Alcanzar el uno por ciento del PIB en inversión en ciencia y tecnología es uno de los propósitos más anunciados en este terreno. Lo que todavía está por aclararse es la discordancia entre las diferentes leyes, la escala de tiempo que llevará lograrlo y la participación relativa de los diferentes sectores.

La propuesta de destinar uno por ciento a investigación y desarrollo tecnológico comenzó a tomar forma en el 2002. La reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) en ese año estableció que: “El monto anual que el Estado — Federación, entidades federativas y municipios—, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”.

Además, en artículo transitorio, indicó que el presupuesto aumentaría gradualmente cada año, comenzando en el 2003 y logrando la inversión del 8 por ciento en el 2006. La modificación era simplemente sorprendente; el volumen de recursos que suponía para las instituciones públicas era francamente inquietante. Sobra decir que ni entonces ni ahora se cumplió.

En 2004 otra vez se volvió al asunto, pero ahora en la legislación científica: se añadió el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT). La intención era avanzar en la normatividad del sector, pero sobre todo enmendar las ambigüedades y errores de la legislación educativa.

El artículo 9 Bis de la LCyT dice: “El monto anual que el Estado —Federación, entidades federativas y municipios— destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”. Igual que la reforma educativa, un artículo transitorio también dispuso su cumplimiento para el 2006.

Los artículos de las dos leyes, aparentemente, son iguales, pero tienen diferencias muy importantes. La legislación educativa se refiere al uno por ciento de un total de 8 por ciento de gasto educativo público y solamente para Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). Por el contrario, el 9 Bis no subsume el uno por ciento al gasto educativo, tampoco indica que sea solamente para las IES públicas; en cambio, sí establece que el gasto es nacional (público y privado). Notables diferencias. Pasó el sexenio anterior y ni una ni otra disposición legal se han cumplido. De hecho, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en mayo del año pasado, interpuso una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en “contra de los servidores públicos que resulten responsables por no haber realizado las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto” por los artículos 9 Bis de la LCyT y 25 de la LGE.

Al parecer tampoco tuvo efectos legales la denuncia del Foro o al menos, públicamente, no se conocieron sus resultados. Actualmente, con los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entraron en vigor en enero de este año, ni siquiera está prevista la continuidad de la SFP.

El tema del uno por ciento para ciencia y tecnología volvió una vez más en el periodo de campaña de Enrique Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, en el compromiso número 46 de Pacto por México y como una de las líneas estratégicas del reciente Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En el presupuesto de este año el sector tuvo un incremento importante (entre 7 y 11 mil millones de pesos), lo cual se dijo está en la ruta de alcanzar el uno por ciento. Pero no, no está claro. En los diferentes casos, presupuesto, Pacto y PND se sigue arrastrando la ambigüedad de la normatividad. Incluso quizás seguirá la misma línea el programa sectorial que deberá presentarse al comienzo del año próximo.

Entonces, por principio de cuentas y dado que lo de hoy es la reforma de las leyes secundarias, no estaría nada mal que se revisará la concordancia de la legislación educativa y la científica para resolver en definitiva su equivalencia en materia de inversión científica y tecnológica. Tampoco estaría nada mal que se fijarán plazos razonables para cumplir la meta y, muy importante, qué porcentaje aportará quién. Así, todos sabríamos a qué nos referimos cuando hablamos del uno por ciento en esta materia.