El próximo junio habrá elección de diputados federales en todas las entidades federativas, votación para gobernador en nueve de ellas, 17 congresos locales y otras tantas alcaldías. Las llamadas elecciones intermedias son una anticipación de lo que podría ocurrir en los comicios del 2018. Todas las elecciones tienen sus peculiaridades y grado de incertidumbre. Sin embargo, los comicios de junio parecen generar reacciones encontradas: desde un completo rechazo hasta el ejercicio de una absoluta fiscalización ciudadana. Debiéramos comenzar por exigir lo más elemental de las fuerzas políticas que dicen o quieren representarnos: no más mentiras y cinismo.

A propósito del inicio del periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, cada uno de los siete partidos representados en la Cámara publicaron en 16 periódicos, en dos planas completas, sus respectivas agendas para el periodo.

En materia de educación los diputados plantean diferentes propuestas. Por ejemplo, entre otros puntos, el Panal habla de una reforma integral a las escuelas normales y de “impartir formación didáctica pedagógica en derechos humanos y educación inclusiva, al servicio docente”. Movimiento Ciudadano dice que “buscará el fortalecimiento del programa de creación de escuelas públicas” en todos los niveles y un programa de alfabetización ocupacional en zonas rurales. El PT impulsará reformas para universalizar la educación inicial y la obligatoriedad de la educación superior. El Partido Verde fortalecer el sistema de becas y crédito educativo en instituciones particulares e incluir el tema del bullying en los libros de texto… Bueno, ni para qué citar.

Los tres partidos mayoritarios en la cámara, PRD, PAN y PRI, se ocupan de los grandes temas y el posible trabajo legislativo. Esto es, los dictámenes pendientes, las iniciativas que faltan, la economía, la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas, la deuda pública. No, educación no. Si la agenda es ésa, al final del periodo tendríamos que valorar qué y cuáles iniciativas presentaron.

Cuántas veces subieron a tribuna, cuál fue su argumentación y, sobre todo, qué resultados obtuvieron. Sin duda, la controversia sobre las elecciones se debe a la consistente desconfianza ciudadana en los políticos y su explicable enriquecimiento ilícito. Claro, también podría deberse a la transmutación del organismo encargado de organizar la jornada electoral (de IFE a INE), la posibilidad de candidaturas independientes, el reciente recorte en el gasto público, la ingobernabilidad en amplias zonas de nuestro territorio o el clima nacional poco edificante. Todo junto y más.

Al igual que en otras elecciones intermedias se espera un menor porcentaje de participación. Sin embargo, ahora asoma con más fuerza la idea de que lo mejor es abstenerse, dado que ninguno de los partidos políticos convence ni son dignos de confianza.

Hace un año, cuando el IFE todavía no cambiaba de nombre, la medición de la confianza ciudadana en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, le atribuía un rango de confianza media al organismo electoral (6.6 en una escala de 0 a 10). Todavía no se da a conocer la medición de este año, pero es posible que el índice siga descendiendo.

Los partidos políticos, diputados y senadores definitivamente ocupan la posición más baja en la escala de confianza ciudadana. Desde que Consulta Mitofsky realizó la primera medición en 2004, las instituciones políticas han ocupado de forma consistente las últimas posiciones.

En el 2014 senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, obtuvieron una puntuación de 5.7, 5.6, 5.4 y 5.1, respectivamente. La situación no ha sido diferente en los diez años anteriores, siempre se han mantenido en el extremo inferior, en el rango de “confianza baja”. No es para menos. Es casi imposible que pase un día sin que nos enteremos de algún acto de corrupción protagonizado por algún político.

Sin embargo, según la Constitución, “los partidos políticos son entidades de interés público” que tienen como fin promover la participación en la vida democrática, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y tienen garantizado su financiamiento (artículo 41).

El sostenimiento de los partidos políticos y las elecciones en su conjunto tienen un costo cada vez mayor. El financiamiento para este año alcanza un monto de poco más de 32 mil millones de pesos. Por lo menos tendríamos que exigir el cese del incumplimiento de sus deberes, también del dispendio y de su rapacidad.