A semejanza de los cambios a las leyes y reglamentos más diversos, los planes y programas de estudio tienen que ser sometidos periódicamente a ajustes y actualizaciones. Ello es así porque tanto el mundo científico y disciplinario, como las realidades de los sistemas y organizaciones sociales, están en constante transformación, más aún en tiempos como los que nos ha tocado vivir, donde los cambios son vertiginosos e incesantes.
Para que las adecuaciones tengan legalidad y gocen de legitimidad, los actores encargados de llevarlas a efecto necesitan tener una participación activa en su planeación, ejecución y evaluación. Cuando esto no ocurre, es muy probable que se desarrollen procesos de resistencia pasiva o activa, los que a su vez provocan considerables conflictos e incluso pueden derivar en graves crisis institucionales.
Parece obvio señalar que en muchas ocasiones los conflictos y resistencias impiden que los procesos en cuestión alcancen sus objetivos y metas finales. Cuando no se toman en cuenta todos los puntos de vista de los actores, se puede dar al traste con intentos que pudieran haber sido acertados en sus contenidos originales. En sociedades donde la democracia es todavía imperfecta y con grandes niveles de desigualdad social como la nuestra, los movimientos sociales que resisten o rechazan los cambios, ven a las reformas como acciones verticales y autoritarias, derivando con harta frecuencia en luchas enconadas en contra de la autoridad.
Otras veces, los intentos de reforma se consideran como grandes amenazas a derechos adquiridos con muchos sacrificios o que constituyen el único patrimonio disponible de quienes se oponen a medidas que se juzgan arbitrarias. En épocas como la actual en que la llamada flexibilidad laboral ha provocado el deterioro en la seguridad del empleo, las razones para protegerse de esas amenazas no están muy lejos de la realidad.
Tal parece que la resistencia magisterial en contra de la reforma educativa planteada por el actual gobierno, se inscribe en esta lógica. La polarización entre los colectivos del magisterio disidente del sindicalismo oficial agrupados alrededor de la CNTE en varios de los estados con mayores carencias sociales y educativas, por un lado; y de las autoridades de la SEP junto con los gobiernos de esas entidades federativas, por el otro, ha motivado notables enfrentamientos entre ambos bandos, no sólo en el nivel discursivo sino con la participación de la fuerza pública. Las críticas y las reacciones violentas han alcanzado incluso a varios partidos de izquierda en Guerrero y Oaxaca.
De modo que si—como sería esperable—se imponen la cordura y la negociación políticas, y se alcanzan acuerdos y consensos en torno al desarrollo de dicha reforma, se tendrán que hacer ajustes a lo planeado por las autoridades educativas, y se habrán de tomar en cuenta los puntos de vista de los actores fundamentales en cualquier reforma educativa: los maestros y maestras.
Una vez superado este escollo tan importante, la implementación de la reforma también habrá de enfrentar otros enormes desafíos. Se sabe que el núcleo de dicha reforma es la evaluación del magisterio para mejorar la calidad de la educación básica. Por ello se ha transformado el estatus jurídico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dentro del gobierno federal, y recientemente se realizó el proceso de selección de los integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, organismo que se encargará de llevar a cabo tan complicada tarea. Quienes forman dicha junta han advertido que ello, además de complejo, requerirá de un tiempo considerable, tanto para la elaboración de los instrumentos como del proceso que implica evaluar a más de un millón de mentores.
Por otro lado, se sabe muy poco de los trabajos que se están realizando en torno a la ley secundaria que habrá de especificar los detalles y procedimientos para operativizar la reforma aprobada por el Congreso de la Unión hace algunas semanas. Es de esperar que quienes estén a cargo de la elaboración de este documento cuenten con la suficiente sensibilidad y sean capaces de recoger los puntos de vista de quienes han cuestionado e impugnado algunas partes de dicha reforma. De no hacerlo así, se correrá el riesgo de que la implementación del ordenamiento jurídico se vuelva un mero ejercicio formal del que no surja ningún efecto en el mejoramiento de la calidad de la educación básica o que se convierta en un largo y ríspido proceso de resistencia pasiva o activa por parte de quienes consideran haber sido ignorados en sus legítimas demandas.
Guardadas las proporciones, el conflicto provocado por el grupo de personas que tomaron la rectoría el 19 de abril y que la desalojaron pacíficamente 12 días después, también expresa de alguna manera la inconformidad con el proceso de revisión de los planes y programas del Colegio de Ciencias Humanidades (CCH). El largo y complicado proceso de revisión antes mencionado, ha procurado hasta ahora la participación amplia y activa de los profesores y estudiantes. Para ello se han realizado infinidad de reuniones de academias de las distintas asignaturas del plan de estudios y más recientemente se han organizado foros para promover la expresión estudiantil en el proceso en cuestión. También aquí los ajustes a los planes y programas son ya impostergables, pues hace ya varios años que se hizo la última revisión. Los retos también son grandes en este sentido, ya que además de la necesaria legitimidad y el consenso que deben tener las propuestas finales, el cambio de actitudes y perspectivas teóricas y metodológicas del profesorado no estará exento de dificultades. Los nuevos planes y programas carecerán de sustento si en su implementación los nuevos planteamientos para llevar a cabo la docencia y el aprendizaje, son incapaces de vencer las inercias y las resistencias al cambio de parte de sus principales actores: profesores, estudiantes y autoridades.
