativa del gobierno de la Ciudad sigue pendiente y en el corto plazo habremos de advertir qué quedará de las modificaciones normativas, todas ellas secundarias.


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