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Responsabilidad y compromiso social de la universidad
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm. 524, pp.12 [2013-08-29]
 

Desde hace ya algunos años, hemos venido oyendo con mucha insistencia los términos “responsabilidad social” y “empresa u organismo socialmente responsable”. Bajo el primero de ellos, proveniente de las esferas de la administración y el management, se engloba un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. En consecuencia, su uso se ha ampliado a organismos e instituciones de los sectores públicos. Se les asocia también con términos y procesos derivados de la llamada “nueva gestión pública”, como calidad y rendición de cuentas, entre otros. Ante este rápido avance del empleo de los términos en cuestión a los ámbitos privados y públicos—particularmente en el terreno de la educación superior—la noción de “compromiso social” está siendo reinvindicada y contrapuesta a fin de destacar el papel de las universidades e instituciones de educación superior en el mejoramiento de la sociedad. Si bien los dos términos (“responsabilidad social” y “compromiso social”), en ocasiones se usan indistintamente, merece la pena hacer algunas precisiones.

En términos generales, la “responsabilidad social”, es un concepto normativo no obligatorio. Se refiere a la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad (sean individuos o integrantes de algún grupo), tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Además, el concepto introduce una valoración (positiva o negativa) al impacto que una decisión tiene en la sociedad. La valoración puede ser tanto ética como legal. Por lo general se considera que la “responsabilidad social” se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del poder.

Según el Latin American Quality Institute [http://www.laqualityinstitute.org], una “empresa responsable” con la sociedad estimula el crecimiento económico y refuerza la competitividad garantizando la protección del ambiente. Particularmente crítico es lo referente a las grandes empresas globales cuyas actividades pueden (y de hecho ha ocurrido en varias ocasiones de manera dramática) afectar el aire, el agua y los suelos, como en el caso de las mineras, petroleras, nucleares y químicas, por mencionar sólo las más conocidas. Vemos asimismo que una gran cantidad de productos de uso cotidiano llevan en sus envases el logotipo de “empresa socialmente responsable” (ESR). Aunque también se da el caso de que algunas IES públicas han llegado hasta el punto de modificar alguno de sus documentos normativos para declararse como “institución con responsabilidad social”.

Por el lado del compromiso social, Carlos Tünnermann, uno de los estudiosos de mayor prestigio y trayectoria en la educación superior latinoamericana, señala que desde la Reforma de Córdoba de 1918, el compromiso social y cultural de nuestras universidades [sobre todo las públicas, pero no exclusivamente] ha llegado a ser una de sus características más distintivas. En un artículo publicado hace cinco años en El Nuevo Diario de Nicaragua, comenta que en el Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y Caribeños celebrado en Brasil en el 2007, la declaración final recomendó la implementación de políticas institucionales que tuvieran por principio la educación como derecho humano, bien público, socialmente referenciada, en consonancia con los valores de calidad, pertinencia, relevancia, inclusión y equidad. Por “educación socialmente referenciada” se entendía la orientación de los contenidos de los procesos educacionales y demás actividades de las universidades de América Latina y el Caribe, hacia la satisfacción de necesidades de la vida social, en sus ámbitos individuales y colectivos, incluyendo la preservación de los ecosistemas naturales y la superación de todo tipo de discriminación de naturaleza étnica, cultural, económica, de género, física y mental.

En sentido semejante, la investigadora venezolana Carmen García Guadilla, subraya que a mediados de la década pasada, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC), planteó que la “responsabilidad social” de la universidad debería expresarse en la extensión de servicios y conocimientos a los sectores de la sociedad que más necesitan el saber producido en la universidad, en las diversas maneras con las cuales ese saber es traducido, entre otras, en acciones de atención a la salud, programas culturales, estrategias de innovación tecnológica y programas comunitarios de formación contínua. Sin embargo, este “compromiso social” (al cual considera indistinto de la “responsabilidad social”) debe superar las limitaciones que tiene el concepto de “extensión” (unilateralidad), reivindicando la necesaria contextualización de los conocimientos, la interacción con la sociedad, los procesos de aprendizajes compartidos y orientados hacia la transdisciplinariedad, procesos interactivos de la educación con la sociedad cada vez más viables, reivindicando las redes como organizaciones de aprendizaje colectivo y a la educación sin fronteras de ningún tipo. Sea cual fuere la perspectiva que se tome (pertinencia, extensión, responsabilidad social o compromiso social), lo importante es que la universidad debe contribuir al logro de un modelo de desarrollo humano que sea sustentable.


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