Primero fue la labor para que los postularan como candidatos a legisladores, tanto mejor si aseguraban una buena posición en la lista plurinominal y lograban derribar a sus competidores de partido. Después, en la campaña, inundaron el espacio público con sus rostros sonrientes y nombres desconocidos. Hoy, aquellos que lograron sortear los obstáculos de los comicios, son nuestros representantes, integran la 62 legislatura y, a pesar de su distancia, tienen una responsabilidad ineludible.

La imagen de los legisladores siempre ha sido reveladora de la indiferencia que los separa de sus representados. Por más campañas mediáticas que han impulsado, no han logrado mejorar la idea que tiene el ciudadano de su trabajo. Los propios legisladores, contribuyen al deterioro de su imagen, es suficiente con seguir el curso de las iniciativas de ley, sus ausencias injustificadas, los sueldos que perciben, los periodos laborables, sus gastos de representación, los costos de sus obras o el derroche de recursos públicos que hacen. Ni hablar de su coherencia política, posiciones ideológicas o gustos extravangentes.

No es una mera especulación sobre la percepción pública acerca de los legisladores. La encuesta sobre el nivel de confianza de los ciudadanos acerca de las instituciones sociales y políticas que constituyen la base de la nación, realizada periódicamente por Consulta Mitofsky de Roy Campos, sistemáticamente muestra que los políticos y legisladores se encuentran entre los menos confiables.

La encuesta del año pasado indicaba que en el bloque de más bajo nivel de confianza estaban cinco instituciones: senadores, sindicatos, partidos políticos, diputados y policía. Todas las anteriores ocupaban la posición más baja del total de instituciones medidas: en una escala de 10 estaban abajo del seis. De hecho, senadores y diputados perdieron algunas décimas más respecto a la medición anterior. Y contando.

En las recientes elecciones federales, a diferencia de la calificación para la presidencia y salvo algunos casos menores, los legisladores no han tenido mayor problema para ser reconocidos como tales. Las diferentes fracciones parlamentarias ya nombraron a sus respectivos coordinadores, han celebrado su sesión constitutiva y perfilan la agenda del periodo. Ni la opinión pública, ni la impresentable trayectoria de algunos de sus integrantes parecen perturbarlos.

¿Podremos esperar algo positivo de la legislatura que inicia? Los resultados de las legislaturas anteriores y las opiniones de los ciudadanos no dan espacio para ser relativamente optimistas.

La composición de las fracciones parlamentarias en la legislatura actual tampoco es muy diferente de las anteriores (Enfoque. No 955). En el senado, de un total de 128, el PRI tiene 52 integrantes –es la fracción más numerosa, pero no alcanza la mayoría simple--, le sigue el PAN con 38, luego el PRD con 22, el Verde con 9, el PT con 5 y Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con un senador cada uno.

En la cámara de diputados, de un total de 500 integrantes, el PRI también es la primera minoría con 207, aunque no alcanza la mayoría simple, le sigue el PAN con 114, el PRD con 100, el Verde con 34, el PT con 18, Movimiento Ciudadano con 17 y Nueva Alianza con 10 diputados.

La distribución de fuerzas políticas en el Congreso, obligará a las fracciones a establecer negociaciones, alianzas e intercambios para la aprobación de iniciativas; es lo propio del trabajo legislativo. Sin embargo, los legisladores, como han dado muestras de sobra desde hace más de una década, han pensado más bien en el beneficio para su respectivo partido o en su bienestar personal, en lugar de la agenda comprometida. Seguramente en los días o semanas próximas vendrán ajustes en la composición de las fracciones, no tanto por congruencia política como por interés personal o de grupo.

En el mismo sentido se resolverá la integración de comisiones y la distribución de las respectivas presidencias. Una vez más veremos, como en la legislatura que acaba de concluir, la disputa por el control de los recursos y de asesores.

No obstante, los legisladores actuales son los que deberán resolver la agenda pendiente, aprobar el gasto público y proyectar el marco normativo de la nación. Sin duda han adquirido un poder creciente, pero hasta ahora no han asumido una plena responsabilidad como representantes de la nación, al menos no como institución.