A principios de los años sesenta del siglo pasado, la sociología tenía una noción del desarrollo que contenía la ocurrencia interrelacionada de muchos procesos. El desarrollo suponía el incremento de la participación política, mejores niveles de vida, migración del campo a la ciudad, urbanización acelerada, emergencia de un mercado interno vigoroso, y un sistema educativo amplio y diverso, con una disminución del analfabetismo correlativa al aumento en los niveles de escolaridad de la población.
Una de las consecuencias del desarrollo, se decía, es estimular la movilidad social y con ello la emergencia de la llamada clase media. El resultado de la rápida movilidad social significaría que los países en vías de desarrollo gozarían de estabilidad política, que al mismo tiempo es una precondición para más desarrollo. La movilidad se apreciaría entre sectores de la economía y en el entramado ocupacional. La movilidad ocupacional ascendente estaría basada en más altos niveles escolares y su resultado sería una mejoría en los ingresos, sueldos y salarios de la gente.
La operación de los cambios sociales, sin embargo, es más compleja, por lo que respecta a la estratificación. Max Weber, mucho antes, había hecho notar que el orden de la estratificación contiene varias dimensiones (e.g. poder, prestigio y dinero) y que si bien pueden estar relacionadas, la posición que se ocupa en una no necesariamente corresponde con una posición semejante en otra. Por ejemplo, la clase política en México goza de poder pero no de prestigio. La movilidad resultante del cambio puede arrojar conjuntos sociales en los que existe discrepancia en las dimensiones en las que se ubican en la estratificación social.
Y este es un punto importante, retomado por Gerhard Lensky, quien formuló una teoría sobre la inconsistencia (o discrepancia) de estatus. La teoría de la inconsistencia de estatus vino a poner tal característica como una posible condicionante de actitudes y comportamientos políticos. Que desde luego está matizada por el hecho de que distintas combinaciones de estatus producen diferentes respuestas políticas.
El milagro mexicano dejó en el imaginario social que cursar educación superior está relacionado con la movilidad social ascendente y con mejores niveles de vida. Hoy todavía, y justo por la crisis, se piensa que cursar una carrera universitaria promueve la movilidad social a las clases medias con alta capacidad de consumo. Entre los sectores populares, y entre los más pobres, se abriga la esperanza de la movilidad social por la vía de la educación superior. Pero, con una cobertura de un tercio de jóvenes en este nivel educativo, los estratos de más bajos ingresos son los que están menos representados en la matricula escolar, aún cuando ha habido cierto aumento de quienes vienen de familias de menos de cuatro salarios mínimos. Fuera las desigualdades territoriales, que siguen siendo muy grandes.
Hoy, el modelo de desarrollo basado en la hegemonía del mercado no estimula la movilidad social ascendente como rasgo estructural de la sociedad. Además, la educación superior está profundamente segmentada, por lugar de residencia, por régimen de sostenimiento, capacidades intelectuales de las instituciones, y por clase social de los estudiantes. Tenemos un sistema educativo en el nivel superior que no ha dejado de reproducir la desigualdad. Una buena colocación ocupacional la consiguen, preferentemente, universitarios que forman parte de familias con alto nivel social. También, tenemos un mercado laboral incapaz de crear suficientes puestos de trabajo para los egresados de las universidades, lo cual sí es una característica del modelo de desarrollo seguido por el país en los últimos tiempos.
De vuelta a la teoría de la inconsistencia, hay una combinación de estatus que me parece importante retomar. Es aquella de quienes tienen una alta educación sin la debida recompensa monetaria. Las personas en esta situación son más propensas a sentir frustraciones y son quienes, con mayor probabilidad, pueden provocar acciones disruptivas del orden social. La más reciente medición del INEGI indicó que cuatro de cada diez desempleados en el país tienen educación media superior o superior y que de 2012 a la fecha el número de personas en esta situación ha crecido. ¿Qué otra cosa se puede esperar de ellos que no sea un profundo enojo con su situación y con el país que les da educación, pero los deja sin trabajo?
Las teorías se cumplen a veces y a veces no. La teoría de la inconsistencia de estatus señala que personas con muy alta educación y bajos ingresos, o sin remuneración, forman un conglomerado donde las actitudes contra el sistema es probable que se trasladen a la protesta en el campo político, lo cual tiene muchas condicionantes. Pero, en medio de una situación nacional de tanta violencia y carencia de oportunidades, de falta de sensibilidad y entendimiento de quienes piensan que dirigen el país, hay una buena posibilidad de que la teoría se cumpla. El modelo ya se les agotó.
