"El Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado y comprometido a tener una capacidad hospitalaria y de infraestructura para atender potencialmente a esos 7 millones de estudiantes", dijo el presidente de la República, Peña Nieto, el pasado 18 de abril.
Es el anunció más reciente sobre la afiliación de estudiantes de niveles medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Y sí, más o menos desde hace treinta años, está la misma idea.
En junio de 1987, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid y cuando casi estábamos por descender de la cresta de aquella crisis económica, fue el primer acuerdo para incorporar al seguro facultativo (acceso al servicio médico solamente para enfermedades y maternidad) del IMSS a todos los jóvenes de educación media superior y superior de todos los planteles “públicos oficiales” del sistema educativo nacional (Diario Oficial de la Federación 10.06.1987).
Sin embargo, debido a las modificaciones a la ley del Seguro Social de mediados de los años noventa, se emitió un nuevo acuerdo para incorporar al régimen obligatorio del seguro social, ahora a todas “las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado” (DOF 14.09.1998). Es decir, se intercambió la anterior denominación de “planteles públicos oficiales”, por instituciones del Estado. Recordemos que la reforma de esos años, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, modificó el esquema de pensiones y estableció las cuentas individualizadas para el retiro, pero no incluyó el seguro facultativo, por ello se emitió el entonces nuevo acuerdo.
Lo sorprendente es que ni la administración de Zedillo ni las subsecuentes han precisado con claridad el volumen de estudiantes que atienden en esta modalidad. Seguramente, como ocurre con una buena parte de los datos estadísticos nacionales, probablemente la información existe, pero está dispersa en los expedientes de los alumnos en las instituciones educativas y en los inescrutables registros del Seguro Social. Ni para qué tomarse la molestia de difundirlos, si lo importante es decir que ya tienen el servicio.
En términos relativamente vagos, los datos oficiales, solamente han incluido el volumen de gasto por concepto de cuotas y aportaciones, pero ahí también están contabilizados los gasto médicos de pensionados, el seguro para la familia y, claro, el seguro médico para estudiantes.
En el anuncio más reciente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que actualmente están afiliados alrededor de 3 millones de jóvenes en la modalidad del seguro para estudiantes de nivel medio superior y superior y la meta es “alcanzar los 7 millones de jóvenes en estos niveles educativos”. (El total de jóvenes en los dos niveles suma alrededor de 8 millones 680 mil).
Avanzar en la universalización de los servicios de salud es una acción no solamente importante, también es justa y muy necesaria. El problema es que el Seguro Social tiene lo mejor y lo peor en atención a la salud. En la población, especialmente en la más vulnerable, ha quedado relativamente claro el calvario, lo insufrible y los malos tratos de los niveles primario y secundario de atención a la salud en las clínicas familiares.
Una sobredosis de paciencia y tolerancia en los niveles previos es lo mejor para aguardar la alta capacidad y profesionalización de la atención de tercer nivel en hospitales del Seguro Social. Sin embargo, todo parece indicar que la fatalidad también alcanzó a este último nivel y ya adoptó las mismas prácticas. Las quejas sobre la demencial burocratización y los casos de negligencia medica se multiplican exponencialmente. Unos dicen que son acciones deliberadas del personal para resistir la universalización del servicio.
Lo cierto es que se trata de un sistema de seguridad social sobresaturado que se recargará todavía más y provocará un mayor deterioro en el servicio. Seguramente las recientes movilizaciones de personal médico y de enfermeras lo saben o lo intuyen. La experiencia podría ser similar a lo ocurrido con el sistema educativo: la expansión de la matrícula de los años 80 y 90 se realizó a costa de los salarios de los profesores y sobre la base de la misma infraestructura. Hoy tenemos los resultados a la vista.
La alternativa no puede ser restringir el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable, pero tampoco integrar o profundizar circuitos diferenciados de atención a la salud. Y para colmo, el secretario de Hacienda anuncia un segundo recorte al sector salud por 6 mil 500 millones de pesos, precisamente en el rubro de actividad: “Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona”.
