Varias han sido las reacciones al anuncio hecho la semana pasada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el sentido de haber firmado un convenio para integrar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los científicos y tecnólogos que trabajan en las Instituciones Particulares de Educación Superior (IPES). Para ello se destinarán recursos públicos a fin de cubrir la totalidad de sus estímulos salariales y no solamente el 30 por ciento como venía ocurriendo desde 2008.
Entre quienes criticaron la medida estuvieron la ex presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y actual directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien consideró necesario que antes de otorgar los recursos públicos en cuestión, se debería evaluar cuánto han avanzado o mejorado las IPES y cuántos recursos han aportado a la investigación. Ella también trajo a la memoria el malogrado Programa de Estímulos Fiscales que el Conacyt realizó durante el sexenio de Vicente Fox, mediante el cual se pretendía promover el desarrollo científico y la innovación en las empresas. El resultado fue que algunas empresas utilizaron los recursos para la importación de equipos y por tanto, al final las principales beneficiadas fueron grandes empresas transnacionales.
Por otro lado, dos integrantes del Seminario de Educación Superior han señalado que la medida representa una transferencia de recursos públicos al sector privado. Agregan que también se continúa con una estrategia gubernamental de disminuir el espacio público. Si bien el número de individuos y de instituciones (asistieron representantes de 40, según el comunicado de prensa del Conacyt) es relativamente pequeño, no deja de ser significativo. Los datos proporcionados por el Director General del SNI, indican que el número de investigadores “premiados” asciende a 750 (3.5 por ciento de los 21 mil 350 miembros del Sistema) y el monto asignado será de 126 millones de pesos, representando el 3 por ciento de los recursos destinados al Conacyt en este año. Cabe señalar, de acuerdo con los datos del funcionario, que el 85 por ciento de los investigadores que recibirán el estímulo económico laboran en las Universidades Iberoamericana, La Salle, Anáhuac, Panamericana, de Las Américas Puebla y los institutos Tecnológico de Monterrey y Autónomo de México. Más aún, las 40 universidades que firmaron el convenio se comprometieron a destinar el mismo monto a fomentar la investigación. Según datos del Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (ECUM) elaborado por la Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI) de la UNAM, en 2012 las universidades particulares produjeron poco menos del 5 por ciento de los artículos científicos nacionales publicados en revistas indexadas en el ISI y un poco más de ese porcentaje en las del Scopus. En cuanto a las patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), sólo obtuvieron el 2.8 por ciento. Además, la mayor parte de los productos de investigación de las instituciones particulares corresponde a las áreas de derecho y ciencias administrativas, siendo menor todavía el porcentaje en las ciencias exactas y de la salud.
Muy lejos estamos, por ejemplo, de la experiencia norteamericana en la que el enorme apoyo del gobierno federal a las más prestigiadas universidades privadas como Harvard, Stanford, Princeton, Yale, MIT, entre otras y también a varias instituciones universitarias públicas, permitió la realización de grandes proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la industria militar financió con grandes presupuestos la realización de importantes desarrollos que permitieron un número importante de descubrimientos e innovaciones en muchos campos del conocimiento. Cuando en épocas recientes los financiamientos federales disminuyeron, las universidades mencionadas buscaron el apoyo del sector privado para seguir desarrollando la investigación de alto nivel, aunque con algunos ajustes en ciertos campos que habían estado más vinculados con la industria militar.
Con este panorama, conviene preguntarse si en realidad se busca fortalecer la investigación científica y tecnológica en estas IPES y si los resultados se verán en el corto o mediano plazo. Por otra parte, si bien el estímulo se dará a los individuos y no a los proyectos, habrá que tener atención a la promesa de que las instituciones en cuestión dedicarán recursos significativos para fortalecer la investigación y que más instituciones realicen actividades científicas y tecnológicas. Un asunto que es de llamar la atención y que fue señalada por uno de los colegas del SES es el punto de las IPES que tienen fines de lucro y las que no. En este caso, la preocupación estriba en que el dinero público pudiera servir para subsidiar las ganancias de las instituciones privadas y no para reinvertirse en más y mejor investigación.
También está por verse si esta iniciativa del Conacyt es capaz de despertar el interés del sector privado por invertir más en investigación científica, tecnológica e innovación en las universidades del país, pues hasta ahora ese sector sigue prefiriendo la importación de tecnología. Como se sabe, México es de los países en que la mayor parte de las inversiones en desarrollo científico y tecnológico corre a cargo del sector público. En la gran mayoría de los países más avanzado económicamente, las empresas privadas invierten grandes cantidades en desarrollos e innovaciones tecnológicos del más alto nivel.
