Según el artículo 43 de la ley orgánica del Congreso General, las comisiones ordinarias debieran integrarse en el primer mes de ejercicio de la legislatura. La apertura de sesiones de la cámara de diputados fue el pasado primero de septiembre, ya transcurrió la primera semana del segundo mes de ejercicio y las comisiones todavía no se integran. Paradójicamente, con un previsible destino, las iniciativas de reforma educativa se acumulan desde ahora.

Tal vez lo de menos es si los legisladores se ciñen estrictamente a la regulación de sus comisiones de trabajo. Tampoco han importado las innumerables ocasiones en que los legisladores ignoran las normas para cumplir sus obligaciones, sean los plazos para aprobar el gasto público anual, el nombramiento de consejeros ante el IFE —el cual demoró 14 meses— o cosas tan elementales como asistir, votar en el pleno, trabajar en comisiones, comprobar sus viajes, elaborar sus informes, presentar una memoria y un largo etcétera.

No es la primera vez y seguramente no será la última que funcione el reloj parlamentario para detener o ampliar un vencimiento perentorio. No obstante, lo que sí debe preocupar es que el tiempo de los legisladores transcurre en una dimensión diferente al tiempo real del resto de los ciudadanos. Un Congreso que sigue su propio ritmo, con su agenda particular de reformas y una dinámica legislativa a partir del interés de las fuerzas políticas con presencia en el recinto, pero que no coincide, o muy poco, con los requerimientos de la nación y de los representados.

La actividad de la actual legislatura, en este primer mes de ejercicio, con el trámite de iniciativa preferente del ejecutivo federal sobre reforma laboral y la proximidad del cambio de gobierno, tal vez ha dejado un margen más estrecho para la negociación del reparto de la titularidad de las 51 comisiones ordinarias previstas en la ley para la cámara de diputados. Sin embargo, debe notarse que al rezago de la legislatura anterior se suman demandas e iniciativas que hasta hoy se han presentado, por lo menos de reforma educativa.

En lo que va de la presente legislatura se han presentado cinco iniciativas, cuatro de ellas sobre el tema de la obligatoriedad educativa y otra más sobre el problema de las cuotas escolares en los planteles de educación básica.

Una propuesta se refiere a la adecuación de la ley general de educación (LGE) a lo que ahora establece el artículo tercero constitucional sobre obligatoriedad de la educación media superior. Es lo que los legisladores llaman coherencia normativa, la cual no siempre está presente en el conjunto de leyes —recuérdese lo que ocurre en materia de financiamiento con el artículo 9Bis de la ley de ciencia y tecnología y el artículo 25 de la normatividad educativa.

La iniciativa corrió a cargo de la diputada Martha Edith Vital del partido Verde el pasado 11 de septiembre y sugiere incorporar el término media superior en los artículos tercero y cuarto de la LGE, los que establecen la responsabilidad del Estado y de los padres y tutores, sobre todo en previsión de la próxima aprobación del presupuesto.

Otra propuesta fue presentada por el diputado Vicario Portillo Martínez del PRD el 20 de septiembre e intenta prácticamente lo mismo: adecuar la LGE a lo que dice la constitución. La diferencia es que propone el término “bachillerato” en lugar de media superior y añadir el término a los artículos 9, 12 y 38 que también tienen disposiciones sobre los niveles educativos.

La sugerencia de reforma más reciente, del pasado 4 de octubre, es de la diputada Roxana Luna Porquillo del PRD y propone establecer en el artículo tercero constitucional y en la fracción VII del mismo artículo que la educación superior también sea gratuita, por lo menos las que “reciban recursos del Estado”.

También de la misma fecha y en el mismo sentido de la reforma anterior, el diputado Catalino Duarte Ortuño del PRD propuso una iniciativa parecida, sólo que añadió otras fracciones del artículo tercero constitucional y la modificación correspondiente en la LGE.

Las iniciativas se acumularán y como se ha hecho notar en ejercicios anteriores, la mayoría de propuestas no tienen la pretensión genuina de ser discutidas, simplemente quieren ser testimoniales de quienes las presentan. En la dimensión temporal de los legisladores, ya sería ocasión de establecer prioridades e intentar una convergencia con el tiempo real de sus representados.