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¿Otra vuelta a los estímulos fiscales?
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio No. 661, pp. 5 [2016-06-16]
 

“Estoy seguro de que, trabajando juntos, podremos identificar y, sobre todo, derribar las barreras que todavía dificultan una mayor participación del sector privado en investigación y desarrollo”, espetó el presidente Enrique Peña Nieto en la más reciente ceremonia de entrega de premios de investigación y ante los integrantes de la cuarta reunión del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Luego, el mandatario, enumeró cuatro medidas para el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas. La primera fue precisamente sobre la participación del sector privado, donde instruyó para que el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Economía inicien un proceso de diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial, para “diseñar un posible programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en investigación y desarrollo experimental” (Blog Presidencia 27.05.2016).

Los incentivos fiscales son uno de los principales instrumentos para alentar la inversión de las empresas del sector productivo. La medida tiene sus apologistas y detractores. Los primeros dicen que son muy necesarios para alentar la inversión en cierto tipo de áreas que no son particularmente atractivas para el empresariado —como la investigación científica y el desarrollo tecnológico—, así que son partidarios de todo tipo concesiones, aunque ello signifique una menor tasa de recaudación fiscal.

Por el contrario, los que rechazan los incentivos fiscales destacan que no resolverán el problema del desarrollo y la inversión, más bien lo complican, al multiplicar las excepciones y los tratamientos fiscales especiales que disminuyen la recaudación. En realidad, indican, se debiera atender a las dinámicas de cambio e incrementar la base fiscal y asegurar mayores recursos públicos.

La puesta en marcha de incentivos fiscales es un camino que ya se experimentó al final de los años noventa y especialmente en el periodo de Vicente Fox. Incluso, antes de ese periodo, la normatividad tenía prevista una deducción del Impuesto Sobre la Renta si se destinaba un gasto a capacitación y a investigación y a desarrollo, así como un 20 por ciento de crédito fiscal. Aunque, en ese entonces, la queja del empresariado era lo abigarrado y tortuoso que resultaba el proceso.

En los años 2000 se modificó la normatividad para agilizar los procesos, así que se integró un comité interinstitucional que se encargaría de aplicar los incentivos (DOF. 21.12.2001). El comité estaba formado por Conacyt y los secretarios de Economía, Hacienda y Educación Pública. Así, como el que ahora sugiere el presidente. Bueno, casi, porque en ese entonces no figuró el Consejo Coordinador Empresarial y ahora no incluyó al secretario de Educación Pública. Seguramente este último ya tiene suficiente con la reforma educativa.

Las reglas generales para la aplicación de los estímulos fiscales se fueron ajustando periódicamente, intentando precisar excepciones, rubros y condiciones para hacerlos efectivos. También se incrementó el crédito fiscal (pasó de 20 a 30 por ciento) e igualmente ocurrió con el monto para estímulos fiscales (paso de 500 a 3 mil millones).

Sin embargo, al final de los años 2000 las críticas al programa de incentivos fiscales se intensificaron, destacando principalmente la escasa transparencia en los mecanismos de operación para la asignación de los fondos y, sobre todo, su alta concentración y beneficios para empresas transnacionales. Adicionalmente, el reporte de la OCDE sobre la política de innovación en México sugirió que se necesitaba modificar el sistema de incentivos fiscales indirectos y, por el contrario, incrementar el volumen de apoyo directo a las empresas.

Luego, vino la reforma fiscal del 2010 y la incompatibilidad de aplicar lo que se indicaba en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 219) como crédito fiscal en proyectos de investigación o desarrollo de tecnología y lo que indicaba el paquete económico como apoyo directo a través del presupuesto de egresos.

En resumidas cuentas, a partir del 2009, el programa de estímulos fiscales a la investigación y el desarrollo tecnológico fue sustituido por el Programa de Estímulos a la Investigación (PEI). Este último está dirigido a las empresas para impulsar la innovación y propiciar su relación con los Centros Públicos de Investigación y las Instituciones de Educación Superior.

El PEI también está basado en los presupuestos anuales e incluye tres diferentes programas: InnovaPyme dirigido precisamente a las Pyme; Innovatec para las grandes empresas; y Proinnova, para ambos tipos de empresa, pero que tienen proyectos en los que destinan una cuarta parte del costo total del mismo a una universidad o centro público de investigación.

En fin, todavía no está a la vista ningún diseño de nuevo programa de incentivos fiscales ni siquiera el diálogo entre los nombrados. Pero la experiencia sí. ¿Se repetirá?


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