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El foro consultivo
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 472 [2012-07-26]
 

La reforma de 1999 al marco normativo de la actividad científica y tecnológica —entonces llamada ley de fomento— fue uno de los cambios más profundos para regular y orientar al sector. Un elemento importante fue la creación de una instancia de contacto entre la comunidad de investigadores y los decisores. Hoy, tras poco más de una década de su puesta en operación, podría desempeñar un papel más decisivo.

En 1985, el énfasis de la ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico estaba puesto, como lo indicaba su título, en la incipiente tarea de “coordinar y promover” el sector. En esos años Conacyt estaba sectorizado a la ya desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto y sus facultades de coordinación eran muy limitadas.

Hacia el final de los años noventa, cuando parecía que en el ámbito académico ya se había arraigado el principio de evaluación del rendimiento, lo mismo que la idea de competitividad y afianzado las capacidades directivas del gobierno federal, se aprobó una nueva norma en mayo de 1999: la ley para el fomento de la investigación científica y tecnológica.

El acento de la entonces nueva ley estaba puesto en la tarea de “fomentar”. En su siete capítulos y casi medio centenar de artículos –casi el doble de la norma precedente— planteó importantes redefiniciones sobre los instrumentos para fomentar la actividad y también acerca el diseño de las políticas. Por ejemplo, en esa ley quedaron establecidos los convenios de desempeño para los centros públicos de investigación, la instauración de los fondos competitivos y nuevas instancias del sistema científico y tecnológico.

Una de las nuevas figuras que se establecieron, en la ley de 1999, fue la del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Definido, estrictamente, como un órgano autónomo de consulta del poder ejecutivo y con el objeto de “promover la expresión de la comunidad científica y tecnológica, así como de los sectores social y privado” en la formulación de pollíticas y los programas correspondientes (Artículo 23).

Por esas fechas comenzaba a tener resonancia la noción de políticas de Estado (y abandonar la idea de políticas gubernamentales), así como propuestas para abrir espacios de deliberación pública para los destinatarios de las políticas. En ese contexto prendió la iniciativa de instaurar la figura de un Foro, como espacio para escuchar las opiniones de los propios científicos.

Sin embargo, la integración del Foro se propuso con relativa ambiguedad, pues solamente se indicó que pertenecerían a él representantes de algunas organizaciones académicas (Anuies, el Consejo Consultivo de Ciencias, Adiat) y otras instituciones y personas relacionadas con la actividad.

Uno de los artículos transitorios de la ley de mayo de 1999 estableció que el Foro debía instalarse a los seis meses de promulgada la ley. El órgano se instaló, pero su funcionamiento fue relativamente azaroso y cuando estaba por establecer sus reglas y regularizarse se aprobó una nueva reforma a la normatividad científica.

La siguiente reforma, la del 2002, realizó un ajuste a la integración, funciones y nombre del órgano. Desde entonces se le denominó Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) –sustituyó lo de “permanente” por “consultivo”— y se precisó quienes serían los representantes de las organizaciones que formarían parte de él.

El Foro conservó la idea de ser un “órgano autónomo y permanente” del poder ejecutivo, pero extendió su función de consulta a dos instancias más: el Consejo General (el máximo órgano de la política científica) y a la junta de gobierno de Conacyt (artículo 36).

Además, también se especificó que estaría integrado por una mesa directiva de 17 personas: 14 representantes de organizaciones y 3 investigadores; ellos mismos eligen a su coordinador. Algunas de las organizaciones son las academias Mexicana de Ciencias, la Nacional de Medicina, la Mexicana de la Lengua, la Mexicana de Historia y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, también están la Anuies, la Adiat, la Concamin, el Nacional Agropecuario e insituciones edcuativas como la UNAM, el IPN y el Cinvestav.

La norma señala que los coordinadores del Foro serán electos por un periodo de dos años y pueden ser reelectos para otro más. El actual coordinador, Juan Pedro Laclette, desempeña esa función desde el 2008, ya cubrió ambos periodos, y este jueves 26 rendirá su informe correspondiente. Al balance y perspectivas iremos la próxima semana.


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