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Abandono y acceso, problemas sin solución a la vista
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm. 523, pp.12 [2013-08-22]
 

En los últimos días un par de noticias relacionadas con el bachillerato y el nivel superior del sistema educativo nacional ocuparon un lugar destacado en la prensa y en otros medios de difusión. La primera de ellas se refirió a la información presentada por el Subsecretario de Educación Media Superior donde señaló que la deserción anual en ese tipo educativo afecta a cerca de 650 mil jóvenes, lo cual significa en promedio casi 1,800 por día. El primer año es el más crítico, ya que alrededor de dos de cada tres dejan la escuela. Según el mismo funcionario, el abandono no sólo ocurre debido a la falta de recursos económicos de las familias, sino también por el bajo desempeño escolar, los altos niveles de reprobación, embarazos tempranos, peligros y riesgos que enfrentan los jóvenes como adicciones y violencia, además del escaso interés que entre ellos despiertan los contenidos curriculares. No podía faltar en esa misma ocasión el anuncio de la puesta en marcha de medidas encaminadas para reducir el abandono del 15 al 9 por ciento en 2018.

No sería aventurado considerar un factor que parece estar relacionado con algunas de las causas del abandono mencionadas por el Subsecretario. Al menos en el caso de muchos de los jóvenes que abandonan el bachillerato en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se trata del proceso que desde hace varios años lleva a cabo la Comipems (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior), por medio del cual se asigna un lugar en alguna de las nueve instituciones pertenecientes a dicha comisión. Como se sabe, la asignación se realiza con base en el puntaje obtenido por los aspirantes en el examen de habilidades y conocimientos elaborado para tal fin. Cada solicitante cuenta con varias opciones en alguna de las cuales será aceptado de acuerdo con el puntaje que obtenga. Puede ocurrir que su puntaje sea tan bajo que el lugar que se le otorgue no corresponda a las opciones que había seleccionado. Con mucha frecuencia quienes se hallan en esta situación quedan inconformes con la asignación y no es difícil imaginar que su entusiasmo y motivación no serán los mismos que aquellos que sí obtuvieron un lugar en una institución de su preferencia. Otra posibilidad es que su bajo nivel académico previo les impida adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas establecidos en el curriculum de la institución en la que fueron aceptados.

Por supuesto que resultaría muy complicado satisfacer las expectativas y preferencias de todos y cada uno de los aspirantes a un lugar en alguna de las instituciones públicas de bachillerato, pero lo que sí sería posible es el diseño de políticas públicas que reforzaran la infraestructura y la formación del personal académico de las instituciones que presenten baja demanda. En otras palabras, que se disminuyeran significativamente las asimetrías que en materia de calidad y prestigio presentan las instituciones encargadas de proporcionar la educación a este nivel. La consecuencia natural sería el fortalecimiento de su capacidad de retención de los estudiantes. Habrá que dar una solución pronta a esta situación, toda vez que la reforma constitucional de 2010 que reformó el artículo tercero constitucional para hacer obligatoria la educación media superior, plantea la universalización de este tipo educativo para finales de esta década (diciembre del 2020).

El otro tema que ha motivado diversas reacciones entre la opinión pública y los especialistas en educación superior, es el que se relaciona con la iniciación del Programa de Matrícula de Educación Superior para el Ciclo Escolar 2013-2014. El Programa fue puesto en marcha por la SEP en coordinación con diversas instituciones de enseñanza superior (IES) públicas y privadas. El objetivo es atender a los aspirantes que no lograron incorporarse a alguna de las IES públicas. Hasta la semana pasada, el número de lugares disponibles era de poco más de 45 mil, de los cuales ya se habían ocupado algo más de 19 mil. La disponibilidad de espacios se dio en las modalidades presenciales y a distancia, en ambos tipos de instituciones. Según los datos disponibles hasta la semana pasada, la mayor parte de los aspirantes había optado por la modalidad presencial en las IES públicas y las de mayor demanda habían sido la UNAM, la UAM y el IPN. En la modalidad a distancia se habían ocupado 1, 033 lugares y había todavía disponibles 21 mil 861. Aquí también la demanda mayor se orientó a las tres instituciones mencionadas. Resulta curioso que, a pesar de la puesta en marcha de este programa, dos movimientos de jóvenes, el Movimiento de Estudiantes no Aceptados (MENA) y el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), siguen realizando movilizaciones en los alrededores del edificio central de la SEP y en otros puntos de la ciudad.

Llama la atención en este segundo caso, que los lugares puestos a disposición de los jóvenes no aceptados en las IES públicas de mayor demanda, no se han cubierto con la rapidez esperada por las autoridades. El hecho que la ampliación de matrícula por las tres instituciones sean los que hayan tenido mayor respuesta hasta ahora, es una consecuencia lógica. También es de destacar la lentitud con que se ha respondido a la oferta de lugares en la modalidad a distancia. Igualmente notable es el hecho de que la oferta en cuestión no haya resultado en la desactivación de las movilizaciones encabezadas por el MENA y el MAES. Sin duda este problema tampoco es de fácil solución. Otra de sus aristas tiene que ver con los instrumentos y las formas utilizadas para seleccionar a los aspirantes a ingresar a las IES públicas. En este sentido, se tienen casos en que jóvenes con buenos puntajes son rechazados por no haber alcanzado la calificación exigida para entrar a una carrera de alta demanda, cuando dichos puntajes resultan superiores a otros estudiantes que consiguieron entrar a una carrera con menores exigencias de puntaje.

Las situaciones comentadas en estas líneas parecen reafirmar que el gran problema de la equidad en la distribución de oportunidades educativas sigue siendo una tarea pendiente para todo el sistema educativo y para la sociedad mexicana en general.


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