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Universidad: Poder y relaciones políticas
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 660, pp. 6 [2016-06-09]
 

La mayoría de las universidades públicas en México ha vivido una época de relativa tranquilidad política. Entre 99 y 2012 hubo cierta calma estudiantil. Los académicos, por su lado, han tenido actitudes de apatía y no están interesados ni organizados para defender sus derechos. En las universidades públicas se ha dado un creciente burocratismo, ligado al control político que ejerce el gobierno federal por la vía financiera.

En este contexto, es fundamental analizar varias cosas: cómo se da la lucha política en el campus entre los grupos de interés, cómo se gana y se usa el poder del gobierno universitario, porque las políticas y acciones de los rectorados atraviesan toda la comunidad académica. Se requiere investigar cómo se interconectan distintos niveles de poder y cuáles son las relaciones políticas que más destacan para gobernar, negociar acuerdos y favorecer o restar posibilidades al cambio institucional.

En el marco de referencia, se entiende que el poder en la universidad es multidimensional y se teje en relaciones políticas. Quienes ejercen el poder político-académico tienen una enorme influencia en la construcción y reconstrucción institucional. Quienes mandan imponen su voluntad por los cargos que ostentan, por la fuerza del manejo presupuestal y por la implantación de significados, para ganar confianza en la comunidad.

El manejo político, económico, académico y administrativo de la universidad, a medida que la institución se ha vuelto más compleja, refleja los rasgos estructurales que ha adquirido el gobierno universitario: centralización de las decisiones, escasa participación de profesores y estudiantes en las decisiones que tienen que ver con el rumbo institucional, sobrepeso de la parte administrativa y control de los cuerpos colegiados y las organizaciones gremiales.

Hay varias hipótesis, basadas en observaciones, estudios y datos dispersos, acerca del sistema de relaciones políticas que resultan de la estructura y funciones del gobierno universitario.

Las relaciones de la comunidad universitaria con sus autoridades muestran que existe un distanciamiento notorio entre ambas. Hay poca interacción y diálogo para conducir y administrar la universidad. El verticalismo, el centralismo y la exclusión muestran la unión de intereses de unos pocos frente al resto.

El verticalismo supone el control de los cuerpos colegiados, los institucionales y los que funcionan en las dependencias académicas. El control estimula que las decisiones se procesen en dichos órganos, sin consultar sus agendas o decisiones con la comunidad Las relaciones políticas en el campus buscan ceñir la vida académica a los dictados de la administración central.

Un rectorado volcado sobre sí mismo, pierde sensibilidad para captar las necesidades de la academia, del desarrollo del conocimiento. Lo limita para crear y aplicar políticas pertinentes al cambio institucional. Le impide usar sus fortalezas políticas y ganar capacidades para satisfacer demandas cada vez más diversificadas.

La autoridad que preside los Consejos en las dependencias, por su lado, recibe presiones cruzadas entre la rectoría y los representantes comunitarios; a los directores les cuesta mucho trabajo salir avante satisfaciendo ambas partes. Cuando lo consiguen ganan legitimidad. Se legitiman, también, cuando gestionan ante la administración central las demandas de su comunidad, con buenos resultados. Pero hay ocasiones en que la autoridad local pasa inadvertida, para profesores y estudiantes, porque está subordinada a las políticas rectorales o a las inercias que vienen del pasado.

La centralización política en el campus limita el poder de los cuerpos colegiados locales para influir en las decisiones institucionales. Por ejemplo, en la elaboración de los Planes de Desarrollo Institucional. Tampoco intervienen, o intervienen muy poco, en la formulación de los criterios de evaluación que se emplean para distribuir los recursos económicos y simbólicos a los académicos. Tales criterios se establecen en la administración y se aplican a través de comisiones que siguen normas al margen de las reglas estatutarias. Las comisiones evaluadoras reciben poder, de cara a la comunidad académica.

El sistema político universitario, su verticalidad, usos y costumbres, no alienta una participación, verdaderamente representativa, de la comunidad en los cuerpos colegiados. Una gran mayoría en el campus no participa porque cree que sus opiniones no son tenidas en cuenta.

El desgano recorre el campus, y eso no es una buena práctica universitaria. La comunidad universitaria no tiene entusiasmo de participar porque considera que su representación en los cuerpos colegiados no consigue detener medidas que la afectan negativamente, de las que no se entera por falta de comunicación. Hay evidencias empíricas que hacen plausible esta proposición (eg. Galaz; Suárez).

Habrá que reflexionar para proponer e implantar una reforma en la que el equilibrio político se sustente en la autonomía, en un régimen incluyente de la academia en el gobierno universitario. Un rectorado capaz políticamente, eficiente en su gestión, y orientado académicamente, va de la mano con la existencia de buenas condiciones para las labores intelectuales y con el avance institucional.


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