La SEP tiene un nuevo reglamento interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación este 8 de febrero. El nuevo ordenamiento muestra algunos cambios notables, pero en su mayoría son modificaciones que ya operan en la estructura administrativa de la Secretaría. Seguramente todavía no es la reestructuración que anunció el secretario Aurelio Nuño hace unas semanas, pero probablemente anticipan el ajuste mayor.

La SEP es una de las estructuras administrativas más voluminosa y compleja de la administración pública. Tiene a su cargo el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, lo que incluye más de 250 mil escuelas oficiales, reconocidas e incorporadas, así como más de 36 millones de alumnos.

El artículo 38 de la ley orgánica de la administración pública federal le reserva a la SEP una veintena de funciones que tienen que ver con la organización, vigilancia y desarrollo de todo el sistema, los niveles y modalidades educativas, incluyendo el sistema de compensaciones y estímulos al profesorado, el otorgamiento de becas a los estudiantes y la revalidación de estudios y títulos, entre muchas otras. Según la misma normatividad de la administración pública, la forma de organizarse para cumplir con las funciones encomendadas y delimitar las atribuciones que le corresponden, debe ser a través de lo que establezca en su reglamento interior.

El reglamento interior es expedido por el ejecutivo federal y en la práctica ha sido la forma de ajustar la estructura de la SEP a nuevas nomenclaturas administrativas, a los planes de gestión que cada administración le reserva o para añadir o eliminar instancias en el complejo mundo de la burocracia educativa.

En los últimos 15 años, al menos se ha modificado una decena de veces el reglamento interior de la SEP. En el periodo de Vicente Fox tuvo cambios relevantes en el segundo y en el penúltimo año de su gestión, cuando creó tres coordinaciones generales (la de Educación Intercultural, la de Media Superior y la de Atención Ciudadana), la Unidad de Enlace con el Congreso y después el reordenamiento de las subsecretarias —incluyendo la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas— y de sus direcciones generales.

En el periodo de Felipe Calderón el reglamento se reformó en cinco ocasiones, principalmente para precisar, ampliar o restringir algunas facultades de sus diferentes unidades, coordinaciones (universidades tecnológicas), direcciones generales o la Universidad abierta y a distancia de México. Aunque no se modificó de forma sustantiva la estructura general de la Secretaría.

Hace tres años, la actual administración, en enero y octubre del 2013, modificó de nueva cuenta el reglamento. Los cambios básicos fueron el nombramiento como subsecretaría a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas —a la cual le añadió algunas funciones, como la de suplir en ausencia al titular de la SEP—; también precisó atribuciones a la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública.

El asunto es que la estructura administrativa de la SEP, como la mayoría de burocracias, ha crecido a un ritmo mayor, en comparación con los beneficiarios de sus servicios o la población atendida. Por la misma razón, casi siempre genera oposición e inconformidades los cambios en la administración pública.

Seguramente la SEP, anticipándose a las críticas, aclara que la reforma más reciente a su estructura no tendrá un impacto presupuestal. Los cambios más relevantes son, otra vez, el nombre de instancias ya existentes. Por ejemplo, la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas ahora será Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de Políticas; la anterior Unidad de Coordinación Ejecutiva pasará a ser Jefatura de Oficina de la Secretaría y se le añade la función de coordinar los órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas.

Otros cambios tienen que ver con la ampliación y precisión de funciones de algunas coordinaciones y direcciones generales. Es el caso de la Dirección General de Evaluación de Políticas, a la cual se le asignan ocho funciones que tienen estrecha relación con el trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Por ejemplo, esa Dirección podrá proponerle al INEE: “criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las evaluaciones competencia de la Secretaría, y hacer recomendaciones técnicas a dicho Instituto sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus resultados”.

El secretario de Educación Pública ha dicho que para junio de este año habrá una propuesta de reforma administrativa de la SEP y tal vez ahí se apreciará con mayor claridad si la expansión de la dependencia llegó a su punto de inflexión y también si avanza, retrocede o coexiste pacíficamente con organismos como el INEE. Por lo pronto, fue un adelanto.