Es notable el debate sobre la educación en México. Muchos temas y muchos puntos de vista. En este artículo quiero tocar dos aspectos que, a mi modo de ver, son centrales en la discusión.

1. Sobre la rectoría del Estado en la educación. El Estado no puede reducir la reforma educativa al plano de la educación básica. Sobre la educación media superior y sobre la educación superior no se conoce cuál es la postura de renovación del gobierno en turno. La UNAM hizo una propuesta para transformar todo el sistema educativo en los próximos diez años, que debe ser tenida en cuenta para el Plan Nacional de Educación.

Sobre la educación superior, la rectoría por parte del Estado tiene muchos significados. Para mí, como universitario, se traduce en una ampliación de la esfera pública, como viene ocurriendo en muchos países. Significa, también, que las instituciones de educación superior, públicas y privadas, van juntas en pos de un proyecto nacional para el Siglo XXI. Asimismo, la rectoría educativa del Estado representa relaciones dignas entre el gobierno y las universidades públicas, financiamiento suficiente y oportuno, respeto pleno a la autonomía, y vincular la educación superior con el quehacer científico y la cultura. En la era del conocimiento, la integración y la convergencia de un país a las tendencias globales tiene en sus universidades, como se ha demostrado, el mejor conductor posible para lograrlas.

Es menester y obligación del Estado delinear estrategias que permitan dar a nuestras universidades calidad, pertinencia, prestigio, visibilidad y fuerza; ofrecerles condiciones para que impulsen y participen en proyectos de desarrollo local y en los escenarios internacionales de una manera exitosa. La educación superior es sinónimo de avance para todos y para el Estado un punto de apoyo sustancial para ganar fuerza ante la sociedad, después de un período de doce años de debilitamiento.

2. Evaluación: un nuevo repertorio de políticas. Esta idea ha sido presentada por muchos de nosotros en la academia y en varios documentos de la ANUIES. Con toda claridad, he expresado que la política de evaluación que se ha seguido está agotada. Estamos en un punto de inflexión en el que si no se presenta algo nuevo en esta materia, para la educación superior, se corre el riesgo de continuar con la desinstitucionalización.

Una buena parte de los analistas tiene claro que los indicadores que se usan para evaluar no se relacionan con la calidad. Que la acreditación de programas de licenciatura no se ha traducido en una mejor formación de los egresados, que las becas al desempeño se ligan a la simulación y a la vulnerabilidad de los académicos, que los “papers” en los “journals” tienen poco o nulo efecto social. Si no se cambia y se deja de evaluar todo de todo, sin aprendizaje institucional, como hasta ahora, terminaremos con una educación pública deteriorada.

Para estimular la creatividad e innovación es imperativo que la evaluación tenga efectos formativos, que se revise la política de subsidios extraordinarios para que, en efecto, sirva al fortalecimiento institucional y que el ingreso de profesores e investigadores no dependa mayormente de becas. En otros lados, el pago por estímulos no representa más allá de una quinta parte de los ingresos de los académicos.

La evaluación no puede hacerse de manera homogénea. Sobre la base de criterios generales, es indispensable que la evaluación tenga en cuenta las historias y trayectorias institucionales, la diversidad cultural del medio y las condiciones de trabajo prevalecientes. Los análisis que se han hecho en la educación superior indican que las instituciones mejor desarrolladas y más dotadas son las que cuentan con más investigadores nacionales. La interacción entre instituciones y personas es un aspecto primordial a tenerse en cuenta. La evaluación debe servir para precisar qué apoyos hay que dar en cada caso concreto para que se avance.

Se sugiere que la evaluación, en el caso de las instituciones, se oriente con base en el compromiso y responsabilidad social, que son dos dimensiones que sirven para definir los programas docentes y las agendas de investigación, para saber hasta qué punto las casas de estudios hacen lo que se proponen y en qué medida están involucradas con el devenir de su entorno social. El impulso a la vida académica está en las instituciones. La política de evaluación debe centrarse en ellas y no en las personas.

Por último, el mayor desafío es dotar de otros valores a la evaluación. Los que vinieron con la lógica del mercado no son útiles para que la educación superior enfrente los retos que tiene a futuro.