La universidad pública en México va a recibir los efectos de un período en el que se espera un fuerte crecimiento de la matrícula, en virtud de la meta de cobertura que se ha fijado este gobierno. Asimismo, está bajo la influencia de las fuerzas que actúan en el escenario internacional, por lo que toca a los intercambios académicos, los avances de la producción científica y las relaciones interinstitucionales para hacer tareas conjuntas.
Otros factores que han estado presentes en la dinámica reciente de las instituciones universitarias son, a saber: el aumento en la diversidad de públicos que demandan conocimiento y educación, la competencia entre las universidades públicas, desatada por las políticas financieras del gobierno, la rendición de cuentas, la adopción de nuevas formas de gestión y el crecimiento de las burocracias.
También, en la dinámica universitaria han intervenido “las manos invisibles del mercado” educativo, que comienzan a orientarla por la vía de los rankings, internos y externos. Los cambios en las universidades públicas se han procesado, además, en el marco de un fuerte aumento de los establecimientos privados: los de elite y los que absorben la demanda, regados, hoy, por todo el territorio. Se agrega a lo anterior un enfoque favorable del gobierno hacia el sector privado y la competencia entre éste último y las universidades públicas.
Ante las influencias que va teniendo el mercado sobre lo público, y ante las necesidades de cambio que tienen las universidades para impulsar y ajustarse a los rumbos que sigue la sociedad, para adquirir competitividad y usar el conocimiento para distintos fines, es indispensable que los actores de la vida universitaria mantengan la autonomía en plenitud. Ejercer la autonomía es imperativo para que la universidad pública transite en los próximos tiempos, en la complejidad del contexto que la rodea, cumpliendo sus propósitos y su espíritu, basados en la libertad académica.
El desarrollo institucional de las universidades públicas ha ocurrido con escasez relativa de recursos. Y, en esa circunstancia, han tenido que resistir una presión creciente de las lógicas de mercado sobre su funcionamiento, a medida que se ha consolidado el sector privado de la educación superior. A seguir, la competencia, posiblemente, se va a intensificar, y hay que prevenir que las universidades públicas no queden en desventaja por recortes al gasto educativo, bajo el pretexto de las tendencias de crecimiento de la economía y las finanzas públicas.
La escasez de recursos financieros seguirá siendo uno de los principales problemas que tendrá que resolver la universidad pública, particularmente por la necesidad de ofrecer buenas condiciones de trabajo a sus académicos, pero también, porque el conocimiento, producirlo y trasmitirlo, tiene costos crecientes, por su proliferación y el uso de tecnologías sofisticadas, entre otras razones.
En el marco actual, la escasez de recursos, el mercado educativo, y la multiplicación de demandas sociales por educación, probablemente actuarán más intensamente para que las universidades públicas impulsen a sus académicos a buscar y usar fondos de fuentes externas para financiar sus actividades. Seguir estas prácticas, y una lógica de producción académica sobre la base de becas al desempeño, modifica las actitudes de los académicos, quienes adoptan sentimientos de competencia por puntos, ingresos y recursos, que auspician la desinstitucionalización.
La competencia pasa del plano individual al institucional y a la inversa. Entonces, las universidades públicas compiten por recursos del subsidio extraordinario. También, para adquirir buenos alumnos, prestigio y reconocimiento social; prestigio que favorece la adquisición de recursos. La competencia la ganan las universidades más equipadas material e intelectualmente. Esta pauta hay que hacerla a un lado porque cristaliza la desigualdad institucional.
La universidad pública no puede conducirse por criterios de mercado que intensifiquen las diferencias en condiciones y capacidades académicas para estratificar a las instituciones. La autonomía, entonces, sirve para lograr equidad institucional, para reaccionar, arriesgarse, protegerse, tomar decisiones en libertad y abrirse a la sociedad.
La autonomía es esencial para ordenar y reordenar la riqueza colectiva de la academia, y academizar las prácticas y las relaciones sociales en las universidades. La autonomía y universidades fortalecidas académicamente ponen freno a las tendencias desestructurantes de lo público de parte del mercado, y de la supervisión a distancia del gobierno, cuando intenta subordinar la academia al manejo financiero.
El período de expansión, en medio de las tensiones que puedan surgir entre el Estado y el mercado, y la presión de nuevos patrones de demanda social, probablemente va a significar que las universidades públicas aceleren su propio desarrollo institucional. La autonomía, más que en otros tiempos, tendrá que ser valorada y usada para que ni los intereses políticos ni los del mercado desvíen a las universidades públicas de sus fines y medios académicos.
